Así defendió el Gobierno la ley de Paz Total en la Corte: “La Constitución no exige carácter político para iniciar conversaciones”

Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, y Néstor Osuna, ministro de Justicia, fueron los delegados del Gobierno nacional para defender la ley de Paz Total en la audiencia de la Corte Constitucional para estudiar demandas que buscan tumbarla. Los funcionarios reiteraron la necesidad de diálogos con estructuras de crimen de alto impacto y disidentes para lograr la pacificación total, pese a los cuestionamientos.

Rueda, quien es el encargado de ejecutar la norma, señaló que la prórroga a la ley de orden público conocida como Paz Total “no nace por un capricho político”, sino de los procesos adelantados con paramilitares en 2005 y con las Farc en 2016. Esos acuerdos, según el comisionado, lograron reducir a dos los conflictos en el país, pero al llegar el Gobierno de Gustavo Petro encontraron seis por lo que es necesario continuar con los esfuerzos.

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El alto comisionado sostuvo que el presidente tiene la facultad constitucional de dirigir el orden público y suscribir acuerdos con grupos irregulares independientemente de su caracterización. “La Constitución no exige que exista el carácter político para iniciar conversaciones con vocación de paz, el carácter político asociado a la conducta punible de la misma naturaleza es una condición pero para el acceso a beneficios como la amnistía reservados para grupos de ese origen”, señaló.

Según Rueda, el carácter político asociado a la conducta punible es una condición solamente para el acceso a beneficios como la amnistía a la que solo pueden acceder quienes sean reconocidos como rebeldes. “En esencia ese reconocimiento no puede afectar la facultad del presidente para el inicio de acercamientos, diálogos o conversaciones de paz”, aseguró el comisionado.

La Fiscalía, que estuvo representada por la vicefiscal Martha Mancera en la audiencia, difiere en parte con la postura del Gobierno nacional. Para el ente acusador, el carácter político es central porque de ese reconocimiento dependen los límites de los acercamientos, por ejemplo, en cuanto al acceso a un sistema de justicia transicional.

“El reconocimiento político es excepcional y la regla general debe ser un esquema específico de sometimiento a la justicia. Correr la línea de reconocimiento político para abarcar a grupos que nunca lo han tenido conlleva a tres riesgos: vaciar de contenido la diferenciación del legislador, desnaturalizar la estrategia de política criminal contra el crimen organizado y erosionar y tornar inaplicable el principio de legalidad”, señaló Mancera.

Según la vicefiscal, la Fiscalía ha “enfrentado diversos retos de interpretación jurídica” por la solicitud de suspensión de órdenes de captura porque consideran que solo tienen competencia para hacerlo sobre miembros de grupos reconocidos de carácter político. Las demás solicitudes deben quedar a decisión de los jueces de la República.

“No es procedente suspender órdenes de captura a favor de miembros de grupos organizados de alto impacto sin un marco legal de sometimiento a la justicia ordinaria”, reiteró Mancera. Un aspecto clave porque aún no se ha tramitado la ley del Gobierno nacional en ese sentido.

En el caso de las suspensiones de medidas de aseguramiento con las que se ha beneficiado a voceros de paz y fueron cuestionadas en las demandas, Rueda sostuvo que solamente se han aplicado en dos procesos con origen político y “no son más de 10 personas”. En cambio hay 82 facilitadores de paz, algunos detenidos por los que no se ha pedido su liberación y entre los que también se cuentan miembros de organizaciones humanitarias como la Iglesia Católica.

La procuradora Margarita Cabello también señaló que el carácter político es central para la articulación institucional en torno a los acercamientos de paz. Así mismo, señaló que hay vacíos en el reconocimiento de la calidad de vocero de paz, porque no se específica el vínculo que debe tener con la organización para, eventualmente, ser beneficiado con su excarcelación de ser el caso.

El ministro Néstor Osuna señaló que ya hay precedentes, como el proceso de desmovilización paramilitar que cobijó a las Autodefensas Unidas de Colombia con justicia transicional pese a que no tenían reconocimiento político. Así mismo sostuvo que la figura de los gestores no se creó con la Ley de Paz Total del actual gobierno, sino que los predecesores la utilizaron con las mismas consecuencias.

“Sí es posible que quepan medidas de justicia transicional para estructuras criminales que no tienen carácter político. De hecho, la ley de Justicia y Paz del 2005, aunque inicialmente se consideraba que las autodefensas tenían carácter político la Corte Constitucional negó que tuvieran carácter político, pese a lo cual la ley se siguió aplicando y nadie negaba la provisionalidad de la ley”, sostuvo Osuna.

El ministro de Justicia señaló que “el desmantelamiento de las organizaciones de alto impacto es necesario para la paz”, porque su existencia genera un reciclaje de violencias que no permite llevar al éxito los acuerdos con otros grupos. De hecho, el comisionado de Paz señaló que todos los grupos armados tienen actualmente desmovilizados de otros procesos, tanto con las Farc como los paramilitares.

Por eso, Rueda defendió también la posibilidad de negociar con disidentes. “El hecho de que unas personas se desmovilicen y luego se rearmen no impide que el Estado intente iniciar con ellos un nuevo ciclo de paz, lo que prohíbe el artículo transitorio 66 es que una persona reciba mecanismos transicionales dentro de un mismo ciclo, pero no le impide que en un nuevo ciclo se ofrezcan tratamientos que promuevan su desmovilización”, señaló.