Los gremios del país están alerta a los proyectos de reforma del Gobierno de Gustavo Petro, entre los que están laboral, pensional y de la salud. Por esto, insisten en espacios de diálogo para concertar las iniciativas y que estas no impacten de manera negativa la productividad del país, ya que, por lo menos, la laboral traería sobrecostos para las empresas y, tal como está, generaría la pérdida de cerca de 700.000 empleos formales a 2030.
Por eso vienen con discusiones desde 2022, incluso en la anterior legislatura, tanto con el Congreso de la República como con el Gobierno nacional sobre los riesgos, las preocupaciones y también, las bondades de algunos de los proyectos.
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De acuerdo con ellos, se buscan múltiples espacios para avanzar en esa conversación en la que insisten en que deben ser capaces de llegar a la construcción de acuerdos y no charlando por charlar, sino con un proceso de diálogo para concluir cosas, principalmente, sobre cuáles son las soluciones más efectivas para algunos de los problemas que están identificados.
Al respecto, el presidente del Consejo Gremial Nacional, Germán Arce, afirmó a Infobae Colombia que ese ejercicio se hizo en el primer semestre de este año con poco éxito, sin acuerdos, o sea, con pocos logros.
Arce, que junto a otros dirigentes se reunió con el presidente del Congreso de la República, Iván Name, para mostrarle las preocupaciones de los gremios al respecto, aseguró que esta legislatura se inició con la misma disposición de sentarse con todos los actores.
Anotó que con el congresista se habló en general de las reformas, sin entrar mucho en detalles, pero se le entregaron los documentos que ya se le habían entregado a los ponentes de los proyectos y a su equipo de trabajo, con la idea de mantener esa conversación abierta y participar en todos los espacios que el Legislativo les abra para seguir contribuyendo a esta discusión.
“Claramente, el Congreso es el actor principal en la definición de las reformas porque estas se definen a través del proceso democrático en este. Y abrimos esta conversación con el senador Name, que es un hombre experimentado en las leyes del Congreso y que tiene toda la voluntad de abrirle y garantizar espacios al empresariado para que participe en los debates. Sin embargo, la agenda arranca despacito, a baja marcha”, explicó.
Recordó que hay dos proyectos que superaron su primer debate en la legislatura pasada (reforma laboral y reforma pensional) y ahora se espera conocer los textos nuevos para avanzar en esta discusión. Por lo tanto, precisó que el presidente del Congreso se mostró muy generoso en su tiempo y su disposición a mantener esa conversación en los espacios que hay en la corporación, en los foros, en los distintos espacios que le permitan al sector empresarial aportar al debate, a aportar con números, cálculos, recomendaciones, críticas e ideas donde aplique.
Por eso, sobre la reunión con Name, Arce la calificó como importante y dijo que es parte de una serie de conversaciones que se tienen con los partidos políticos, tanto de Gobierno, como los declarados en independencia y partidos en oposición.
“La voluntad del Consejo Gremial es mantenerse activo en la discusión con el propósito de que a través de esa discusión podamos de nuevo construir consensos que ayuden a resolver los problemas a la ciudadanía, que es como al final del día se hace la medición del éxito de todas estas discusiones en torno a la reformas”, explicó.
Precisamente, el proyecto de reforma laboral, que es la que más preocupa a los gremios, no tiene concertación todavía y a Arce le llama la atención que el Gobierno anunció que tiene doce artículos nuevos, pero que todavía no se conocen.
Ante esto, dijo que los gremios enviaron señales para mostrar el interés que tienen de seguir o de participar en los espacios de discusión, pero eso todavía no ha ocurrido hasta el momento, así que insistirán en hacerlo por medio del Congreso, que es el que tiene el trámite.
Frente a este proyecto de ley anotó que hay una preocupación grande, muy de fondo, que está asociada a que la reforma no ataca el problema más grave que se tiene en el mercado laboral y es la alta tasa de informalidad, que en promedio está a nivel del 60%, es decir, que de cada 100 personas que trabajan 60 trabajan en la informalidad, o sea que no le aportan al sistema de seguridad social, no contribuyen al sistema de salud, no generan ningún tipo de protección a los riesgos laborales, no generan ningún tipo de ahorro para la vejez, que son partes esenciales del contrato laboral y de lo que en Colombia se define como formalidad.
“Cuando uno tiene 60 de cada 100 quiere decir que el problema grande está es en ese segmento de la población que no tiene capacidad de acceder al sistema y de contribuir, además al sistema de seguridad social que exigen y que reclaman todos los colombianos”, indicó.
Señaló que la reforma adolece de incentivos a la formalización y esa es una de las críticas más de fondo que hacen los gremios, con el agravante de que la estructura de algunas propuestas tiende a elevar los costos laborales y por ese camino, podría desincentivar el trabajo formal, es decir, que algunos ya no se puedan cubrir por los elevados costos asociados a las cargas que se le imponen a los empleadores, lo que es un ejemplo de muchos detalles que hay dentro de la reforma y por lo que se establece que es uno de los ejes fundamentales de la discusión.
Oportunidad para renovar el régimen laboral
Enfatizó en decir que no se puede perder la oportunidad que se tiene en frente de renovar el estatuto laboral o el régimen laboral, sobre todo, al resolver problemas crónicos y estructurales padecidos por décadas y están sin resolver creyendo que el más crítico de todos es el enorme nivel de informalidad laboral de Colombia y las consecuencias que eso tiene en la calidad del trabajo y en la calidad y la capacidad que se tiene de financiar el sistema de seguridad social, porque la principal fuente de ahorro de largo plazo y la principal fuente de financiamiento del sistema de salud es el trabajo formal.
Por supuesto, confirmó que esto puede tener un gran impacto en la productividad del país.
“Eso tiene un impacto en la productividad, en los costos de formalizar, en la capacidad que tenemos de reducir brechas sociales, en la capacidad que tenemos de financiar el sistema contributivo de salud, en la baja capacidad de generar ahorro para la vejez a los a los ciudadanos, es decir, es una cosa que encadena genera múltiples efectos y, por eso, es tan importante que en el debate nos centremos en qué problemas queremos resolver, teniendo en cuenta que son problemas de la sociedad y no problemas de un grupo de interés u otro, sino los problemas que tiene la ciudadanía y pensar en cuáles son las mejores soluciones para resolverlos”, remarcó.
También dijo que hay propuestas, algunas presentadas por universidades o por centros de pensamiento, como el Consejo Privado de Competitividad, donde están presentes esquemas que ayudan a flexibilizar esa noción de contrato laboral que se tiene y que permiten traer más gente a la fuerza laboral con el aporte en función de sus capacidades.
Además, agregó que en algunas discusiones técnicas hicieron el llamado a crear unidades de trabajo especial que permitan reconocer la realidad del trabajo de hoy y se concluyó que la realidad no solamente es la de la informalidad, sino también de las nuevas formas de trabajo, ya sea el uso de plataformas, el trabajo remoto, las modalidades de trabajo híbrido, de las personas que prestan sus servicios en el exterior y que no tienen capacidad de aportar en el sistema en Colombia, es decir, hay que entender que el trabajo no es el mismo trabajo de hace una década ni hace dos décadas y que los desafíos hacia adelante requieren un poco más de credibilidad y de flexibilidad a la hora de pensar qué estímulos se deben generar.
Reunión con Gustavo Petro
El 24 de agosto los gremios y el presidente Gustavo Petro tienen prevista una reunión para tratar varios asuntos y, sin duda, el proyecto de reforma laboral será uno de ellos.