En la zona rural del municipio de López de Micay, Cauca, se han desatado enfrentamientos intensos entre grupos armados ilegales, lo que ha resultado en el desplazamiento de todos los habitantes de un corregimiento.
Más de 190 familias del corregimiento de Nacional, perteneciente al consejo comunitario Integración Río Suárez, han sido afectadas por esta situación.
El alcalde local, Wanner Suárez, ha informado que los enfrentamientos entre diversas estructuras armadas han estado ocurriendo durante los últimos ocho días.
Esta serie de confrontaciones ha provocado una crisis humanitaria de tal magnitud que se ha convocado un comité de justicia transicional para abordar la situación.
En palabras del mandatario, “en este momento estamos atendiendo a las familias desplazadas en la cabecera municipal. Se ha establecido una ruta de atención que involucra a varias entidades, incluyendo la Unidad de Víctimas**”.
Tras los combates, las autoridades han confirmado el fallecimiento de tres individuos, supuestamente combatientes, cuyos cadáveres fueron llevados a Medicina Legal en Buenaventura, en el Valle del Cauca.
El alcalde no puede verificar la autenticidad de estas muertes debido a la falta de datos oficiales en el municipio o de instituciones que hayan accedido a la zona para confirmar estos eventos.
La Defensoría del Pueblo ha intervenido en este escenario alarmante. La delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Regional Pacífico han brindado acompañamiento y seguimiento en la activación de la ruta de emergencias para enfrentar desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento.
Estos incidentes se suman a la grave situación de seguridad en varios municipios del departamento, incluyendo Balboa, Corinto, Morales y Suárez, donde también se han reportado enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados.
En muchos de estos lugares, la población civil se ha encontrado en medio del fuego cruzado, exacerbando la ya compleja situación humanitaria.
Más de 28 mil desplazados por los enfrentamientos con el Clan del Golfo y el ELN en el Chocó
La Defensoría del Pueblo alertó sobres enfrentamientos entre el clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene una tensa situación de orden público en San Miguel, Medio San Juan, del departamento de Chocó.
El fuego cruzado ocasionó que el ELN impusiera un nuevo paro armado, apenas 13 días después de que iniciara el cese al fuego con el Gobierno nacional. “Rechazamos los enfrentamientos entre las AGC - Clan del Golfo y el ELN en San Miguel, Medio San Juan (Chocó), lo que generó un paro armado ordenado por ELN. Las comunidades están en riesgo de desplazamiento y confinamiento”, señaló la Defensoría.
Según comentó la entidad, a sus funcionarios han llegado varias denuncias de la comunidad que alertan por restricciones a la movilidad para fortalecer sus tropas contra miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con las que se han disputado las rutas del narcotráfico en el Chocó y el control del territorio.
Se presume que la orden del paro armado, que representaría una violación al acuerdo de cese al fuego, fue decretada por el frente de guerra occidental Omar Gómez, quien en las últimas horas emitió un comunicado informando de enfrentamientos con el grupo paramilitar.
También la restricción a la movilidad de la población civil en el municipio de Medio San Juan fue rechazado por la Defensoría del pueblo, quien destacó que ya envió un grupo para revisar las condiciones de la población. “Recordamos a los grupos armados ilegales que deben respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Hacemos presencia en la subregión del Medio San Juan y realizamos monitoreo de la situación. Una vez cesen las acciones y se pueda ingresar a la zona, nuestro equipo verificará derechos”, indicó la entidad.