Tarifas de energía subirán hasta 8% aseguran gremios

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el decreto de emergencia de La Guajira, las preocupaciones crecieron en varios gremios. A través de un comunicado, las nueve asociaciones que firmaron la misiva para el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, detallaron que el impacto que tendrá el Decreto 1276 de 2023 que establecería un nuevo régimen tarifario diferencial en el departamento.

“Nos permitimos plantear algunas consideraciones e impactos estimados de la implementación de las medidas establecidas en el decreto”, se lee en la carta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

En primera instancia, los gremios reconocieron la importancia del departamento para Colombia pues explicaron que la transición energética ha asegurado y concentrado a muchas compañías grandes esfuerzos e inversiones. Lo anterior ha ayudado a superar el alcance energético y de obligaciones, para apoyar al Estado en su labor de garantizar la cobertura de las necesidades básicas.

De esta manera, hacen un llamado urgente por la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía, porque permitiría ampliar la oferta eléctrica del país, como también la creación de nuevos empleos. La atracción de nuevas inversiones llegarían a incrementar las condiciones de propseridad de la región, las que fueron calificadas como “un polo de riqueza en los años por venir”.

En la misiva se expresa la preocupación por el denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, con esta medida el recaudo obligatario es de $1.000 por factura para usuarios de estratos 4, 5 y 6. Como también, se realiza un cobro de $5.000 para usuarios comerciales e industriales.

En cuánto al incremento de tarifas de energía, aseguraron que a causa de la suspensión de unos contratos adjudicados entre 2019 y 2021, se generarán incrementos en las tarifas de gran parte de los usuarios de la región, que estarín entre un 3 % y 8 %.

“Este incremento representa, hasta diciembre próximo, mayores costos para cerca de 16 millones de hogares del país, incluyendo los de La Guajira, cercanos a los 170.000 millones de pesos mensuales”.

Según el documento, la medida exige una carga adicional a los usuarios, lo que contradice el acuerdo que se había llegado por la justicia tarifaria, que pretendía generar alivios en las facturas de electricidad de todos los colombianos. “Este aporte ocasiona riesgos de aumento de cartera para los comercializadores, que se suman a las dificultades financieras antes mencionadas por los saldos acumulados de la opción tarifaria”, se lee en la carta.

Por otro lado, durante la misiva las asociaciones afirman que existen algunas medidas que tomó el decreto y que no son “conexas, ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica”.

Es allí donde los gremios pronunciaron que la mayoría de las disposiciones causan un impacto negativo, específicamente en los usuarios. En el cargo por confiabilidad, la afectación estaría a largo plazo debido a “injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”.

El viernes 11 de agosto compareció al Palacio de Justicia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para argumentar la necesidad de declarar el “Estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira”.

En la intervención del mandatario, ante los magistrados de la Corte Constitucional, inició diciendo que La Guajira “es uno de los territorios excluidos del país” y aseguró que es una de las regiones más pobres en Colombia. Por 25 minutos, el presidente explicó por qué es necesario que el alto tribunal avale esa medida para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos guajiros, sobre todo los que hacen parte a la comunidad indígena wayú.

En la audiencia pública, el jefe de Estado hizo un análisis de cómo, durante años, ese departamento ha visto amplios índices de desnutrición, mortalidad y problemas, como falta de agua potable. Aseguró, además, que varias de las difíciles situaciones que viven los colombianos en La Guajira las evidenció luego de que despachó desde allí junto a sus ministros.