Inició la contienda electoral por las gobernaciones, alcaldías y concejos del país y desde ya advierten posibles casos de trashumancia electoral en al menos 12 departamentos del país. En varias zonas, las inscripciones de cédulas habrían aumentado en más de un 300%, según señalaron entidades como la Registraduría Nacional, la MOE y la Procuraduría General de la Nación.
Los departamentos que se encuentran en alerta las masivas inscripciones los lideran Boyacá y Santander, con cuatro reportes cada uno. La lista la completan los departamentos de Tolima, La Guajira, Cauca, Nariño, Putumayo, Casanare, Vaupés, Guainía, Amazonas y Antioquia.
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Uno de los casos que más llaman la atención se presenta en el municipio de Santa Cruz Guachavés, en el departamento de Nariño. Según las estadísticas, en ese territorio que está habitado principalmente por hogares indígenas, existían 368 personas habilitadas para votar en las elecciones de 2019, pero para estas elecciones se han inscrito unos 1.432 documentos, lo que representa un incremento del 389%.
Un caso similar sucede en el departamento de La Guajira, específicamente en el municipio de La Jagua del Pilar, donde la MOE mantiene la alerta por inscripción exagerada de cédulas en los últimos meses. De hecho, según las elecciones de 2019, en esa zona solo estaban habilitadas 307 personas para votar, mientras que las inscripciones de documentos para las elecciones de octubre de 2023 ya superan los 1.100 registros, es decir, un incremento de más del 350%.
Estas alertas se suman a las anunciadas en los últimos días por la Procuraduría General de la Nación, que emitió un informe con al menos 27.891 casos de personas que inscribieron su documento en una zona con la que no tendrían ningún tipo de relación. Según denunció la Margarita Cabello, después de un trabajo de investigación, sus números de identificación no aparecen en ninguna base de datos de los municipios en los que inscribieron su cédula.
Los presuntos casos de trashumancia denunciados por el ente de control se concentraron en ciudades capitales, principalmente. “Dentro de nuestra vigilancia preventiva identificamos que los municipios con mayor número de ciudadanos que no corresponden a las bases de datos del municipio son: Bogotá (3.786), Cúcuta (1.251), Medellín (995), Ibagué (899) y Barranquilla (878 casos)”, señaló la procuradora.
Ante las reveladoras cifras, desde la Registraduría se informó que todos los casos se están remitiendo al Consejo Nacional Electoral, quienes tienen la responsabilidad de identificar y reportar los delitos electorales que se presenten en el país. “Esas variaciones que se están dando en algunos municipios respecto al período de inscripción de hace cuatro años se envían al CNE para que esta entidad se encargue de hacer la investigación, tomar decisiones y, si es el caso, revocar las instrucciones de ciudadanos que estarían realizando trashumancia”, resaltó la entidad.
Como medida de vigilancia, desde la Procuraduría también se iniciaron acciones para verificar la procedencia de al menos 1.739.105 ciudadanos que ya inscribieron sus cédulas para las próximas elecciones. El órgano de control pidió a las autoridades que se revise si su lugar de residencia corresponde al de votación, a través de la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (BDUA) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN).
Las autoridades señalan que la trashumancia electoral, es decir, la inscripción del documento en un municipio o departamento distinto al que reside y mantiene vínculos laborales, también conocido como “trasteo de votos”, está tipificado como un delito en Código Penal Colombiano. De igual forma, advierten que aquellos que sean identificados cometiendo este fraude, pueden enfrentarse a penas privativas de la libertad de cuatro a nueve años.