En la vereda Nansalvi-La Unión, zona rural de Magui Payan en Nariño, se registró un triste hecho cuando los campesinos Wilson Angulo Quiñones y Felipe Apolinar Valencia Angulo activaron por accidente un artefacto explosivo.
El alcalde de la población, Alejandro Quiñones, se pronunció sobre el hecho y afirmó que este el panorama para las comunidades aledañas al río Patía es preocupante por la presencia de minas antipersona, ya que en los primeros ocho meses del 2023 se han registrado tres accidentes graves con la comunidad campesina.
Según el mandatario, los dos campesinos heridos estaban saliendo de su jornada laboral cuando cayeron en el campo minado. Uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, donde le fueron amputadas sus extremidades inferiores, y el segundo está bajo pronóstico reservado.
Los trabajadores fueron trasladados por vía aérea, gracias al apoyo del defensor del pueblo regional Pacífico, Jair Mena, y de la Fuerza de Tarea Hércules quienes luego de conocer el incidente pusieron a disposición una aeronave para sacar del lugar a los dos heridos y ser enviados a un centro asistencial en Tumaco, en donde recibieron atención médica.
Para el alcalde es importante que el Gobierno autorice un desminado humanitario en la zona del Telembí, para evitar la muerte de civiles o que resulten mutilados por culpa de los artefactos no convencionales.
Líderes sociales también se pronunciaron frente al caso y afirmaron que los grupos armados ilegales continúan usando este tipo de artefactos no convencionales para evitar la llegada de las autoridades, arriesgando la vida de los campesinos y afrodescendientes.
En lo corrido del 2023, se registran más de 10 incidentes con minas antipersonales en la región del Pacífico, principalmente en el Alto Mira y frontera, donde los habitantes están atrapados por los campos minados.
¿Cuáles son las regiones en Colombia con más víctimas antipersona?
En mayo del 2023, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) lanzó una alterna por las afectaciones que han causado las minas antipersona en los últimos meses en su territorio.
“En lo corrido del año hemos denunciado 6 víctimas Awá de minas antipersona, uno de ellos falleció. En varios Resguardos indígenas, especialmente, en El Gran Sábalo, la instalación de minas antipersona se ha convertido en un flagelo constante y un peligro de muerte para cualquier persona que camina por la selva. Este desequilibrio en el territorio afecta nuestras formas propias de vida, la armonía y la tranquilidad de las comunidades”, afirmaron en un comunicado.
En esta misma línea, el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, alertó que en el primer trimestre del 2023 se registraron 73 víctimas por estos artefactos explosivos y entregó un listado de los departamentos más afectados:
- Nariño: 20 víctimas.
- Antioquia: 18 víctimas.
- Cauca: 9 víctimas.
- Norte de Santander.
- Putumayo.
- Bolívar.
- Chocó.
- Arauca.
“(...) Las consecuencias humanitarias no son únicamente para las víctimas directas, es decir, las personas que sufren los accidentes por la detonación de los artefactos explosivos, también existen otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento, el confinamiento, el bloqueo al acceso a los bienes y servicios, la dificultad para poder acceder a la caza, la pesca, al agua”, detalló la Cruz Roja en Colombia.
Y añadió: “No consideramos que la problemática del uso y abandono de artefactos explosivos esté disminuyendo en Colombia, aunque las cifras de las víctimas en comparación con el año anterior sean menores, no significa que no haya otras consecuencias humanitarias”.
Otras cifras para tener en cuenta
En el 2022 se registró un total de 515 víctimas de minas antipersona en el país, de estos, 56 fallecieron. Los departamentos más perjudicados fueron: Cauca, Antioquia, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Meta.
La Defensoría del Pueblo afirmó que la siembra de minas antipersonal ha generado graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, señaló: “No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto”.
Reiteró el llamado a los grupos ilegales en la nación a respetar la vida e integridad de la ciudadanía y a cumplir con las normas del DIH, que prohíben el uso de este tipo de armamento. Y concluyó solicitando al Gobierno nacional para que se acelere la labor en los territorios que permita cumplir el compromiso adquirido en el marco de la Convención de Ottawa, de ser un país libre de minas a finales del 2025.
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