Un año escandaloso: el episodio Nicolás Petro

Gustavo Petro cumple el lunes 7 de agosto un año de la llegada del primer gobierno abiertamente de izquierda en Colombia. Las ilusiones que sembraron en sus electores con promesas del cambio, no solamente en relación con cambios estructurales profundos, sino en cuanto a la forma de hacer política, se han ido desvaneciendo al compás de cada escándalo que estalla cada vez con más frecuencia y poder.

Durante los últimos meses, el presidente Gustavo Petro ha tenido que salir de 11 ministros por diferentes motivos incluyendo a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, por posibles delitos de contratación indebida y de una de las ministras de su círculo más íntimo, Irene Vélez, por haberle solicitado a oficiales de migración que autorizaran la salida ilegal de sus hijos del país. También renunció su jefe de gabinete, Laura Sarabia, a raíz de un escándalo donde se evidenció un procedimiento ilegal de interceptaciones telefónicas y de pruebas de polígrafo contra sus empleadas del servicio por el robo de una suma de dinero aún indeterminada; en confusos hechos se suicidó el teniente coronel Dávila, uno de los testigos estrella en el caso, después de haber manifestado su voluntad de cooperar con la Fiscalía y de haber establecido contacto con un abogado cercano al presidente, Miguel Ángel del Río, al que le adelantó una gruesa suma de dinero en efectivo por concepto de honorarios; su exembajador en Venezuela y coordinador de campaña, Armando Benedetti, publicó unos audios donde revelaba la posibilidad de que la campaña a la presidencia se hubiera financiado de manera ilegal hablando de la cifra de 15.000 millones de pesos, que habrían entrado a la campaña de la costa Atlántica y finalmente el 2 de marzo estalló la bomba atómica que involucró a varias personas de su núcleo familiar.

El 2 de marzo, el país se sorprendió cuando el presidente Petro publicó un comunicado en el que le solicitaba a la Fiscalía que investigara a su hijo Nicolás Petro, que además se ser diputado del Atlántico fue coordinador de la campaña en la costa Caribe, y a su hermano Juan Fernando Petro, que unos meses antes de la elección había estado en el ojo del huracán cuando se supo de sus visitas a las cárceles para hablar con paramilitares y políticos corruptos a cambio de sus apoyos, episodio que se conoció como el Pacto de la Picota.

Nadie entendía a qué se refería el presidente Petro, pero el sentido del comunicado se reveló cuando esa misma tarde revista Semana publicó una estremecedora entrevista con Daysuris Vásquez, esposa de su hijo mayor, Nicolás Petro, en la que narró de manera detallada cómo el primogénito del presidente había recibido grandes sumas de dinero del exnarcotraficante Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, de Alfonso del Cristo el Turco Hilsaca y de un contratista cuyo nombre no fue revelado en ese momento.

Daysuris con pruebas en mano, consistente en chats y audios de WhatsApp, demostró que Nicolás había recibido esos recursos que, aunque inicialmente iban a ser destinados a la campaña presidencial, en el camino quedaron en gran parte en manos del hijo del presidente para solventar una vida de lujos como la compra de una extravagante casa en un prestigioso sector aledaño a la ciudad de Barranquilla. Lo verdaderamente complicado para la campaña fue que Day Vásquez dijo que, de los recursos recibidos por Petro Burgos, “si acaso” habrían entrado 50 millones de pesos a la campaña.

Esa posibilidad de que a la campaña presidencial hayan entrado dineros de dudosa procedencia y dineros de origen aparentemente lícito que no fueron reportados a la contabilidad, reñía con el discurso de Gustavo Petro, que durante años se había centrado en señalar la corrupción de otros sectores políticos, pero falló en poner ese mismo ojo crítico a la forma como él llegó a la presidencia de la República.

Cuando se pensaba que este escándalo no podía ser peor, una semana antes de que Gustavo Petro cumpliera su primer año como mandatario, su hijo y nuera fueron arrestados e imputados por los cargos de lavado de activos para ambos y enriquecimiento ilícito, en el caso de Nicolás y violación de datos personales en el caso de Daysuris. Al final de la diligencia de legalización de captura la gran sorpresa vino por cuenta de Nicolás Petro al aceptar colaborar con la justicia. Dicha decisión se entendió cuando, durante la siguiente audiencia, el fiscal delegado develó un cúmulo de pruebas difícilmente controvertibles donde salieron a relucir detalles que la esposa de Petro Burgos no reveló durante su entrevista a revista Semana cinco meses antes.

Además, a través de medios de comunicación se supo que hubo una reunión entre los abogados de Nicolás Petro y su padre en la que el primer mandatario expresó que no haría nada para ayudar a su hijo. Inclusive se supo de boca del propio hijo mayor del mandatario colombiano, en una entrevista que le otorgó a revista Semana y que fue publicada el sábado 5 de agosto, que había tratado de comunicarse sin éxito con su padre durante los meses siguientes al estallido del escándalo y que de ese abandono de Gustavo Petro y del resto de sus hermanos se derivó su decisión de no inmolarse por su padre.

En dicha entrevista, Nicolás expresó que va a presentar todas las pruebas acerca de los dineros que recibió y de la financiación de la campaña, y dejó entrever que, aunque su padre no conocía de la recepción de dineros aportados por el hombre Marlboro y el Turco Hilsaca, sí habría conocido del ingreso de aportes de empresarios no registrados en la contabilidad de la campaña. Y que presentaría pruebas que tendría en contra de otras personas que fueron mencionadas, tales como Laura Sarabia, Armando Benedetti, el congresista Agmeth Escaff y su exesposa María Antonia Pardo, el abogado Miguel Ángel del Río, la directora del DPS, Cielo Rusinque, la esposa del presidente, Verónica Alcocer, y otras personas más, incluyendo empresarios como Euclides Torres.

El futuro de Nicolás Petro, que está esperando su primer hijo, depende de la colaboración efectiva que le proporcione a la justicia y de que aquella sea suficiente para lograr condenas contra otras personas. Colombia no se había enfrentado a un escándalo similar desde las oscuras épocas en las que el expresidente Ernesto Samper llegó a la presidencia con la financiación del Cartel de Cali.

Este caso se podría considerar un segundo Proceso 8.000, pero con unos ingredientes de gravedad como que de por medio está el mismísimo hijo del presidente de la República. Por todo esto resulta imperioso que la justicia obre de la manera más eficaz para llegar a la verdad que reclama el pueblo colombiano, porque mientras más tarde lleguen las conclusiones, más tiempo quedará el país sumido en una profunda crisis institucional que pone en duda la legitimidad de la elección presidencial.