Qué tan preparada está Colombia para enfrentar un terremoto

Expertos señalaron que dependiendo de la región del país se requiere mayor o menor cantidad de elementos estructurales. No es lo mismo construir en Leticia que hacerlo en La Mesa de los Santos

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Algunas casas en zonas rurales
Algunas casas en zonas rurales se vieron afectadas después del sismo del 17 de agosto del 2023. Foto: Redes sociales

Luego del sismo de magnitud 6,1 que generó zozobra en grandes ciudades y municipios del país, queda la inquietud de qué tanto está preparada Colombia para soportar un movimiento telúrico de más intensidad.

Los expertos señalan que las condiciones en cada región son diferentes para enfrentar este tipo de amenaza natural, pues dependiendo del tipo de suelo, la cantidad de pisos y otras variables, se requiere mayor o menor cantidad de elementos estructurales.

De acuerdo con Mauricio Ruiz, ingeniero civil y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, el país está dividido en tres zonas de amenaza sísmica. Ciudades como Bucaramanga, Quibdó, Cali, Cúcuta, Pasto, Popayán, Manizales, Pereira y Armenia están ubicadas en zonas de amenaza alta, mientras que otras capitales importantes, como Bogotá, Medellín, Ibagué y Montería tienen una amenaza intermedia. Por su parte, el Amazonas, el Caribe y los Llanos Orientales pertenecen en su mayoría a una zona de amenaza sísmica baja.

Por eso el experto que habló con Pesquisa Javeriana señaló que el 80% de la población colombiana está ubicada en zonas de amenaza sísmica alta o intermedia: “No es lo mismo construir en Leticia, Amazonas, donde es rarísimo que tiemble, a hacerlo en La Mesa de los Santos, Santander, que tiembla a diario”, resalta el experto.

El edificio Space en Medellín se cayó solo

Así mismo, Ruiz explicó que tan solo en Bogotá la informalidad en la construcción es de más del 60%.“Aunque lo hacen de la mejor manera que pueden, no suelen tener la evaluación de una curaduría o una revisión técnica por parte de un ingeniero, así que lo más probable es que no tengan todas las consideraciones de sismorresistencia”.

Añade que es más probable que un edificio alto en los Cerros Orientales resista mejor un sismo que uno en la carrera 30. En Bogotá, se estima que existen cerca de 8.000 hectáreas de construcción informal, de las cuales cerca de 1.800 fueron construidas entre 1990 y 2010. Las estimaciones indican que más de 2 millones de habitantes residen en estas construcciones informales.

Del mismo modo, Omar Darío Cardona, PhD. en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural, y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sustenta en la misma publicación que “es necesario analizar que, por ejemplo, el edificio Space en Medellín se cayó sin sismo, solo con el peso del mismo edificio. Ellos habían pasado por la curaduría que les dio la licencia de construcción, pero como nadie revisa la obra, ahí se está construyendo el desastre del futuro. ¿Cuánto de eso está ocurriendo en todo el país?”.

La ley que regula a los constructores es la NSR-10 (promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010). Esta contiene las normas sismorresistentes que garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar vidas humanas ante la ocurrencia de un terremoto en el país.

Por eso el Ingeniero Civil calculista Luis Hernando Ávila, de la compañía Ávila Ingenieros Ltda., expresó en Metro Cuadrado que algunas de las construcciones antiguas construidas antes del año 1998 pueden presentar graves problemas en sus estructuras debido a que en su mayoría no cuentan con las especificaciones sismorresistentes estipuladas en la Ley 400 de 1997 (norma previa a la de 2010) y la norma NSR-10.

Por eso recomienda que como comprador de una vivienda nueva se le debe solicitar al constructor como garantía, la licencia de construcción del predio, para verificar que está expedida correctamente y que se encuentra vigente. Además, las constructoras deben tener una interventoría durante el proceso de ejecución de la obra. Adicionalmente, el propietario al recibir el inmueble debe solicitar al constructor un reporte final a satisfacción de la interventoría sobre cómo se construyó la estructura de la obra.

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