Una de las políticas centrales del Gobierno de Gustavo Petro es la que busca superar la violencia a través de acercamientos con grupos armados y bandas criminales. La iniciativa se ha conocido como “paz total”, pese a que al presidente no le gusta el nombre, y es una en la que más se han enfocado los esfuerzos durante el primer año de administración.
Uno de los artífices de la implementación de ese plan de Gobierno es el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación que construye un acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Aunque ese proceso es el ejemplo a mostrar por sus avances, el congresista describió 20 logros en lo corrido del periodo presidencial.
Dentro de la política se encuentra la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc que se firmó en 2016 y por el que el presidente Petro ha tenido diferencias con el expresidente Juan Manuel Santos. Incluso, los mandatarios no se encontraron en una cumbre en Cartagena en marzo para hablar del tema porque el jefe de Estado se excusó.
Cepeda sostiene que una muestra del avance es que la ONU mantiene su Misión de Verificación en el país y ha respaldado la política de paz total que se plantea el actual Gobierno. Destacan que se ha avanzado sin precedentes en la reforma agraria que planteó el Acuerdo de La Habana con la adquisición de 325.777 hectáreas de tierra, se logró un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos para comprar más tierras.
Además, se le entregaron títulos de propiedad a una cooperativa de excombatientes. A lo que se suma la creación de la Jurisdicción Agraria, aprobada por el Congreso, con la que se considera que podrá darse un impulso a los procesos de restitución rezagados en los juzgados.
En cuanto a los avances con los reincorporados que dejaron las armas en 2016, Cepeda destacó la creación del Sistema Nacional de Reincorporación y el inicio de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Las cifras de homicidios de firmantes de paz, según dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a El Tiempo, se han reducido levemente con 22 casos en lo corrido de 2023 en comparación con el año anterior cuando para el mismo periodo se registraron 25 víctimas.
El senador Cepeda, además destaca la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuyo comité de seguimiento reconoció que varias de estas fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se acercan a emitir sanciones propias en los casos de falsos positivos y secuestro.
El presidente Petro le apuesta a firmar la paz con el ELN con el que se han desarrollado tres ciclos de conversaciones entre Caracas, México y Cuba en lo corrido del Gobierno. “Nunca antes se había tenido avances tan significativos en un proceso de paz con el ELN. En 8 meses se han firmado 12 acuerdos y 11 protocolos: entre ellos, la nueva agenda de diálogos, los acuerdos de participación social y de Cese al Fuego Bilateral por 6 meses (desde el 3 de agosto)”, señaló el senador Cepeda.
El 3 de agosto se instaló formalmente el Comité Nacional de Participación que se ha constituido como la base de la construcción del acuerdo de paz con el ELN. “Los resultados de la participación, que comprenden los tres primeros puntos de la Agenda, serán entregados en mayo de 2025″, explicó Cepeda.
En términos de acercamientos con los grupos armados, los otros espacios más avanzados se cuentan con el Estado Mayor Central de las Farc del que ya se designaron los delegados de ambas partes, pero no se han sentado para iniciar el proceso formalmente. “En Medellín, Quibdó y Buenaventura se desarrollan procesos de paz urbana con estructuras armadas ilegales: se han instalado mesas de conversaciones socio jurídicas para tratar la situación de los jóvenes vinculados a esos grupos”, agregó el senador del Polo Democrático.
Según el congresista, se mantienen los acercamientos con el clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, aunque esos procesos avanzan con mayor lentitud. Estos se basan en la prórroga a la ley de orden público que se aprobó en 2022 y se salvó de ser modificada en la Corte Constitucional. Se espera que se fundamente con la ley de sometimiento que será radicada en los próximos meses.
Entre los logros alcanzados en el primer año se destacan los cambios en la política de drogas para ayudar a los campesinos cultivadores de plantas con usos ilícitos, el aumento de recursos para las indemnizaciones a víctimas, la creación del servicio social para la paz que deberá empezar a implementarse.