El CNE adelanta investigaciones por las aparentes violaciones en los topes de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro

Ahora la entidad revisa con cuidado si hubo violación en los topes en cuanto a desplazamientos aéreos y el pago a testigos electorales

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta una investigación por las aparentes violaciones a los topes de gastos de la campaña Gustavo Petro. Foto AFP
El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta una investigación por las aparentes violaciones a los topes de gastos de la campaña Gustavo Petro. Foto AFP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso bajo la lupa los gastos de los desplazamientos aéreos y el pago a testigos electorales, que al parecer no fue reportado durante la campaña de primera y segunda vuelta del actual presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el portal Cuentas Claras del CNE, los gastos por los vuelos y desplazamientos aéreos del entonces candidato Gustavo Petro fueron en primera vuelta, $4.155 millones, mientras que en segunda fue de $1.330 millones. Sin embargo, esas cuentas están bajo vigilancia estricta desde junio pasado, cuando quien fuera embajador en Venezuela Armando Benedetti admitió que sus constantes vuelos para desplazarse fuera de ese país eran prestados por la misma empresa que transportaba al hoy presidente.

Benedetti dijo que los encargados de sus desplazamientos “eran amigos de la campaña y yo les pido a veces el favor que me lleven y me traigan, y le toca a uno pagar güevonadas ahí de mantenimiento”.

Según informó el medio El Colombiano, en primera vuelta, de los $4.155 millones que la campaña gastó en vuelos, más de la mitad ($2.770 millones), se le pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi). En segunda vuelta, de los $1.330 millones gastados, $799 millones (el 60%), fueron para esa misma empresa.

Por eso, una de las pruebas que ordenó el CNE, es que la DIAN proporcione información de la facturación electrónica de la empresa Sadi, sumado a una solicitud a la Aerocivil sobre los permisos de vuelo otorgados, precisando horas de vuelo y bitácoras de viaje.

Pago a los testigos electorales

Del mismo modo, el CNE revisa con cuidado si el pago a los testigos electorales fue reportado o no. Precisamente el portal La Silla Vacía había alertado alertó por vacíos en los reportes presentados por Ricardo Roa, quien fuera el gerente de la campaña, y hoy es el presidente de Ecopetrol.

El Pacto Histórico inscribió a 71.000 testigos en la primera vuelta y a 83.000 para la segunda, una cifra sin precedentes en una campaña presidencial. Todos tuvieron la tarea principal de tomar fotos a los formularios E-14 (en los que se registra la votación) y enviarlas por una aplicación diseñada por la campaña para que en Bogotá pudieran hacer un conteo paralelo de los votos y alertar sobre alguna irregularidad, señala el medio anunciado.

Así mismo, el CNE solicitó la información exógena (operaciones o transacciones con terceros, reportadas por la persona Jurídica o Persona Natural en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian) de Ricardo Roa.

También la firma colombiana de contadores públicos Nexia Montes y Asociados S.A.S. fue inspeccionada el 11 de agosto del 2023. De acuerdo con la resolución, la inspección ocular se hará para tener información específica de los movimientos financieros de la campaña presidencial del Pacto Histórico en la primera y segunda vuelta.

Las dudas sobre los gastos de la campaña

En primera vuelta, el Pacto Histórico reportó gastos por $28.384 millones, es decir, $152 millones por debajo del monto máximo permitido, fijado por el CNE en $28.536 millones. Por otro lado, para segunda vuelta, los gastos ascendieron a $13.199 millones, ubicándose $148 millones por debajo del límite estipulado para esa fase electoral ($13.347 millones).

La investigación sobre los recursos de la campaña presidencial del Pacto Histórico inició tras el escándalo de dineros que habría recibido Nicolás Petro de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo de Alfonso, el ‘Turco’, Hisalca; y de Óscar Camacho, un empresario cucuteño, para tal fin.

La Fiscalía señaló que estos montos no fueron reportados ante el CNE y además habrían superado los topes establecidos por la ley.

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