Petro anula decreto de esquemas de seguridad que firmó Duque: estos son los cambios

En 2022, antes del término del gobierno de Iván Duque, el expresidente emitió el decreto 1064 de 2022, en el cual determinó que los exfuncionarios que hubiesen formado parte del Consejo de Seguridad Nacional desde la promulgación del decreto serían considerados individuos de riesgo extraordinario o extremo. Como consecuencia, se estableció la obligación de asegurar su seguridad a través de esquemas proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En su momento, ese texto ocasionó debate, ya que otorgaría la protección de manera anticipada por aproximadamente cuatro años sin un análisis previo de su estado de seguridad, incluso se podría prolongar aún más. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció que revocará esa disposición.

Ahora, el mandatario, a un año de Gobierno, cumplió con lo que había advertido, ya que emitió un decreto que revocó dos puntos, el 11 y 13, y volvió a la asignación de esquemas de seguridad bajo los criterios establecidos por el Decreto 1066 de 2015. Esta nueva determinación, firmada por el presidente el 2 de agosto y anunciada recientemente, busca establecer criterios más rigurosos para la asignación de dichas protecciones.

Bajo esta nueva directriz, Petro eliminó los apartados que garantizaban automáticamente el esquema de seguridad a los funcionarios involucrados en extradiciones o miembros del Consejo Nacional de Seguridad.

Con la firma de Petro en el Decreto 1285 de 2023, a estos funcionarios se les podría retirar el esquema: “Se deberá realizar una revaluación del nivel del riesgo de estas personas, para determinar si subsiste un nivel de riesgo extraordinario o extremo y en tal caso, asignarles las medidas de protección ajustadas a las disposiciones vigentes”.

El decreto también resalta que a pesar de que algunos funcionarios públicos puedan ofrecer orientación en cuestiones de seguridad y extradición, es el presidente de la República quien toma las decisiones definitivas. Como resultado, al concluir su mandato, se asegura la protección de por vida para el presidente saliente.

En el mismo sentido, se señala que la inclusión de la categoría de líder religioso en el decreto de protección no es necesaria, ya que estos pueden ser categorizados como “líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, líderes de comunidades étnicas, entre otros”, y ya están contemplados en preceptos previos.

El decreto también establece un régimen de transición en el que se otorgan 10 días hábiles a la UNP para reevaluar el nivel de riesgo de las personas que ya no están incluidas en el decreto de protección. En caso de que persista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, se les asignarán medidas de protección ajustadas a las disposiciones vigentes.

Cabe resaltar que en el decreto que firmó el mandatario enfatiza sobre las funciones de la UNP: “La Unidad Nacional de Protección, estableciéndose, como objetivo principal, el de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a aquellas personas que determine el Gobierno nacional”.

Por otro lado, si se determina que no existe peligro para sus vidas, se procederá a retirarles el esquema que se les otorgó con base en los criterios del gobierno anterior. Es importante destacar que la aplicación de este decreto es inmediata.