Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el senador Marco Rubio solicitó frenar y rechazar la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia solicitada por el Gobierno nacional para cumplir con su designación como gestor de paz.
Al respecto, el republicano y férreo opositor a las políticas de Gustavo Petro, envió una carta al fiscal General estadounidense, Merrick Garland, mediante la cual exigió denegar este y cualquier otro pedido de extradición que llegue desde Colombia para el regreso del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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“Mancuso, un infame narcotraficante y violador de derechos humanos, es un delincuente convicto en EE. UU. y Colombia y fue declarado culpable de más de 1.500 casos de asesinato y desapariciones forzadas en Colombia”, sostuvo Rubio en la misiva con fecha del miércoles 23 de agosto.
De paso, sostuvo ante el fiscal estadounidense que el objetivo de la administración Petro es que Mancuso Gómez llegue al país para, supuestamente, manejar unas conversaciones con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), reducto paramilitar de las AUC y considerado como “el cartel de la droga más grande del país″.
Para Rubio, el nombramiento del excomandante del Bloque Catatumbo de la antigua estructura paraestatal es “problemático, sobre todo porque ha sido condenado por tribunales federales de Estados Unidos por tráfico de drogas”, y señaló que en Colombia tiene procesos pendientes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
El lunes 14 de agosto el presidente Petro firmó la resolución 244 mediante la cual oficializó el nombramiento de Mancuso Gómez como gestor de paz del Gobierno. Dentro de los objetivos planteados, está el de avanzar en un plan de desarme colectivo de grupos criminales de alto impacto en el país. Dicha normativa también expresa que el gestor debe aportar al diseño de dichas estrategias con enfoque en las regiones donde centró su actividad ilícita.
Sobre el documento y las dudas sobre el ejercicio de esta vocería en libertad, altos funcionarios como el ministro de Justicia y el comisionado de Paz explicaron que, tan pronto llegue al país, el exparamilitar tendrá que responder por los procesos pendientes en la justicia ordinaria.
“Si están privados de la libertad, se solicita la suspensión de la orden de captura y no el desarrollo del proceso penal vigente. Siguen siendo sometidos a la investigación judicial o a la subordinación del juez de ejecución de penas y que cumplen unas tareas específicas en desarrollo de la construcción de la paz”, precisó Danilo Rueda ante la Corte Constitucional.
Sin embargo, Rubio alegó en la carta que “mientras se encuentra actualmente encarcelado en los Estados Unidos, aún no ha cumplido sentencia alguna por sus condenas en Colombia”. Por ello, solicitó declinar pedidos de extradición que lleguen de Colombia hasta que su nombramiento como gestor de paz sea revocado o “haya pruebas creíbles de que Mancuso cumplirá las penas impuestas por los tribunales colombianos”.
Al final de la misiva, el republicano lanzó un duro reparo al Gobierno Petro sobre la designación como gestor de paz del exparamilitar y un supuesto escenario en el que quede en libertad mientras cumple con los compromisos anunciados en la resolución.
“Permitir a Mancuso no solo caminar libre en Colombia, sino también representar al gobierno colombiano en las negociaciones con narcotraficantes trabajando actualmente para inundar nuestras comunidades con narcóticos, sería un insulto a los miles de colombianos que son víctimas de los crímenes de Mancuso”, concluyó el senador por el estado Florida.
Actualmente, es una incógnita el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, pues, por un lado, el Gobierno nacional insistió en la extradición a suelo cafetero; pero por el otro, un juez de Migración estadounidense negó su solicitud de permanencia en ese país.