En marzo pasado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, oficialmente lanzó el proceso de licitación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. El objetivo de este proyecto es descontaminar y tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha.
Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por el Ministerio de Hacienda, ya que, según López, no se ha otorgado la contragarantía necesaria para la realización del proyecto.
Recientemente, salió a la luz una carta en la que la alcaldesa directamente solicitaba financiamiento del gobierno nacional para la construcción de la planta de tratamiento, porque el proyecto enfrenta dificultades.
El Ministerio de Hacienda exige al Distrito una contragarantía del 130% del total del crédito en recursos líquidos y fácilmente realizables. Esto implicaría que el presupuesto destinado al crédito no sería de $600 millones de dólares, sino de $780 millones de dólares.
En la carta, se destaca que esta exigencia pone en riesgo la viabilidad de la planta y dificulta la realización de grandes proyectos de infraestructura que requieren un flujo constante de recursos a largo plazo.
La alcaldesa solicitó una revisión de las condiciones establecidas en la Resolución 4778 de 2019, que es la que estableció los términos para la aprobación del proyecto.
Además, mencionó que presentó dos contragarantías adicionales. La primera consiste en un activo relacionado con el sistema de alcantarillado que llevará el agua a tratar a la PTAR Canoas. La segunda implica las acciones del Grupo Energía de Bogotá, valuadas en hasta $616.671 millones.
En cuanto al problema de la contaminación del río Bogotá, la Contraloría de Bogotá ha realizado 22 auditorías de control fiscal desde el año 2000, que han arrojado hallazgos por un total de $480 mil millones. Esto se refiere a los recursos que deberían haberse invertido en la recuperación del río.
Durante un foro en la Contraloría General de la República, el contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz, calificó la situación del río como una tragedia ambiental y financiera.
Según un estudio de la Contraloría en 2020, la recuperación del río Bogotá podría costar alrededor de $10.5 billones. Además, otro estudio hecho en 2014, basado en un análisis de la Cepal, sugiere que los efectos negativos de la contaminación del río podrían alcanzar los $135 billones anuales.
El contralor destacó cómo esta contaminación ha tenido un impacto negativo en el turismo, desarrollo agroindustrial, empleo y otros aspectos económicos y sociológicos.
La Contraloría Distrital reafirmó su compromiso de llevar a cabo un control fiscal riguroso sobre los recursos destinados a la recuperación del río, con el fin de asegurar su transparencia y eficiencia.
Tribunal de Cundinamarca frenó la licitación del proyecto de tratamiento de aguas de Bogotá
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó la licitación del proyecto Ptar Canoas. Esta planta de tratamiento está pensada para descontaminar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las del municipio de Soacha.
A finales de marzo se abrió el proceso de preselección de las firmas que podrían presentarse a la licitación; para la fecha, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que no tenía la garantía de la Nación para acceder a gestionar la financiación con la banca multilateral.
Esta fue una de las razones que el Tribunal tomó en cuenta para frenar la licitación. Además, el órgano judicial mencionó que la EAAB modificó el convenio que se firmó en 2019, donde se cerró el acuerdo financiero con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
“Luego de firmado dicho convenio, la Empresa de Acueducto de Bogotá, desde 2020 y hasta hoy, ha efectuado variaciones sustanciales a la propuesta original”, dice el documento expedido por el despacho.
La construcción de la planta tienen un valor de $4,5 billones, en un inicio se pensaba que estaría terminada para el año 2026. Pero según el Tribunal estará lista en más de 10 años y no se toma como una solución pronta para enfrentar el daño ambiental que tienen el río Bogotá.
“La EAAB cambió su parecer técnico respecto a la construcción de la Ptar Canoas en dos fases funcionales, y de múltiples formas de construirla en una sola fase plena, con horizonte de entrada en operación, a hoy, más allá del año 2035″, menciona el documento.
Por ahora se debe retomar la estructuración técnica del proyecto para garantizar dos fases funcionales antes de abrir una licitación. Cuando se cumpla con esta obligación, el Ministerio de Hacienda debe comprometerse para dar el aval de la Nación para que la EEAB obtenga un crédito por 600 millones de dólares de la Banca Multilateral.
El despacho también mencionó que la CAR debe evitar girar los recursos del 50% de la sobretasa ambiental del impuesto predial que se acordó dentro del proyecto como vigencias futuras “hasta tanto no inicie la construcción de la primera fase de tratamiento primario”.
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