Condenados dos integrantes del grupo delincuencial ‘Los de Rionegro’: se aprovechaban de sus cargos para robar información

Después de una investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, un juez de conocimiento de Bogotá encontró el material probatorio suficiente para condenar a María Camila Corredor Vargas y a John Marcos Morales Rubio, por ser parte de “Los de Rionegro”, una banda dedica a cobrar cheques y desfalcar cuentas bancarias con documentación falsificada.

Según constató el ente acusador, los dos señalados eran empleados de compañías de telefonía móvil, por lo que se aprovechaban de sus cargos para ingresar y vulnerar las bases de datos de clientes naturales y corporativos, que serían entregados a miembros de la red delincuencial para vaciar sus fondos en entidades bancarias.

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Según la Fiscalía, los datos entregados por Corredor Vargas y Morales Rubio sirvieron a otros miembros de la organización para realizar trámites y solicitar retiros, suplantando la identidad de los titulares de las cuentas. De hecho, informaciones anteriores corroboraron que solían pedir cheques para cobrarlos en efectivo en otra sucursal y así no levantar sospechas.

Ante la contundencia de las pruebas, los imputados aceptaron los cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, y violación de datos personales, como coautora y a título de dolo.

Además, María Camila Corredor Vargas fue sentenciada a 3 años y 3 meses de prisión, mientras que John Marcos Morales Rubio se enfrenta a una pena de 6 años y 8 meses de privación de la libertad. Sin embargo, en el segundo caso, un juez permitió que el hombre cumpla su condena en prisión domiciliaria.

Los investigados también obtuvieron un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con el que se comprometieron a cancelar una multa para reparar a las víctimas. En el caso de Corredor Vargas, deberá pagar 233 salarios mínimos legales mensuales vigentes; es decir, unos $270.280.000. Por su parte, Morales Rubio tendrá que responder por una sanción de 2.138 SMMLV, lo que representa más de 2.480 millones de pesos.

El juez del caso también remitió la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las empresas de telefonía móvil, con el fin de que se refuercen los sistemas de seguridad para la contratación y manejo de información sensible de sus clientes, que eviten estafas como las que ha propinado la banda “Los de Rionegro”.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, esta red criminal se encargaba de individualizar a sus víctimas, estudiando sus perfiles laborales e identificando a personas con altos cargos y responsabilidades financieras en diferentes empresas. Después, fabricaban documentos de identidad, firmas y sellos de entidades públicas y privadas falsas.

Otros miembros de la banda eran los encargados de hacerse pasar por representantes legales o gerentes de entidades para solicitar a diferentes entidades bancarias unas chequeras corporativas o hacer millonarios retiros sin ser detectados.

En mayo de 2023, las autoridades lograron capturar a otros cinco miembros de la banda criminal, que centraba sus operaciones en las ciudades de Bogotá y Barranquilla. A los sindicados se les imputaron los cargos de concierto para delinquir, estafa agravada, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, violación de datos personales, falsedad en documento privado, cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático en modalidad agravada y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones

Según información entregada por la Fiscalía en el momento de su captura, las personas fueron identificadas como:

• William Henry Trujillo Devia, alias Frijol, posible cabecilla encargado de identificar víctimas y contactar a personas para que cobraran los cheques obtenidos fraudulentamente.
• Cesar Arley Barreto Meneses, quien estaría a cargo de reclutar ciudadanos para hacer retiros o cobrar cheques.
• Nubia Alexandra García Alba, Luz Elena Sánchez Mora y Germán Julián Infante López, presuntos cobradores de los productos financieros.
• Boris Sánchez Escorcia, señalado de reclamar las chequeras tramitadas en medio de falsedades y engaños.
• Roy Antonny Tejedor Medina, investigador del CTI que, valiéndose de su cargo, habría realizado consultas para alertar a la red delincuencial sobre los procesos en su contra.