Luego de duros encontrones entre el jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro Urrego, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, los dos se reunieron hacia el mediodía del viernes 11 de agosto. Al encuentro asistieron únicamente Petro y Barbosa, duró menos de una hora y no se conocen mayores detalles de lo que conversaron.
La reunión se dio en la Casa de Nariño y tuvo como fin discutir los planes de estructuras armadas para acabar con la vida del jefe del ente investigador. Esas denuncias fueron hechas por la misma Fiscalía colombiana.
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Aunque el canciller de la República, Álvaro Leyva, calificó ese presunto plan violento como “una bomba contra el proceso de paz con el ELN”, fuentes confirmaron que el mandatario de todos los colombianos buscará evaluar las medidas de seguridad para el responsable del mayor órgano investigador del país.
Desde la Casa de Nariño informaron a Infobae Colombia que no tenían mayores detalles del encuentro entre el presidente y el fiscal. Adicionalmente, a tempranas horas de este viernes, Barbosa había dicho que Petro no se había comunicado con él. Incluso, hizo responsable al Gobierno nacional de cualquier afectación que pueda sufrir, producto de las supuestas amenazas en su contra.
“Yo asumo los riesgos propios de mi cargo y desde ningún punto de vista suspendo mis actividades como fiscal general de la Nación, pero necesito un grado de cooperación con el Gobierno nacional, que no estoy encontrando, y que ponen en riesgo la vida mía, la vida de mis allegados y la vida de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía”, sentenció el fiscal en diálogo con la emisora Caracol Radio.
En su gira de medios, Francisco Barbosa denunció falta de apoyo institucional frente plan que el ELN estaría fraguando para borrarlo del mapa.
Aunque esa guerrilla desmintió querer asesinar al funcionario, el fiscal parece no estar tranquilo con las labores que desde el Ejecutivo están desarrollando para cuidarlo a él, a su familia y a sus subalternos del ente acusador.
Así lo puso de manifiesto, recientemente, en diálogo con la prensa, cuando arremetió contra el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien calificó de “miserable” y lo acusó de ponerle una lápida a su cabeza al decir, en diálogo con RTVC Noticias, que las denuncias de Barbosa podían ser consideradas como “un saboteo” a los diálogos de paz con el ELN.
A esos dichos, en entrevista con Semana, Barbosa respondió diciendo que las palabras del comisionado de paz “desconocen la institucionalidad y validan irresponsablemente lo expresado por el ELN”.
La Fiscalía General asegura que hay miles y cientos de hipótesis sobre el atentado contra Barbosa. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la información que les habrían entregado fuentes de inteligencia militar de las Fuerzas Militares y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que dicen tener todo el material probatorio para corroborar que el ELN sí quiere matar al fiscal.
“Según la información de estas fuentes, en julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN. En dicho país, se estaría realizando una capacitación a integrantes de ese grupo armado organizado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias ‘el Rolo’, cabecilla de un frente urbano del ELN”, informó la Fiscalía esta semana en un comunicado.
Aunque el fiscal ha dicho que no tiene el respaldo del Gobierno Petro, al otro día que se conocieron las denuncias el ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como la Cúpula Militar, se reunieron con él para expresarle el apoyo del Ejecutivo y fraguar alianzas que permitan conservar su vida e integridad.
“Le expresamos al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del Gobierno, la reafirmación de la voluntad del Gobierno por dar toda la protección requerida al señor fiscal general”, anunció el jefe de cartera tras el encuentro con Barbosa.
No obstante, el ministro Velásquez aseguró que, desde la cartera, están evaluando la veracidad de las fuentes que dice tener el ente acusador colombiano y “la determinación de la credibilidad, de la veracidad de las posibilidades efectivas de que este hecho sea una acción probable, o también como puede ser otra de las hipótesis de enemigos del proceso de paz”, explicó Velásquez.