Ordenan captura y multa a miembros del Ejército por incumplir con traslado de Emilio Tapia a batallón

El proceso en el cual está involucrado Emilio Tapia atravesó un nuevo capítulo en la tarde del martes 22 de agosto de 2023. El juez Primero Promiscuo de Malambo, Franklin Bedoya, ordenó nuevamente que el excontratista sea trasladado al Batallón Militar Francisco Javier Vergara y Velasco, decisión que ya había sido radicada en junio del mismo año, a raíz de una solicitud que expidieron los familiares del exfuncionario.

La medida del juez Bedoya está basada en que algunos uniformados del Ejército Nacional no acataron la orden que se había expedido meses atrás, razón por la cual los miembros de la fuerza pública fueron “condenados” y multados.

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Los uniformados sindicados son el teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo, comandante del Batallón Militar Francisco Javier Vergara y Velasco, y el brigadier general Jaime Eduardo Torres, comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional.

Restrepo fue sancionado con tres días de arresto, en los que deberá permanecer recluido en la Estación de Policía de Malambo, además del pago de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, cifra equivalente a $5.800.000.

Por su parte, el brigadier general Torres fue sancionado únicamente con el pago de la misma multa que se le impuso a su compañero. Cabe resaltar que este proceso aún no se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que el juzgado Segundo Civil de Soledad (Atlántico) suspendió la medida por considerarla “imposible de cumplir”.

La determinación del juez Bedoya cuenta además con algunas inconsistencias debido a que en el Batallón Militar Francisco Javier Vergara y Velasco ya permanece recluida Aida Merlano. La exintegrante de la Cámara de Representantes ocupa el único lugar apto para civiles que pagan condena dentro de la guarnición militar, razón por la cual dicho lugar no estaría en condiciones suficientes para albergar a Tapia.

Además, en hechos registrados el 14 de julio de 2023, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla había revocado, además de que dejó sin efecto, los oficios en los cuales se ordenaba el traslado del empresario, que es reconocido como el zar de la contratación, desde la Penitenciaría El Bosque donde se encuentra recluido, a la guarnición militar ubicada en Malambo.

El argumento que expuso el órgano de control de la capital del Atlántico para revocar la solicitud, indicaba que “existe una ostensible violación de una orden judicial por una extralimitación de funciones del personal del Batallón de Ingenieros General Vergara y Velasco en Malambo”.

Esta decisión fue expedida por el procurador provincial de Barranquilla, Jorge Antonio Vásquez, que días después se declaró insubsistente en medio del proceso contra el empresario.

Por su parte, Iván Moreno, otro de los involucrados en el Carrusel de la Contratación, recibió una segunda condena de 13 años y nueve meses de prisión por estar relacionado en múltiples casos de soborno. Los hechos se registraron en medio de la entrega del contrato para la prestación del servicio de las ambulancias en la capital de la República.

El vínculo tenía un valor cercano a los 67 mil millones de pesos y el exsenador Ivan Moreno Rojas, según indicó el alto tribunal, solicitó millonarias sumas de dinero para hacer entrega del contrato.

El excongresista fue hallado responsable, por la Corte Suprema de Justicia de los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particular, además de haber sido acusado de ser determinador de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Moreno Rojas recibió la condena mientras permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, cumpliendo una condena de 14 años de prisión por el redireccionamiento de contratos por concepto de la malla vial y valorización de la capital de la República.