El tiempo le dio la razón: justicia de EE. UU. corroboró la denuncia del ingeniero Jorge Enrique Pizano sobre la corrupción de Odebrecht

Jorge Enrique Pizano fue quien denunció irregularidades y supuestos sobornos en un proyecto de construcción vial, la Ruta del Sol II, en el que participaron consorcios colombianos y la empresa Odebrecht de Brasil, entre 2010 y 2014. Y la justicia de los Estados Unidos terminó dándole la razón, pues corroboró sus señalamientos sobre actos de corrupción en esta megaobra.

Hace cinco años, se hicieron públicas las grabaciones de las conversaciones entre Pizano y Néstor Humberto Martínez, que en ese entonces brindaba asesoramiento legal al Grupo Aval, antes de ser designado como fiscal General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

En agosto de 2018, Pizano, que se desempeñaba como controller en la Ruta del Sol II, compartió grabaciones de diálogos ocurridos tres años antes con Martínez, en las cuales se evidenciaba que tenía conocimiento de las irregularidades y sobornos relacionados con Odebrecht.

Las capturas de pantalla de conversaciones y las grabaciones generaron controversia, ya que Martínez llegó a ser fiscal general, otorgándole la autoridad para investigar o encubrir la responsabilidad de los Sarmiento Angulo, propietarios del conglomerado empresarial Grupo Aval y, por ende, sus antiguos jefes.

Dentro de los documentos confidenciales proporcionados por Pizano a Noticias Uno, bajo la condición de mantenerlos en secreto hasta que obtuviera protección en el extranjero o falleciera, se incluyeron grabaciones de audio que demostraban que informó a Martínez sobre todas las irregularidades de Odebrecht en Colombia a partir de mediados de 2015, respaldando sus afirmaciones con pruebas documentales.

Sin embargo, ni Martínez ni Corficolombiana, firma socia de la firma brasileña en el proyecto Ruta del Sol II, tomaron medidas adecuadas en respuesta. En lugar de ello, Pizano fue despedido dos años después (2017) y en noviembre de 2018 falleció, según el dictamen de Medicina Legal, por causas naturales.

Durante la conversación entre Pizano y Martínez, este último acababa de dejar su puesto en el superministerio del gobierno de Juan Manuel Santos y estaba iniciando su campaña para postularse como fiscal. Cuando escuchó las revelaciones del ingeniero fallecido, lo hizo como representante legal de Corficolombiana.

Una vez que Martínez asumió el cargo de fiscal general, el abogado no divulgó públicamente la extensión de su conocimiento sobre el caso en ese momento para declararse impedido en el caso y que se otorgara un fiscal ad hoc.

El ingeniero habló antes de morir con el medio mencionado y destacó que todas sus reuniones con Néstor Martínez habían sido “perfectamente documentadas” y en cuando a los giros de la empresa colombiana y la brasileña hacia Estados Unidos, comentó: “En los giros detectados, no por mí, sino por el gerente contractual designado por el consorcio constructor, se detectaron pagos de giros en el exterior”.

En el presente año, 2023, el Grupo Aval y Corporación Financiera Colombiana S.A. emitieron un comunicado conjunto en el que declararon: “Al subscribir estas resoluciones, Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”.

Según revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tanto Corficolombiana como Odebrecht llevaron a cabo pagos indebidos a funcionarios de los gobiernos Uribe y Santos, así como a miembros del poder judicial, con el propósito de sobornarlos, con el fin de obtener una prórroga del contratob de la Ruta del Sol II.

La Securities and Exchange Commission (SEC), comúnmente conocida como la SEC, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de valores y regular la industria de valores, los mercados financieros y las bolsas de valores. Fueron ellos quienes dieron a conocer todo el proceso legal en contra de la empresa perteneciente a Sarmiento.

En consecuencia, entre 2012 y 2015, Corficolombiana efectuó pagos de al menos $28 millones de dólares en sobornos, contando con el conocimiento, aprobación y colaboración del expresidente de la compañía, José Elías Melo.

Según lo determinado por la SEC, los pagos ilícitos efectuados por la empresa generaron un importante beneficio financiero de aproximadamente $32 millones de dólares para el Grupo Aval. Por lo tanto, el emisor como Corficolombiana tendrán que pagar multas de 40 y 20 millones de dólares, respectivamente.

De hecho, el presidente Gustavo Petro presentó el lunes 14 de agosto en su cuenta de X (Twitter) información sobre un presunto soborno de 3.4 millones de dólares efectuado por el Grupo Aval a un funcionario del gobierno Santos. Según Petro, este pago estaría relacionado con un contrato de estabilidad jurídica que redujo la tasa de impuesto de renta del 35% alrededor del 1%.

El presidente Petro indicó que es importante investigar los funcionarios involucrados en acuerdos de estabilidad jurídica en los gobiernos, y destacó que ya había mencionado nombres específicos durante un debate en el Senado.