Contraloría alertó por riesgo fiscal que afectaría la vinculación laboral de madres y padres comunitarios del ICBF

La Contraloría General de la República alertó por posible riesgo presupuestal que afectaría la vinculación de al rededor de 40.000 madres y padres comunitarios del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF).

De acuerdo con la investigación que adelantó el ente de control, se evidenció una falta de control en la supervisión de contratos de madres y padres comunitarios con operadores a cargo del ICBF.

La Contraloría indicó que dicha supervisión se limita a un control netamente administrativo y no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.

Además, encontró inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los 40 billones de pesos, lo que puede conllevar a pérdidas en el recurso público.

Las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI, ascienden a una suma superior a los 9 billones de pesos.

Frente a los anuncios del Gobierno Nacional, respecto de procesos de normalización de la vinculación laboral de madres y padres comunitarios en la planta del ICBF, la Contraloría hizo un llamado al ICBF para que cumpla con la realización de estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven a la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40.000 madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria.

De igual manera, solicitó se adelanten los estudios que determinen el impacto fiscal de los subsidios de subsistencia para ex madres y padres comunitarios y sustitutos, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

En las proyecciones realizadas por la Contraloría se observó que se podría presentar un impacto fiscal en el presupuesto del ICBF, de aproximadamente 1 billón de pesos adicionales en cada vigencia, sin tener en cuenta los subsidios de subsistencia, sobre los cuales el ente de control no tiene certeza, por no existir estudios técnicos y económicos por parte de la entidad.

Con el fin de evaluar el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores comunitarios, la Contraloría realizó un estudio técnico y financiero en la planta de personal de la entidad.

El estudio sectorial concluyó que la mayoría de las madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad de atención a la primera infancia, a través de operadores, esperan tener una mejora en sus condiciones laborales.

De acuerdo con 1.755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios, los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a:

• Contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores, para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión.
• Reconocimiento del Bono Pensional de Vejez, para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión.
• Aumento salarial, ya que en la actualidad devengan 1 salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia, y pago de horas extras.
• Dotación de uso personal y para el hogar comunitario.
• Reconocimiento de subsidios para el pago de arriendos, para aquellas madres y padres comunitarios que hacen uso de su lugar de habitación para la atención del hogar comunitario.
• Acceso a herramientas tecnológicas, para cumplir con los reportes requeridos por el operador, los cuales son requeridos en medios digitales.
• Mejoramiento y optimización de la infraestructura física de hogares comunitarios.