Presidente Petro atribuyó la oleada de violencia en el país al intento de hacer trizas el acuerdo de paz con las extintas FARC

En reacción a una publicación del senador Miguel Uribe del Centro Democrático, el mandatario aseguró que en la administración que lo antecedió hubo una proliferación de los grupos armados ilegales

El presidente Petro reaccionó a una publicación del senador Miguel Uribe que criticó que en 380 municipios hay riesgo extremo y alto de cara a las elecciones regionales de octubre. (Colprensa)

La oleada de violencia que está padeciendo el país en el último semestre por cuenta de la arremetida violenta de los grupos al margen de la ley, y por la que ya se contabiliza un alto número de miembros de la Fuerza Pública que han resultado muertos, sería la consecuencia de intentar boicotear el proceso de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, según expresó el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, en su cuenta oficial de la red social X, cuando reaccionó a una publicación del congresista Miguel Uribe.

“Exactamente senador. Santos nos dejó el país bastante pacificado con un ELN reducido, un Clan reducido y sin disidencias; y ¿adivine que pasó?: Alguien decidió hacer trizas la paz (sic)”, publicó en la noche del martes 15 de agosto.

El jefe de Estado respondió así a un trino del político opositor del Partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, donde cuestionó la complicada situación de orden público en Colombia tras unas declaraciones del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien afirmó que hay 380 municipios con riesgo alto y extremo de cara a las elecciones regionales que se realizarán en octubre.

De hecho, el titular de ese organismo estatal que trabaja en la defensa de los Derechos Humanos, se reunió a puerta cerrada, el mismo martes, con el mandatario para tratar el tema de la violencia que azota a las regiones.

“En eso hemos coincidido con el presidente de la República; en el marco del cese al fuego bilateral, lo más importante, lo más prioritario y preponderante debe ser dejar por fuera de cualquier afectación en sus derechos a la población civil”, indicó Camargo al término de la reunión.

Al respecto el congresista Miguel Uribe trinó: “Regreso al pasado (sic)”. A lo que Petro reiteró que por el intento de la administración presidencial anterior de ‘sabotear’ el proceso con el desaparecido grupo insurgente, hubo una proliferación de esas organizaciones en el territorio nacional.

“Usted senador decidió apoyar su gobierno y nos entregaron un ELN cuatro veces más grande, un Clan del golfo en 24 departamentos y con mucho poder dentro del estado y disidencias que casi reconstituyen los espacios armados de las farc. Por eso, senador, no hay que hacer trizas la paz (sic)”, añadió el jefe de Estado.

La controversia en la mencionada red social se da justo cuando se conoció el más reciente balance de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, que si bien destacó como positivo el leve descenso en la muerte de líderes sociales en el país, también mostró preocupación por el aumento en las masacres.

De acuerdo con el más reciente informe se esa entidad, en el primer semestre de este año se redujeron en un 19 % los crímenes en contra de estas personas que representan a sus comunidades o trabajan por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Lo que contrasta con el incremento del 11 % en los homicidios múltiples.

Esta oficina verificó 46 casos de homicidio de personas defensoras (39 hombres y 7 mujeres), aunque recibió 113 denuncias de asesinatos, mientras que registró 52 masacres (en total recibió 63 alegaciones) con 168 víctimas (124 hombres, 25 mujeres, 16 niños y 3 niñas).

En el semestre anterior, esta oficina registró 57 asesinatos de líderes sociales, por lo que se produjeron 11 casos menos, lo que “es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, criticó De Rivero.

Además, alertó por una posible expansión territorial de grupos armados ilegales en varias regiones del país, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.