Por irregularidades en contrato por 27.000 millones Aníbal Gaviria es investigado por la Procuraduría

Además del Gobernador de Antioquia, el ente de control también investigará a los secretarios de Infraestructura en 2020 y 2021, a la supervisora del contrato de interventoría y al director de Asomura

Guardar
El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, deberá responderle a la Procuraduría por irregularidades en contratos para el mejoramiento de vías terciarias. Foto: Archivo
El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, deberá responderle a la Procuraduría por irregularidades en contratos para el mejoramiento de vías terciarias. Foto: Archivo

El actual gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria deberá enfrentar una nueva investigación, por presuntas irregularidades en un contrato por 22.700 millones de pesos, que fue firmado para la intervención y el mejoramiento de vías terciarias ubicadas al occidente del departamento y que, al parecer, habría sido ejecutado con dineros de regalías.

El ministerio público pudo evidenciar que, además, varias de las vías que fueron intervenidas quedaron inconclusas, hubo fallas en los estudios topográficos y los diseños hidráulicos que se hicieron previos a la obra; también se evidenció que hubo condiciones técnicas diferentes a las que se especificaron en la propuesta inicial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Así mismo, el Ministerio Público encontró “insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual e incumplimientos por parte del interventor, porque no habría advertido sobre dichas inconsistencias”.

Del mismo modo, por este contrato también están siendo investigados los secretarios de Infraestructura de Antioquia en 2020 y 2021, Juan Pablo López y Santiago Sierra Latorre. Además, del director de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), en calidad de ejecutora, al contratista Sigma Construcciones, ya que no se tuvieron en cuenta las requerimientos de ley para la contratación pública.

La división de la Procuraduría General de la Nación encargada de llevar a cabo la investigación es el Grupo Especial de Seguimiento a Regalías que evidenció las presuntas deficiencias en los estudios topográficos y los diseños hidráulicos que se realizaron previos a la ejecución de la obra.

Tres gobernadores más están siendo investigados por la Procuraduría

El ente de control también abrió investigación en contra de tres gobernadores más, entre los que están el de Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar, por presuntas fallas en la ejecución presupuestal y física de varios proyectos que fueron financiados con recursos provenientes de regalías, por un valor de $88.065 millones.

Al igual que en el caso del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, los otros mandatarios investigados es por proyectos presuntamente inconclusos y, también, están relacionados con infraestructura vial, y de emprendimientos agrícolas.

“El incumplimiento de normas, el mal manejo de recursos públicos y otras irregularidades, como la falta de planeación en los proyectos de inversión pública, pueden comprometer la responsabilidad disciplinaria de los servicios públicos”, manifestó John Harvey Pinzón, procurador delegado para seguimiento a regalías.

El ente de control se encuentra en la etapa de recopilación de pruebas con las entidades responsables de la aprobación y ejecución de los proyectos, para tener acceso a todos los documentos y los testimonios necesarios que permitan determinar cuál es la responsabilidad de cada gobernador dentro de la investigación.

El contrato más cuestionado en el departamento del Huila, tiene que ver con el cuestionado proyecto de la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía que conecta a los municipios de San Marcos y Acevedo, y que está por un valor de $18.215 millones.

Aparte del gobernador Dussán, también se encuentran involucrados en la investigación a la actual secretaria de Vías e Infraestructura, y al secretario de Planeación y el interventor.

En cuanto al proyecto por el que es investigado el gobernador de Guainía y el representante legal de la compañía interventora tiene relación con la construcción de dos puentes vehiculares por un valor de $16.150 millones, en el municipio de Inírida.

Dicho contrato, tiene más de un año de retraso en su ejecución y fue denunciado por las comunidades indígenas de la región, por las constantes demoras y por haber sido adjudicado al polémico empresario Winston Hernández, quien actuó en representación legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.

Así mismo, por las denuncias sobre el abandono de la obra y el evidente mal estado de la vía Inírida-Caño Pato, la Procuraduría Regional Guainía dio inició a la indagación preliminar el pasado 10 de mayo de 2022.

Además, del mandatario de Guainía, también se encuentran investigados el secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y la secretaria de Educación departamentales, por el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas de los departamentos de Guaviare y Meta.

Guardar