En mañana del viernes 11 de agosto, el presidente Gustavo Petro se refirió en sus redes sociales a la multa que la justicia de Estados Unidos le impuso a la empresa del grupo Aval por la complicidad con Odebecht.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “Desde la superintendencia de industria y comercio hasta la fiscalía se dedicaron a dejar sin justicia el caso Odebrecht por defender los intereses particulares del grupo Aval. Hasta la multa les quitaron”.
Entre líneas seguidas, el jefe de Estado dejó un interrogante a la decisión de la justicia de Estados Unidos de cerrar las investigaciones contra Corficolombiana y el Grupo Aval por supuestos sobornos recibidos a Odebrecht por la licitación de la Ruta del Sol II: “Un momento de reflexión para nuestros órganos de control. ¿es más poderoso el dinero que la justicia?”, escribió.
Las reacciones no se hicieron esperar, una de ellas estuvo a cargo de la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, quien sostuvo en sus redes sociales que: “Y sí, el presidente Gustavo Petro siempre tuvo razón sobre las relaciones del grupo Aval y Odebrecht”, junto con una foto de un trino del mandatario colombiano en enero del 2019, donde se hacía referencia a este caso.
“De acuerdo con las confesiones en el caso Odebrecht, el grupo Aval es una plataforma de lavado de activos y corrupción. El abogado del grupo Aval es el actual Fiscal general y busca desesperadamente su impunidad. Los sobornados son la cúpula uribista santista y liberal”.
EE. UU. cerró investigación de Odebrecht
De acuerdo con la decisión proferida por el Departamento de Justicia del país norteamericano, no se levantaron cargos contra los accionistas, directivos ni empleados de las dos empresas. Sin embargo, tanto el emisor como Corficolombiana tendrán que pagar multas de 40 y 20 millones de dólares, respectivamente.
Concretamente, las agencias que lideraron las pesquisas contra las dos compañías determinaron que ni los integrantes de la familia Sarmiento (dueña del Grupo Aval) o sus directivos tuvieron conocimiento de lo acordado entre la multinacional brasileña y José Elías Melo Acosta, entonces presidente de Corficolombiana sobre el tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II.
Esto porque, según la decisión proferida por el tribunal estadounidense, hubo una “responsabilidad objetiva” sobre las violaciones a las disposiciones de contabilidad y controles internos tanto en el emisor como en su filial.
“Hoy acusamos al conglomerado colombiano Grupo Aval S.A. y su filial bancaria por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Grupo Aval acordó pagar 40 millones —de dólares— para liquidar los cargos”, precisó la comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).
Así las cosas, la SEC también señaló en la decisión que la filial, a través de su expresidente y en conjunto con el socio de la empresa conjunta, sobornaron a funcionarios del Gobierno colombiano para obtener una prórroga al contrato de la obra Ruta del Sol II, tramo Ocaña-Gamarra. “Al menos 28 millones —de dólares— en pagos ilícitos, se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, mencionó la Comisión en un pronunciamiento oficial.
“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, mencionó Charles Cain, jefe de la unidad de la Fcpa (Ley de prácticas corruptas en el extranjero) en el comunicado hecho por la SEC.
Sin embargo, la justicia estadounidense aclaró que no encontró en el Grupo Aval y en su empresa filial intenciones de cometer actos de corrupción y soborno, toda vez que no hubo un conocimiento de sus directivas ni sus máximos accionistas. Así las cosas, no presentarán cargos ni serán adelantadas acciones legales contra las dos compañías.
Esta decisión fue tomada por Estados Unidos cinco años después del inicio de las pesquisas. También quedó argumentada en el hecho de que el Grupo Aval cotiza en la bolsa de Nueva York, por lo que está regido por las leyes de ese país en materia de posibles actos de corrupción y soborno.
Por su parte, las empresas colombianas detallaron en un comunicado que, a través de una resolución suscrita, reconocieron responsabilidad debido al actuar del Melo, ahora expresidente de Corficolombiana y que fue condenado en 2019 a 11 años y nueve meses de cárcel por los delitos interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.