En medio de las alarmas que han emitido desde la Procuraduría General de la Nación sobre la poca vida útil que le queda al relleno sanitario Doña Juana de Bogotá, desde el distrito han tomado medidas que permitan asegurar el manejo adecuado de los residuos sólidos durante los próximos años.
Tras llevar a cabo una mesa de trabajo convocada por el órgano de control, desde el distrito se manifestó la necesidad de implementar un plan sólido que permita manejar los residuos en la capital del país. Inicialmente, las autoridades en Bogotá solicitaron extender el funcionamiento del relleno sanitario por un período adicional de 5 a 7 años, comenzando desde octubre de 2023.
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Sin embargo, ante la posibilidad de que se desate una crisis ambiental con respecto a la gestión de residuos, la Procuraduría extendió una solicitud de modificación en la licencia ambiental. Además, el órgano de control enfatizó en el incumplimiento de algunos indicadores de seguimiento y parámetros ambientales.
Aquellas infracciones habrían generado que la misma Procuraduría cuestionara al distrito sobre la efectividad de las fórmulas de actualización tarifaria que se diseñaron, en principio, como garantía del cumplimiento de las obligaciones. Con respecto a las alertas emitidas, el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, recalcó en la necesidad de que todos los actores involucrados cumplan tareas conjuntas para erradicar esta problemática.
Problema de vieja data
El funcionario además indicó que es necesario analizar las dos solicitudes de modificación de licencia ambiental que se radicaron para el relleno sanitario ante la incongruencia que existe en ellas. Cabe resaltar que las peticiones fueron interpuestas por Distrito Capital y el operador Consorcio CGR Doña Juana.
Ante ello, la Procuraduría General de la Nación instó a la CAR Cundinamarca a realizar una inspección al terreno, esto, en su papel de entidad encargada de hacer el seguimiento correspondiente a la licencia ambiental. De igual forma, el órgano de control le solicitó al Distrito, al operador y a la entidad interventora realizar una mesa de trabajo técnica que les permita establecer una hoja de ruta a corto plazo para adelantar las labores correspondientes.
La medida solicitada por la Procuraduría tiene el objetivo de que desde el distrito se garantice una adecuada gestión ambiental, además de los aspectos contractuales necesarios con respecto a las labores de disposición de residuos sólidos en la capital colombiana.
Cabe resaltar que el secretario Jurídico del Distrito, William Mendieta, explicó en conversación con Infobae Colombia que la concesión que maneja el relleno sanitario tendrá punto final cuando la cota de basura en el terreno alcance los 2.999 metros, hechos estimados a registrarse en el segundo semestre de 2024.
“Esta concesión se acaba cuando la cota llegue a los 2.999 metros. Las celdas que tiene Doña Juana en uso tienen una altura. Cuando esa altura llegue al metraje que acabo de indicar, ahí se acaba el contrato. ¿Y eso cuándo va a suceder según los cálculos de la interventoría? En el segundo semestre de 2024. Al ritmo de basuras que Bogotá está llevando al relleno, que son alrededor de 8.000 toneladas diarias, eso va a suceder en esa fecha”, indicó el secretario Jurídico del Distrito, William Mendieta, en conversación con Infobae Colombia.
Además, recientemente se conoció que la Veeduría Distrital solicitó al consorcio cumplir con la optimización del sistema de tratamientos de lixiviados. Estos elementos son el resultado del proceso de fermentación y descomposición de la materia orgánica como consecuencia de la filtración de agua.
Por ende, este tipo de residuo es catalogado como contaminante, razón por la cual es considerado como un peligro para el medio ambiente y la salud de los seres vivos. Es por ello, que la entidad distrital hace énfasis en que deben ser tratados de manera adecuada.