Primer año del Gobierno de Gustavo Petro: avances, promesas y diferencias con Iván Duque

Por primera vez un gobernante de izquierda asumió el principal cargo político de Colombia, con lo cual uno de los puntos más importantes en la agenda del presidente Gustavo Petro ha sido la atención a los temas sociales y lo que denominó Paz Total.

Su línea política hizo que el mandatario asumiera el cargo en 2022 con fuertes temores por parte de la oposición y de diferentes sectores políticos y económicos que vaticinaban inestabilidad y fuga de capitales.

Aunque apenas el pasado 19 de mayo el mandatario sancionó el Plan de Desarrollo 2022 - 2026 como hoja de ruta para cumplir su proyecto político, a un año de su posesión presentamos un panorama de los resultados en los diferentes temas de la agenda presidencial que permiten medir este primer periodo como gobernante de los colombianos.

Uno de los mayores temores de los gremios y de la oposición es la agenda económica del presidente Petro durante sus cuatro años de mandato, y aunque los primeros meses estuvieron marcados por diferentes alertas para el Gobierno, entre otras por el alza en los precios de la canasta básica, la subida del dólar y la posible fuga de capitales, lo que se ha observado este primer año es un panorama de cierta estabilidad e impulso en algunos asuntos que han permitido el repunte económico de acuerdo con las cifras institucionales.

En diciembre de 2022 el presidente Petro sancionó la reforma tributaria que le fue aprobada en el Congreso. Con esta iniciativa el Gobierno espera recaudar en promedio 20 billones de pesos anuales durante el cuatrienio para poder solventar especialmente los proyectos de su plan de desarrollo y el pago de la deuda nacional. Este fue el impulso con el que inició el Gobierno gracias al espaldarazo de la coalición en el Congreso, la misma que se fue socavando en 2023 y que le ha costado el hundimiento de varios proyectos clave.

Cuando el presidente Petro ganó las elecciones en junio de 2022, el tema que mayor inquietud generó en su momento fue la estabilidad económica debido a sus promesas de campaña, temas sensibles como lo pensional, lo laboral, hacienda, entre otros estuvieron en el debate público. El dólar subió inmediatamente, y aunque se buscaron muchas explicaciones, nadie podía negar que uno de los factores era la elección de un presidente de izquierda por primera vez en Colombia.

Por otra parte, el apoyo del Congreso aprobando la reforma tributaria significó también un alivio para la economía pues mostró a los mercados la estabilidad política que podía tenerse en el país.

En este sentido, aunque la inflación alcanzó unos topes superiores al 13%, mayo y junio mostraron una reducción hasta alcanzar 12,36% ese último mes. Lo que se ha percibido en los sectores financieros es una cierta estabilidad derivada de factores tanto externos como internos, los cuales se están traduciendo en un crecimiento económico conservador, pero que, en todo caso, no genera las alertas que se previeron al iniciar su mandato el presidente Petro.

En lo referente al desempleo, de acuerdo con el informe de junio de mercado laboral del DANE el desempleo alcanzó un 9.3%, lo cual muestra una disminución de este indicador frente al mismo periodo del 2022 cuando se ubicó en 11,3%. Según el mismo presidente Petro, uno de sus primeros compromisos era bajar el desempleo a un solo dígito.

De otro lado, aunque uno de los temas fundamentales de la agenda de cualquier Gobierno es la relación con los empresarios, pues es donde se imprime el impulso económico y laboral para la sostenibilidad del país, es allí precisamente donde el mandatario ha tenido mayores tensiones, lo cual era previsible por su línea política y por sus declaraciones en redes sociales que ponen en alerta permanente a los gremios.

Ciertos gremios han señalado las presiones del mandatario para que sus presidentes dieran un paso al costado y poder trabajar con los sectores. Algunos casos sonados de la salida de las direcciones de importantes gremios del sector empresarial fueron los de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

En general, el panorama en la relación con los empresarios es de tensa calma, se sabe que hay temas en los que se han podido poner de acuerdo, pero las diferencias en puntos de vista sobre temas fundamentales permanecen y seguramente durarán los tres años restantes.

En lo relacionado con la ejecución presupuestal, con el decreto de plan de austeridad Petro ha buscado compensar los recursos que necesita para poder cumplir con sus propuestas de campaña teniendo en cuenta los altibajos del crecimiento económico. Este primer semestre del año dejó la cifra más baja en ejecución del presupuesto nacional en los últimos 20 años según un estudio de Corficolombiana.

Los sectores con mayor ejecución son Educación, Salud y protección social y Minas y transporte, esto implica que para el segundo periodo de 2023 el Gobierno tendrá que dar alcance a la ejecución proyectada, lo cual implica importantes movimientos financieros del Estado con el riesgo de no cumplir con el gasto planeado. La inversión en proyectos de gasto social son los que espera el Gobierno tenga mayor alcance este nuevo periodo.

Finalmente, este Gobierno tuvo que poner en marcha la Ley 2101 de 2021 sobre la disminución en las horas de la jornada laboral en Colombia, y aunque la misma nace en el gobierno anterior, el actual debió empezar a hacer cumplir a las empresas. La carga política y las tensiones que el tema conlleva con los empresarios serán asumidas por el presidente Petro.

Después de que Iván Duque suspendió los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en enero de 2019, a causa de un atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 23 muertos, la guerrilla y el Gobierno de Gustavo Petro volvieron a sentarse para intentar el diálogo político y de paz que se había iniciado en el mandato de Juan Manuel Santos, en marzo de 2016. Los equipos negociadores instalaron la mesa de conversaciones el pasado 21 de noviembre de 2022 en Venezuela.

Con algo de incertidumbre por la ola de violencia que atraviesa el país, los atentados a la fuerza pública, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, el secuestro y el asesinato de líderes sociales en varias regiones del país, la paz total que persigue Gustavo Petro tiene un punto a favor. Desde La Habana, Cuba, el pasado 9 de junio el Gobierno logró un cese al fuego de seis meses con el ELN a partir del 3 de agosto de 2023.

Dicho cese al fuego “bilateral, nacional y temporal” entrará en vigor por un periodo de 180 días. El decreto 1117 del 5 de julio de 2023, ordenó a partir del 6 de julio el cese de operaciones ofensivas contra integrantes del ELN y a partir del 3 de agosto está prohibido realizar, además de acciones ofensivas, actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Acciones Específicas acordado entre las partes en la mesa de diálogos.

Como parte de la integración de la sociedad civil en el proceso de paz, acordado también en La Habana, la implementación de la medida tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones en los territorios del país, permitiendo que las comunidades puedan ejercer con mayor garantía sus derechos y libertades.

El 26 de octubre de 2022, el Congreso de la República aprobó la Ley de Paz Total, otorgando al presidente la autoridad para entrar en un proceso de negociaciones y destinar presupuesto nacional para tal fin. Hasta ahí, el camino de la paz parecía no tener trabas.

Sin embargo, a finales de junio de 2023 el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia para deslegitimar dicha ley, pero sobre esta demanda el alto tribunal decidió no pronunciarse al respecto argumentando que no cumplía los requisitos para ser admitida.

Aunque la Ley de Paz Total sigue con vida, tendrá que sortear otras demandas que tiene encima y con las cuales buscan declararla inconstitucional. Pero, por ahora, mientras la norma siga en vigencia, los diálogos con las guerrillas y grupos armados seguirán su curso en los ciclos pactados en las mesas de negociación.

Con la llamada Paz Total se esperaban también cambios en el renglón de seguridad del Gobierno, sin embargo, los resultados en esta materia dejan sensaciones agridulces que todavía no terminan de estabilizar el camino hacia la promesa de Petro de alcanzar la tan anhelada paz en Colombia.

Aunque las cifras oficiales muestran una importante disminución en el asesinato de líderes sociales y firmantes de la paz, en otros aspectos como las masacres, los asesinatos de civiles y el enfrentamiento entre grupos armados se ha intensificado.

Otro aspecto que ha mostrado resultados es la disminución en las bajas y heridas en combate de miembros de la fuerza pública. Finalmente, frente a los resultados del gobierno de Duque, el presidente Petro ha disminuido la erradicación de coca, lo cual era previsible por las declaraciones del mandatario de cambiar la política antidrogas, en todo caso, genera alerta la actual disminución en los reportes de incautamiento de drogas.

Las relaciones del actual mandatario a nivel internacional han mostrado algunos cambios frente a la agenda desarrollada por el gobierno anterior; por ejemplo, se volvió a tener protagonismo en la región, se dinamizó la relación con Estados Unidos, se volvió a tener presencia en órganos internacionales como Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros.

En este sentido, con el gobierno de Duque y su cerco diplomático, las relaciones con Venezuela estaban cerradas desde 2019. Cuando asumió el presidente Petro era previsible que uno de sus primeros asuntos en materia internacional sería restablecer las relaciones con la nación vecina.

Con Armando Benedetti como embajador, el mandatario colombiano buscó allanar el camino para consolidar el camino hacia un nuevo escenario. Aunque se ha avanzado en temas como apertura de fronteras y tránsito comercial, aún hay mucha expectativa por lo que vaya a suceder en los próximos años en uno de los temas más sensibles en la política de Gustavo Petro.

Por otro lado, el pasado 19 de mayo desde el departamento del Guainía, el mandatario presentó su Plan de Desarrollo como ruta de trabajo para los próximos años. Desde el inicio del Gobierno de Petro en el país había mucha expectativa por la presentación de este Plan, pues implica la inversión pública, la visión y el camino que seguirá el país.

Otro asunto que ha resultado espinoso para el Gobierno Petro tiene que ver con el manejo de su gabinete; las confrontaciones de algunos ministros con el legislativo, con los medios de comunicación o con sectores productivos no han favorecido el camino para la gestión de temas clave para el mandatario.

Este gobierno, además, desde su posesión ha buscado representar el cambio que propuso a través de acciones simbólicas que han dado de qué hablar a la opinión pública desde todas las orillas; habría que recordar el acto de posesión con la espada de Bolívar o la apertura de la Casa de Nariño para el acceso de la ciudadanía.

En la relación con el Legislativo, la agenda de Gustavo Petro tuvo mucho movimiento durante este primer año. Inicialmente logró una importante coalición que, aunque duró poco y fue histórica por la diversidad política de sus integrantes, le dejó al mandatario aprobada la reforma tributaria como impulso para su proyecto presidencial y el Acuerdo de Escazú, que representa mucho para el presidente por su agenda ambiental.

En todo caso, el presidente vio afectada su agenda con el Legislativo, entre otros por la salida de Roy Barreras del Congreso. Así mismo tuvo que revertir la presentación de la reforma política y, en las últimas sesiones de este periodo, vio hundirse iniciativas importantes para su gobierno como la reforma a la salud, la pensional y la laboral. Aunque logró que le aprobaran la adición presupuestal para 2023.

Llama la atención que siendo el principal tema de Gobierno, el presidente Petro no logró mostrar resultados contundentes en materia social, aparte de unos primeros impulsos que ponen la agenda social en la regiones y en asuntos poblacionales aún hay mucha expectativa por las propuestas que se hicieron en campaña.

Sin embargo, el jefe de Estado cumplió una de sus promesas, la apertura de un sector de igualdad y equidad social. Según el decreto 1075 de 2023, dicho sector estará integrado por el recién creado Ministerio de la Igualdad, que será su cabeza; por el ICBF y por los institutos nacionales para sordos y ciegos. De esta manera se mantendría la independencia del sector inclusión, cuya cabeza es el Departamento de Prosperidad Social (DPS), sobre el cual se especulaba que quedaría integrado al de igualdad.

Los principales retos de la vicepresidenta Francia Márquez, jefa de la cartera, serán coordinar el conjunto de entidades del Estado encargadas de tareas relacionadas con el cierre de brechas de desigualdad, por ejemplo, ejecutando acciones en regiones concretas, que resulten en alivios para erradicar la inequidad y disminuir la pobreza.

En cuanto al presupuesto nacional, el Gobierno logró que el Congreso aprobara $16,9 billones para el 2023. De ese monto de adición, se tienen previstos 9,1 billones para la inversión, según el ministerio de Hacienda.

Dentro de los proyectos que el Gobierno pretende financiar con el presupuesto asignado está impulsar la reforma rural, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria. Por otro lado, pretende fortalecer los subsidios de vivienda, impulsar el catastro multipropósito, mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa.

También ha dicho que garantizará el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas, cubrirá faltantes en los subsidios de energía y gas, construcción, rehabilitación, ampliación,mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias.

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica en La Guajira por un período de 30 días que le permitirá hacer frente a esta situación.

El texto que entregó el Gobierno habla acerca de la crisis humanitaria que, desde tiempos inmemorables, atraviesa uno de los departamentos costeros de la nación, debido a la falta de infraestructura, desnutrición infantil, inacceso a servicios básicos como agua potable y luz, entre otros.

Así mismo, el documento precisó que el Ejecutivo nacional también acudirá a sus competencias para emitir, a través de decretos legislativos, los mecanismos adicionales para hacer frente a la crisis y evitar que agudicen sus efectos. Además, estableció que dispondrá las operaciones presupuestales para llevar a cabo esas medidas.

Finalmente, en reemplazo del ingreso solidario que culminó en 2022, el presidente Petro implementó un subsidio a las familias para combatir el hambre y la desnutrición. La idea del Gobierno fue crear una Renta Básica Nacional de 500.000 pesos mensuales, enfocada especialmente en madres cabeza de hogar que están en situación de pobreza y pobreza extrema, con hijos menores de 6 años, incluyendo a hogares que no recibían ninguna ayuda del Estado.

Esto se sumaría al ya anunciado auxilio para los adultos mayores que no se lograron pensionar, quienes recibirán también el mismo monto de parte del Gobierno.

Son muchas las expectativas que quedan de un Gobierno que hasta ahora se está enfrentando a sus verdaderos retos políticos, económicos y sociales. Que no se le olvide al presidente Gustavo Petro el momento histórico y la oportunidad que se le dio, que es hora de cambiar de la retórica a la realidad y hacer efectivo el progreso del que tanto habló. Llegó la hora de hacer el cambio.