Violencia en Colombia: así le fue a Gustavo Petro en su primer año de Gobierno

El 11 de agosto de 2022, menos de una semana después de su posesión, el presidente Gustavo Petro anunció el lanzamiento de su política de seguridad. Lo hizo en su primer consejo de seguridad realizado en Quibdó (Chocó), una de las zonas con mayores afectaciones por la violencia en el país. Desde allí, explicó que esta iniciativa, denominada Seguridad humana, no solo iba a involucrar a las fuerzas del Estado, sino también a actores armados, como la academia, organizaciones sociales y las entidades públicas de salud.

Este cambio profundo en la doctrina de seguridad estatal se produjo en medio de un debate que no es nuevo; de hecho, se agudizó con casos de presunto abuso policial durante las protestas de 2019 y 2021, y otros que pusieron en duda la inteligencia militar, como la masacre de Alto Remanso (Putumayo). También sirvió para la discusión la retención de 79 policías en marzo de 2023, cuando un grupo de campesinos protestó contra una petrolera en Caquetá. ¿En qué momento deben intervenir las Fuerzas Militares y de Policía? era la pregunta central previo y durante la implementación de la Seguridad humana.

Un año después de esta política, que está articulada con la de Paz Total, las cifras no son alentadoras si se comparan con los primeros años de los Gobiernos desde 2002. Es cierto que las dinámicas de violencia y el conflicto armado no son las mismas de comienzos de siglo: se logró el fin del conflicto con la guerrilla más antigua del mundo (Farc-EP), se estableció un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y nacieron grupos residuales de ambas estructura; y sumado a eso, hubo un timonazo político, pues el actual comandante en jefe de las Fuerzas Militares es de izquierda.

Con todo y eso, las cifras muestran un retroceso en tres dinámicas clave que automáticamente ponen en duda la fortaleza de la apuesta de pacificación nacional y los acercamientos con múltiples actores armados ilegales: los homicidios, las masacres y los casos de secuestro arrojaron números poco alentadores para el primer año de Petro, su eslogan ‘Potencia mundial de la vida’ y la ambiciosa Paz Total.

En pleno apogeo de las acciones violentas de las Farc, Álvaro Uribe decretó el estado de conmoción interior pocos días después de su posesión presidencial. Según el entonces mandatario, la nación estaba “sometida al régimen del terror” reflejado en secuestros, ataques terroristas y homicidios. Un año después de su primer periodo presidencial (2003), la tasa de homicidios fue de 45 por cada 100 mil habitantes. Para el mismo periodo, pero de su segundo mandato (2007) la cifra bajó a 33.3 casos.

Para 2011, en el primer año presidencial de Juan Manuel Santos, los homicidios siguieron bajando a 26,4 por cada 100 mil habitantes, y en 2015 (mismo periodo de su segundo mandato) la cifra continuó en descenso y se ubicó en 24,5 casos por el mismo número de personas.

Para el primer año del gobierno de Iván Duque, la tasa de homicidios subió casi dos puntos según cifras del Ministerio de Defensa y el indicador se ubicó en 26,2 hechos por 100 mil habitantes. Ahora, las cifras en el primer año de la administración Petro hay que analizarlas en dos momentos: el primero desde el 7 de agosto de 2022 hasta finales de ese año, y el segundo durante los primeros ocho meses de 2023.

2022 cerró con una tasa de 25,9, cifra que está repartida entre Duque y Petro; sin embargo, una de las metas del actual presidente es bajar a 24,4 para finales de 2026, representados en una disminución estimada de 100 homicidios por año. Por otro lado, de enero a junio de 2023 ocurrieron 12,3 homicidios por cada 100 mil habitantes, según cifras del Ministerio de Defensa conocidas por Infobae Colombia.

Así las cosas, el año podría cerrar con una cifra superior a 24 casos, dependiendo del éxito del cese al fuego bilateral con el ELN y un posible acuerdo de pausa de acciones armadas con disidencias como el Estado Mayor Central.

De acuerdo con la fundación País Libre, en 2003 se registraron 2.121 casos de secuestro, cifra que bajó en más del 60% con 521 para 2007, cuando se cumplió el primer año del segundo gobierno Uribe. Para 2011 (primera presidencia de Juan Manuel Santos), los registros de secuestro bajaron a 305 y al cierre del primer año de su segundo periodo (2015), los casos de personas retenidas disminuyeron a 213.

Con Iván Duque los registros continuaron a la baja y durante 2019 se presentaron 92 casos. Sin embargo, Petro no pudo mantener esta tendencia y solo de enero a junio la cartera de Defensa Nacional reportó 161 secuestros.

Desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 15 de julio de 2023 (fecha del último evento) se cometieron 87 masacres, y si bien hace dos semanas no se conocen hechos de este tipo, la cifra es alarmante comparada con la registrada en gobiernos anteriores.

En el primer año del segundo gobierno de Álvaro Uribe se registraron 27 masacres, según reportes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional conocidos en 2020 por Caracol Radio; en tanto que en 2005 (tercer año de su primer mandato) se perpetraron 48 masacres con un saldo de 252 muertos.

En 2011, primer año de Santos en la presidencia, se cometieron 37 masacres y 13 en 2015. Para 2019, luego de los primeros 12 meses de Duque como primer mandatario (2019) fueron perpetrados 22 hechos de este tipo. A esto se suma que 2018 y 2020 fueron los años más violentos para líderes y lideresas sociales, con 279 y 308 casos, respectivamente, de acuerdo con el observatorio de derechos humanos de Indepaz.

Esta misma oenegé reportó que solo en los primeros seis meses de 2023 asesinaron a 91 personas defensoras de derechos humanos y 22 excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación. Así las cosas, la política de seguridad humana quedó en deuda en la lucha contra las masacres y los secuestros, al menos al término del primer año del Gobierno Petro.

De acuerdo con Francisco Daza, analista de la fundación Paz y Reconciliación consultado por Infobae Colombia, estos hechos violentos son “lunares” dentro de la política de Paz Total, que también tuvo altibajos en los primeros 12 meses de mandato.

“Si bien hay unos acercamientos con grupos armados, esto no ha derivado en un descenso de acciones armadas entre grupos, aunque contra la fuerza pública sí ha disminuido —la violencia–”, lo cual ha generado constantes violaciones a los derechos humanos en zonas de disputa territorial entre actores ilegales. Otro tema de preocupación es el asesinato de líderes sociales y el alza de casos en este primer año.

“Preocupa que no se estén brindando las garantías de seguridad para esta población que ejerce liderazgo en el territorio y hechos como lo que está pasando ahora en el Valle del Cauca es un llamado de atención importante porque en octubre se vienen elecciones”, añadió el experto consultado por este medio.

Para el exviceministro de Justicia Miguel Samper, al balance “más agrio que dulce” en la implementación de la nueva política contra las drogas, se suma el hecho de que no hay ninguna normativa al respecto, aun cuando esta es una de las bases para frenar la violencia tanto en zonas rurales y acercarse a la ambiciosa Paz Total.

“La política de drogas dice que se deben permitir los usos alternativos de la hoja de coca y a mí me parece que esa es la única manera de combatir el narcotráfico derivado de la cocaína. Por décadas –y aquí hago un mea culpa, yo también lo hice equivocadamente siendo viceministro de Justicia– hemos pensado que el enemigo está en la planta de coca, y en lugar de atacar los eslabones fuertes nos hemos dedicado a atacar los eslabones débiles como los campesinos cultivadores y consumidores”, explicó el también el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. En ese orden, los señalamientos contra los sujetos mencionados generan violencia, especialmente en zonas rurales.

Para Samper Strouss, parte de la violencia en el país podría mitigarse si hay un cambio en la política actual contra las drogas, declarada como un “fracaso” por parte del presidente Petro, pues ello significaría quitarle a los grupos ilegales una de sus principales fuentes de financiamiento.

Mientras esta política avanza, así como la política de seguridad humana, la administración Petro tendrá que enfrentar para detener las masacres y los casos de secuestro. El cese al fuego con el ELN y la forma en que actúe Petro sobre las disidencias podrían marcar su segundo año de mandato en violencia.