Habitantes de Alto Baudó, Chocó, recibieron ayuda humanitaria por confinamiento en el territorio

La presencia y enfrentamientos de grupos armados ilegales ha llevado a que casi 500 personas eviten salir de sus hogares

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Casi 500 familias requirieron de ayuda humanitaria por confinamiento. Foto: Unidad para las víctimas.
Casi 500 familias requirieron de ayuda humanitaria por confinamiento. Foto: Unidad para las víctimas.

Los habitantes de Alto Baudó (Chocó) recibieron ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas debido a la condición de confinamiento en la que se encuentran. Pues, casi 500 familias han tenido que resguardarse en sus hogares debido a la presencia de grupos armados ilegales y a enfrentamientos entre ellos.

En total, 18 comunidades del municipio, situado en el valle del río Baudó, se beneficiaron con 45 toneladas de comida transportadas en una embarcación. Así, 495 familias del territorio tendrán garantizada su alimentación.

En febrero de 2023, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos ya había prendido las alarmas por la situación de confinamiento que se vive en el municipio, la cual afecta a las comunidades indígenas de la zona. Pues, para entonces más de 700 personas integrantes de comunidades étnicas ya estaban enfrentando esta problemática, específicamente, en zona rural del corregimiento de Santa María de Condoto.

“Urgimos al Estado atender y proteger a población. Exhortamos a actores armados no estatales a respetar DDHH y DIH”, señaló la Oficina de la ONU en Colombia en su cuenta de Twitter.

El personero de Alto Baudó, Eriberto Andrade, en diálogo con W Radio, aseguró entonces que en el municipio la restricción extrema a la movilidad ya estaba afectando a 3.000 personas, lo que equivale a más de 780 familias.

De acuerdo con Andrade, en el municipio hay presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Clan del Golfo. “Ese miedo ha permitido que las comunidades a hoy estén en confinamiento”, manifestó el funcionario para el medio citado.

La Unidad para las víctimas ha indemnizado a más de 72.000 personas desde que empezó la administración de Petro. Foto: Unidad para las Víctimas.
La Unidad para las víctimas ha indemnizado a más de 72.000 personas desde que empezó la administración de Petro. Foto: Unidad para las Víctimas.

Los grupos armados ilegales también estarían utilizando escuelas y otros lugares para esconderse en medio de los enfrentamientos que han tenido. Esta conducta significa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Ante la situación, el funcionario aseguró que, para dicho momento, el municipio no había recibido apoyo por parte del Gobierno nacional.

Confinamiento en el Bajo Cauca Antioqueño

El Alto Baudó no ha sido el único lugar afectado por el confinamiento, en el Bajo Cauca Antioqueño hay 33 veredas, ubicadas en el municipio de Cáceres, que enfrentan la problemática.

La presencia de grupos armados ilegales ha generado que cerca de 1.000 familias tengan que permanecer en sus casas por miedo a las acciones de las estructuras.

“Además de reiterar el llamado a las estructuras criminales a que dejen al margen de sus acciones a la población civil, como Defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, según informó Semana.

Debido a esto, los habitantes de las zonas afectadas han pedido atención y apoyo por parte del Gobierno nacional para que los grupos armados que delinquen en el nororiente del departamento (disidencias de las Farc, Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Clan del Golfo y el ELN) puedan estar en las mesas de negociación de paz. Pues, debido al confinamiento, las familias están pasando hambre y todo tipo de dificultades, pero no se atreven a denunciar por miedo a posibles retaliaciones que puedan presentarse en su contra.

“La comunidad le apuesta a la paz y al proceso que viene adelantando el Gobierno Nacional con distintos grupos armados; en ese orden de ideas, solicitan que estas organizaciones ilegales, las mismas que están generando afectaciones, sean incluidas en las negociaciones de paz. Sin embargo, aclaran que no son voceros de ninguna de ellas, al tiempo que rechazan la presencia de cualquier actor armado en la región”, señaló el Defensor del Pueblo, de acuerdo con el medio citado.

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