JEP excluyó a cerca de tres mil personas por no cumplir con mínimos necesarios para entrar al tribunal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció durante el martes 8 de agosto la exclusión definitiva de 2.772 personas que habían solicitado su ingreso al tribunal, pero que no reunieron los requisitos mínimos para acceder a este.

A través de un pronunciamiento, la Sala de Definición inadmitió a dichos solicitantes por no cumplir con los requisitos básicos de competencia que exigen la entidad. El mayor porcentaje de peticiones rechazadas corresponde a 1.750 sujetos que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otras estructuras al margen de la ley que no hacen parte de la competencia personal, temporal o material de la JEP.

Concretamente, varios de los exparamilitares presentaron sus solicitudes por fuera de los tiempos estipulados por la ley; en tanto que otros no cumplieron con sus obligaciones contempladas en el Sistema Integral para la Paz. “En este último sentido, no brindaron aportes tempranos, oportunos y exhaustivos a la verdad que vayan más allá de lo conocido y establecido por la justicia ordinaria”, precisó la instancia.

En otros de los casos analizados, la Sala determinó que los aspirantes no tenían relación con el conflicto armado colombiano. Al respecto, la JEP puntualizó que fueron rechazadas cinco solicitudes de excombatientes de las Farc y ocho personas que participaron en manifestaciones sociales. También definió que estaba por fuera de su competencia 343 casos de integrantes de la fuerza pública que pedían pista en el tribunal de justicia transicional.

Sobre esta negativa, la Sala de Definición indicó que llevaron a cabo “una tarea rigurosa en la que se ha seguido el marco normativo y jurisprudencial que rige a esta Jurisdicción, además del seguimiento de los criterios de competencia”; así como un análisis del régimen de condicionalidad que deben cumplir los comparecientes.

En la decisión proferida, la jurisdicción dio a conocer que rechazó las peticiones de 582 terceros civiles y 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública al solicitar su ingreso a esta jurisdicción por la comisión de delitos comunes y que afectaron en gran medida a la sociedad al tratarse de casos emblemáticos de narcotráfico o corrupción.

Por otra parte, la JEP comunicó que fueron concedidas más de 700 amnistías concedidas a exintegrantes de la antigua guerrilla por la Sala de Indulto del tribunal debido a sus aportes realizados dentro de los macrocasos que investigan hechos relacionados con este grupo durante el conflicto, como el que ahonda en el secuestro y reclutamiento de menores.

Otro de los exintegrantes de las Farc que podría salir de este tribunal sería Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, debido a su presunta participación en actividades ilegales después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Por ello, la Procuraduría solicitó a la JEP investigar estos presuntos hechos en los que Gafas estaría vinculado a disidencias de la extinta guerrilla; concretamente, a una aparente retoma de armas en contra del Estado dentro del trámite de revisión y supervisión de beneficios provisionales que adelanta la magistratura en su contra.

El anuncio fue elevado tras la resolución expedida por el Gobierno nacional con los nombres de los integrantes del equipo negociador del Estado Mayor Central (EMC) en la fase preliminar de alistamiento de la mesa de diálogos con la administración Petro.

Para Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante el tribunal de paz, el investigado comparece ante esta instancia dentro del macrocaso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP), por lo que sí se llega a comprobar su participación en las disidencias tendrá que ser excluido del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr) pactado en La Habana entre el Estado y el entonces grupo subversivo.