Tras un año del Gobierno de Gustavo Petro, el sector del transporte de carga y logística se encuentra afectado de manera muy grave por el deterioro en materia de seguridad que ya tiene consecuencias preocupantes. La creciente ola de actos de terrorismo, secuestros, extorsiones, cobro de vacunas, hurtos, hostigamientos e intimidaciones en las carreteras nacionales genera un ambiente de temor y zozobra entre conductores y empresarios.
La advertencia la hizo la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), quien reveló un oscuro panorama. Esta aseguró que estos eventos ya ocasionan un aumento significativo en los costos operativos en el transporte de carga, dado que se hace necesario imponer restricciones en los horarios de tránsito y adoptar medidas adicionales para fortalecer la seguridad de los conductores, vehículos, cargas y mercancías que transportan.
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Adicional, el gremio aseguró que ya se presenta un elevado número de bloqueos en las vías nacionales y urbanas provocados por comunidades inconformes ante el incumplimiento de compromisos del Gobierno nacional, como del departamental y local en distintas regiones. Tanto así que hasta el 31 de julio se registraron más de 410 bloqueos. Los departamentos más afectados son La Guajira (49 casos), Magdalena, (48 casos) y Bolívar (34 casos).
Hurto en Modalidad de Piratería Terrestre
Según los datos proporcionados por la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), las pérdidas por casos de piratería terrestre durante el primer semestre de 2023 alcanzan los $6.347 millones. De los 58 casos reportados en dicho periodo, el 86% se dio por atraco, el 9% involucró suplantación de policías y el 5% suplantación de agentes de tránsito. Las mercancías más hurtadas comprendieron telas, dinero en efectivo y aluminio.
“Se ha identificado puntos críticos de hurto en modalidad de piratería terrestre en rutas cruciales tales como las que conectan a Antioquia, Santander, Norte de Santander y Bogotá con la costa Caribe. Los puntos críticos incluyen las vías Tarazá-Puerto Valdivia, Ocaña Santa Marta, y el tramo entre Curumaní y San Alberto, en el departamento del Cesar. También se han registrado incidentes en la ruta Fusagasugá - Bogotá, así como en las vías perimetrales de las principales ciudades y en la salida del puerto de Buenaventura”, señaló Colfecar.
Aunque se observa una disminución del 20% en la incidencia de este delito, el gremio insistió en que no coincide con la percepción de los usuarios en las vías, dada la dificultad de presentar las denuncias, debido a la falta de herramientas adecuadas para la presentación de las mismas.
Además, que la falta de una categorización específica para denunciar el hurto en modalidad de piratería terrestre en las plataformas digitales dificulta la correcta documentación de los casos, ya que muchos de ellos son registrados simplemente como “hurto” en lugar de “hurto por piratería terrestre”.
Los transportadores remarcaron que la principal problemática radica en que los procedimientos de registro y traslado de casos a instancias de investigación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) son lentos, lo que complica la presentación de denuncias en el momento oportuno mientras se está en la carretera.
Extorsión a empresarios
En cuanto a la extorsión a empresarios, Colfecar precisó que las estadísticas de la Policía Nacional indican que la extorsión creció 38% durante 2023 en comparación con el 2022. Con esto, el sector del transporte no quedó exento, debido a que se reciben numerosos reportes de empresarios que son víctimas de este delito.
Actos terroristas
Sobre los actos terroristas, puntualizó que en menos de dos meses se registraron tres explosiones de granadas en el centro de Cúcuta, lo que llevó a los conductores a evitar viajar a esta ciudad debido a las preocupaciones por la seguridad.
Debido a esto, Colfecar considera que esta situación es alarmante al considerar la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, la cual tenía el potencial de impulsar la economía de la capital de Norte de Santander. En esta región también se registraron incidentes de carros bomba y explosivos en lugares de descargue.
Otras regiones afectadas son las siguientes:
- Valle del Cauca: grupos ilegales siembran terror entre la población con anuncios, distribución de panfletos entre Bogotá y Cali. Así mismo, una empresa de transporte de pasajeros sufrió la incineración de cuatro autobuses y el ataque de uno de sus conductores.
Adicionalmente, se instalaron cilindros bomba en las carreteras del Cauca.
- Alto de la Línea, entre los departamentos de Quindío y Tolirna): es común que los vehículos sean saqueados bajo la modalidad de descuelgue con ocasión a la disminución de velocidad debido a los reductores en esta vía.
- Chocó: dos empresas de transporte de pasajeros fueron objeto de extorsiones que terminaron en la incineración de cinco autobuses como represalia.
Frente a los actos de incineración de vehículos, Colfecar reiteró las dificultades que presentan los propietarios de los vehículos de transporte de carga al momento de activar la póliza de terrorismo, por cuanto a que dicho trámite presenta una gran dificultad en su reclamación, toda vez que la aseguradora solicita la presentación de un certificado de la fuerza pública que certifique que los daños fueron ocasionados por grupos armados lo cual es un requisito imposible de cumplir, ya que en su mayoría ninguna autoridad lo expide.
Paro minero
Otra afectación tiene que ver con el paro minero que tuvo lugar el 1 marzo de 2023 y se extendió por más de un mes, pues el sector de transporte de carga se vio afectado de gran manera.
“A pesar de la organización de caravanas que escoltaban hasta 300 vehículos diarios, esta cantidad resultó ineficiente para la ruta Medellín-Costa Norte, donde normalmente circulan 1.000 vehículos al día. El enfoque no debería ser normalizar estos esquemas de acompañamiento, sino que el Gobierno debe garantizar el control territorial y la soberanía del Estado”, anotó Colfecar.
Además, añadió que se sumó a ello un escenario de fuego cruzado entre el Ejército y el Clan del Golfo, lo que generó pánico entre los usuarios de las vías. El saldo de este paro incluyó la incineración de 7 vehículos de carga, 2 autobuses, 6 unidades de maquinaria amarilla y un peaje en Tarazá.