Comida para perros, bebidas alcohólicas y cenas de lujo: Alcaldía de Daniel Quintero investigada por mal uso de la caja menor

Entre los gastos que serían objeto de la investigación estarían la compra de donas, perros calientes, cenas en reconocidos restaurantes, entre otros

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La Contraloría de Medellín investiga presunto despilfarro de fondos de caja menor por parte de la Alcaldía. Foto: Alcaldía de Medellín
La Contraloría de Medellín investiga presunto despilfarro de fondos de caja menor por parte de la Alcaldía. Foto: Alcaldía de Medellín

Un nuevo escándalo enfrenta al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien está siendo investigado por la Contraloría Distrital de la ciudad por la forma en la que ese despacho está invirtiendo el dinero de la caja menor de la Alcaldía. Además, el ente de control también señaló que no descarta el iniciar una actuación especial de fiscalización ante la posibilidad de tener algunas irregularidades.

Para la Contraloría, se debe analizar el uso de esos recursos públicos con detenimiento, luego de que se conociera el caso y se pusieran en tela de juicio varios de los gastos que ha hecho el gobierno local.

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La Alcaldía de Medellín está nuevamente envuelta en una polémica por el aparente “mal uso” que le ha dado a la caja menor, un fondo que es destinado a cubrir gastos menores y urgentes que no pueden ser atendidos por el presupuesto ordinario.

Según un informe de la Secretaría de Hacienda, entre enero y julio de 2023, el despacho del alcalde Daniel Quintero se gastó más de $185 millones en compras que van desde donas y perros calientes hasta cenas en alguno de los más lujosos restaurantes de la ciudad.

El informe, que fue solicitado por la Contraloría Distrital de Medellín tras recibir varias quejas ciudadanas, reveló que la Alcaldía realizó más de 1.000 compras con la caja menor, que equivalen a un promedio de $26 millones por mes. Entre los establecimientos donde se hicieron las compras se encuentran:

  • Dunkin Donuts: $12 millones en donas.
  • Dogger: $8 millones en perros calientes.
  • Pan Pa’ Ya: $6 millones en panadería y pastelería.
  • El Cielo: $4 millones en almuerzos y cenas de cocina molecular.
  • Florarte: $3 millones en flores y arreglos florales.

Además, se registraron compras en supermercados, tiendas de fruver, heladerías, cigarrerías, tiendas de mascotas y otros restaurantes como Kokoriko, Frisby, Crepes & Waffles, Il Forno, Asados La 80, Los Perritos y San Carbón.

También aparecen compras en establecimientos que están dedicados a la venta de empanadas, buñuelos y pastelería:

  • Mi Buñuelo: $43.000.
  • Cocorolló: $105.300.
  • La Miguería: $70.000.

En el caso del restaurante de alta cocina Okus, que está ubicado en sector de El Poblado, los contribuyentes le costearon una cena por valor de $717.035 a los funcionarios del piso 12 de La Alpujarra.

Otro de los restaurantes que entraron en el gasto de las arcas públicas fue Osaka Cocina Nikkei, en donde la cena tuvo un costo de $1.719.414.

Estos gastos contrastan con el discurso que siempre ha mantenido Quintero en cuanto a austeridad y transparencia, quien ha enfrentado varias polémicas y críticas por su gestión. El informe también señaló que la Alcaldía no ha publicado los soportes de las compras realizadas con la caja menor, lo que dificulta el control ciudadano y la rendición de cuentas.

Ante esta situación, el ente de control Distrital hizo el anuncio de que está investigando los gastos de la caja menor de la Alcaldía y que no descarta iniciar una actuación especial de fiscalización ante el riesgo de irregularidades.

La Contraloría también indicó que revisará las condiciones que llevaron a que el restaurante San Carbón iniciara un proceso de cobro prejurídico contra la Alcaldía por varios consumos registrados como “gastos de representación” que no habían sido saldados.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre esta investigación, pero fuentes cercanas al alcalde Quintero afirmaron que se trata de una campaña de desprestigio que tiene como origen a sus opositores políticos. Por su parte, varios concejales, líderes sociales y ciudadanos han expresado su indignación y su rechazo por el uso indebido de los recursos públicos.

Así mismo, la caja menor es considerado como un mecanismo legal que permite a las entidades públicas disponer de una suma de dinero específica para atender gastos menores y urgentes que no pueden ser cubiertos por el presupuesto ordinario. Sin embargo, su uso debe estar sujeto a unos principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia. Además, debe estar respaldado por unos soportes que justifiquen la necesidad y la finalidad del gasto.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se hace un cuestionamiento del uso de la caja menor en Colombia. En el 2020, se conoció que el Ministerio de Defensa había gastado más de $2.000 millones utilizando estos recursos, en los que se incluían compras de licores, cigarrillos, joyas y electrodomésticos. También se supo que la Presidencia de la República había usado la caja menor para pagar servicios de peluquería, spa y masajes para el entonces mandatario Iván Duque.

Para estos casos se hace énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia sobre el uso de la caja menor en las entidades públicas, así como de promover una cultura de ahorro y responsabilidad fiscal en los servidores públicos. De lo contrario, se corre el riesgo de que el dinero de los contribuyentes siga siendo malgastado en caprichos y antojos.

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