El cartel de la hemofilia es un escándalo de corrupción que afectó al departamento de Córdoba, Colombia, durante las gestiones de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, con el respaldo del entonces senador Musa Besayle, que dejaron al descubierto un complejo entramado de malversación de fondos.
En esta maniobra corrupta, los líderes gubernamentales desviaron recursos provenientes de regalías del departamento y fondos públicos del Sistema General de Participaciones (SGP), utilizando prácticas como sobrecostos y cargos por servicios de salud inexistentes o ficticios. Estos fondos fueron canalizados hacia las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para, posteriormente, ser usados por los implicados en enriquecimiento personal o financiamiento de campañas políticas.
Por eso, luego de varios años de investigaciones, el martes 8 de agosto, la Corte Suprema de Justicia tenía programada una audiencia de formulación de acusación en contra de los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile.
La Corte expresó su inquietud respecto a las reiteradas solicitudes de aplazamiento presentadas por el abogado Álvaro José Lyons. Estas se basan en razones de salud, lo cual generó preocupación en la Sala debido a la coincidencia de diversas patologías justo en momentos cruciales del proceso. Además, se señaló la extrañeza de que la defensa de Lyons no haya podido conectarse a las audiencias virtuales ni designado a un defensor suplente para representar a su cliente en su ausencia.
En respuesta a la solicitud de aplazamiento, la Corte pidió una investigación detallada sobre las incapacidades médicas presentadas por el abogado, solicitando a la profesional de la salud que atendió a Álvaro José Lyons que explique en detalle el diagnóstico otorgado y las razones científicas o médicas detrás de la incapacidad.
De igual manera, ordenó a Medicina Legal que certifique el estado de salud del abogado y analice su historial clínico para emitir un concepto respecto a la legitimidad de las incapacidades laborales presentadas.
La historia detrás del cartel de la hemofilia
Durante un período de casi tres años, el exgobernador Alejandro Lyons Muskus lideró el desvío de cerca de 50.000 millones de pesos en el departamento de Córdoba hacia centros médicos ficticios que proporcionaban medicamentos para pacientes con hemofilia inexistentes.
Además, se desviaron 5.264 millones de pesos en tratamientos de equinoterapia y neurodesarrollo para niños que no requerían tales terapias. Estas acciones fraudulentas formaron parte de un esquema de corrupción que involucró la creación de instituciones médicas de papel con la intención de defraudar al departamento.
La investigación liderada por la Contraloría reveló en 2016 la manipulación de cifras en el sector de la salud en Córdoba. Desde 2013, sin base científica alguna, se registraron 47 pacientes con hemofilia en el departamento, una enfermedad de alto costo que afecta la coagulación de la sangre y puede resultar en hemorragias letales.
Estos pacientes ficticios permitieron que las IPS, como “Unidos por su Bienestar”, facturaran más de 17.000 millones de pesos a la Gobernación de Córdoba por medicamentos especializados que jamás se entregaron.
Un año después, el número de pacientes con hemofilia en Córdoba se duplicó a 81, lo que generó facturas adicionales de 18.000 millones de pesos para las IPS involucradas. Estas instituciones recetaban medicamentos como Von Willebrand con factor VIII, que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
La aparición súbita de pacientes hemofílicos adultos en Córdoba generó sospechas adicionales, ya que esta enfermedad se detecta en el 50% de los casos antes de los 20 años.
Las acciones corruptas perpetradas por Alejandro Lyons Muskus tuvieron continuidad en su sucesor Edwin Besaile Fayad, quien ejerció como gobernador del departamento durante el periodo 2016-2019. A pesar de no haber sido condenado por la Corte Suprema de Justicia, Besaile fue señalado en relación con este escándalo, siendo acusado por la Fiscalía en los años 2018 y 2021 ante dicho tribunal.
Según las autoridades, Besaile autorizó pagos por 1.525 millones de pesos destinados a presuntos pacientes de hemofilia. Sin embargo, la Fiscalía destacó que estas eran personas cuyas “historias clínicas y otros documentos que sirvieron de soporte eran falsos”.
Luego, la destitución de Edwin Besaile Fayad fue decretada por el entonces presidente Iván Duque en marzo de 2019. Esta decisión presidencial se concretó tras confirmarse la destitución ordenada por la Procuraduría General de la Nación, que además sancionó al exgobernador con una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 12 años.
En junio de 2022, la Fiscalía imputó nuevos cargos a Besaile por la presunta utilización de fondos provenientes del cartel de la hemofilia para financiar su campaña política. En una audiencia llevada a cabo en julio de 2022, Besaile no aceptó los cargos imputados en su contra.
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