A través de la representante en Colombia del alto comisionado de Naciones Unidas, Juliette de Rivero, el organismo multilateral solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas de muerte contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Ballesteros Rodríguez.
Dicho llamado no solo fue extendido al ente de control liderado por Francisco Barbosa, sino a las demás autoridades del orden nacional y a la comunidad internacional para reforzar las medidas de seguridad de los funcionarios de esta entidad.
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El jueves 17 de agosto, la Unidad denunció estas intimidaciones contra Rodríguez, Daniel Elsaleh y Oswaldo Franco que llegaron vía correo electrónico. A cada uno fue dirigido un mensaje distinto, pero en todos mencionaron a familiares y personas cercanas a los funcionarios.
“Augusto no arriesgue la vida de su hija, sabemos donde estudia y los lugares que frecuenta. Daniel sabemos que vive en Suba, en su casa por Calatraba y dónde trabaja su esposa, le vamos a dar cuando llegue a su casa. Oswaldo, sabemos que vive en el Cortijo, siga sacando los perros al parque que ahí se va a morir”, se leyó en el mensaje que también fue referido por el presidente Gustavo Petro, quien rechazó dichas aseveraciones.
De hecho, en la noche del martes 7 de marzo se perpetró un atentado contra el director de la Unidad en el barrio Cuidad Montes, sur de Bogotá y cerca a su casa. En ese momento, Rodríguez volvía de recoger a su hija de la universidad cuando el vehículo en que se movilizaban fue interceptado por dos disparos de sujetos que se movilizaron en moto.
En un pronunciamiento posterior, la UNP manifestó que los atacantes intentaron neutralizar el esquema de protección, pero los integrantes de este reaccionaron de manera oportuna y frustraron el atentado. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo momentos después que en realidad se trató de un atraco.
Teniendo en cuenta ambos antecedentes, de Rivero pidió a la Fiscalía enfatizar en estas indagaciones, para lo cual se reunió con los asesores jurídico, disciplinario y el director de la Unidas para conocer en detalle las amenazas para exigir también a otras instancias internacionales reforzar este acompañamiento. De paso, respaldó la labor de esta dependencia.
“Apoyamos el trabajo que está haciendo la Unidad Nacional de Protección de limpieza de corrupción en la institución y mejorar los servicios para proteger a defensoras y defensores de derechos humanos de este país”, manifestó la representante de la ONU tras la reunión con los integrantes de la Unidad.
La respuesta de la Fiscalía
En la tarde del sábado 19 de agosto, el ente acusador sostuvo que desde el miércoles 16 del mismo mes el Grupo de Trabajo Nacional sobre Amenazas (Gtna) recibió la denuncia de una asesora de la unidad sobre las amenazas recibidas por correo y que, al respecto, solicitaron al Ministerio de Defensa “un refuerzo urgente” del esquema de seguridad del funcionario.
De paso, sostuvieron que dicha petición incluyó a los jefes de las oficinas de control interno y jurídico que también recibieron las intimidaciones por parte de sujetos aún por identificar.
Estos no fueron los únicos hechos recientes perpetrados contra trabajadores adscritos a la Unidad: en la noche del jueves 17 de agosto se registró en Pasto durante hechos confusos, un enfrentamiento entre integrantes de dicha entidad con agentes de la Sijín que previamente los habían abordado para una requisa de rutina.
Al ver que los escoltas iban a huir, los uniformados accionaron sus armas, iniciando así una balacera que dejó dos patrulleros heridos y un integrante de la UNP, identificado como José Manuel Rivas Medina, fallecido.
Ante el hecho, el secretario de Gobierno local, Carlos Bastidas sostuvo que los escoltas estaban haciendo labores de protección para una lideresa indígena de Ricaurte (Nariño) que se encontraba hospedada en un hotel del barrio Miraflores, al sur de Pasto. A su vez, sostuvo que hasta la fecha no recibió en su despacho el reporte de la Policía sobre las causas reales de la balacera.
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