A finales de junio que la Fiscalía General de la Nación tenía prácticamente lista la imputación de cargos contra 25 integrantes del Ejército Nacional por su participación en la cuestionada operación militar que se llevó a cabo en la vereda Alto Remanso del municipio Puerto Leguízamo (Putumayo) el 28 de mayo de 2022.
Un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales serán acusados de los delitos homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa debido a su presunta participación en el operativo que dejó 11 personas muertas y otras cinco heridas. Entre los fallecidos se encontraban al menos cinco personas que fueron presentadas posteriormente como bajas guerrilleras en combate.
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Si bien faltaba poco para la imputación, un recurso que busca que este caso sea abordado por la Justicia Penal Militar le puso freno. A pesar de esto, el fiscal Hugo Tovar, a cargo de esta investigación y jefe de la dirección del área especializada contra los derechos humanos del ente de control, aseguró en diálogo con Cambio que hay elementos clave para determinar que los militares indagados sí cometieron homicidio y la pesquisa continúe en la jurisdicción ordinaria.
En ese sentido, el delegado sostuvo que el operativo adelantado por efectivos del Ejército y la Armada constituyó graves violaciones a los derechos humanos que en su momento fueron conocidas por el medio citado, además del diario El Espectador y Vorágine.
En el ataque perpetrado en último año del gobierno de Iván Duque y mientras el ministerio de Defensa a cargo de Diego Molano se cometieron serias afectaciones al derecho internacional humanitario (DIH); la fuerza pública disparó en el bazar comunal sin tener en cuenta que dentro y fuera del salón estaban presentes mujeres, niños y personas de la tercera edad.
“El Ejército realizó una maniobra envolvente, disparando desde dos puntos opuestos”, sostuvo el fiscal ante la revista mencionada.
También determinó que, tras un examen a los rastros de sangre en las armas encontradas en el operativo, entre los muertos hubo civiles que no tenían vínculo alguno con alias Bruno, jefe de los Comandos de Frontera, objetivo de las Fuerzas Militares y principal argumento para llevar a cabo esta ofensiva.
La Fiscalía también dedujo que el gobernador indígena Pablo Paduro, también asesinado en medio del operativo, murió por un disparo proveniente de una de las armas de los uniformados. Además, encontraron que este no pudo accionar un arma debido al nivel de alcohol en su sangre y que, la pistola hallada junto a su cuerpo al lado del operativo fue puesta allí por el Ejército.
Así las cosas, la escena del crimen del gobernador indígena también habría sido alterada. “Tras el primer disparo del tirador de alta precisión se presenta una acción de disparos que trae como consecuencia la muerte de once personas, igualmente, resultan cinco personas heridas”, añadió el investigador.
Estas y otras conclusiones de las pesquisas organizadas por el ente de control serán conocidas en la audiencia de imputación, cuya fecha aún no está decidida. Aunque también detallaron que por la trayectoria y precisión de los disparos sí había presencia del Frente 48 de las disidencias de las antiguas Farc, pero también una violación a los principios de proporcionalidad, distinción y precaución amparados por el DIH.
Además del gobernador indígena Panduro Coquinche, máxima autoridad del resguardo Bajo Remanso; también murieron en el operativo el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda, Didier Hernández, y los civiles Ana María Sarrias (esposa Hernández), Jhon Jairo Silva, José Peña, Luis Guerrero, Enuar Ojeda, Alexander Peña, Brayan Santiago Pama, Oscar Silva y Rubén Peña.