Las promesas cumplidas, las que están a medio camino y las fallidas de Gustavo Petro durante su primer año como presidente

Promesas como la de la paridad de género en su Gobierno o la liberación de miembros de la primera línea no han sido posibles en el mandato de Gustavo Petro: otras, como la prohibición del fracking o la entrega de tierras de Fedegán, no avanzan como se quisiera, y algunas más, como la construcción del tren de Buenaventura a Barranquilla, calificadas por muchos de populistas, no han avanzado ni un centímetro, mientras que consiguió restablecer las relaciones con Venezuela y aprobar el Tratado de Escazú.

De acuerdo con el consultor y analista político Jairo Libreros, quien habló con Infobae Colombia, “este es un año donde hubo un desgaste muy fuerte de la administración Petro por hacer valer sus ideas de política pública, frente a un sector de la clase política, gremial y empresarial que no comparte sus postulados”.

El experto en políticas públicas resaltó que, para el primer mandatario, ha sido un año de conflicto “que no solo se refleja en dificultades de gobernabilidad para el trámite de sus iniciativas legislativas sino también para la administración de las políticas públicas y para mantener la conexión con amplios sectores sociales que hasta hace un año lo llevaron a la Casa de Nariño”.

Por su parte, el analista político de la Universidad Central, Jorge Yarce, destacó que este primer año del mandatario estuvo marcado por las finanzas. “Las dificultades económicas que tuvo el Gobierno nacional antes de la administración de Petro están impactando los proyectos de este Gobierno, máxime cuando ahora pretende un presupuesto nacional para 2024 con 100 billones de pesos adicionales a la base presupuestal del año inmediatamente anterior, un incremento muy importante. Aun así, no hay suficiente dinero para cubrir todas las necesidades del Estado”.

En medio de este diagnóstico, pasamos revista a algunas de las más destacadas promesas de campaña de quien hoy cumple un año en la Casa de Nariño.

Durante su campaña política y en ante miles de seguidores en una manifestación en Barranquilla, el entonces candidato Gustavo Petro prometió lo que para muchos es una quimera: construir un tren elevado y eléctrico entre Buenaventura y la Costa Caribe.

El mandatario ha defendido esta propuesta en varias oportunidades a pesar de la fuerte oposición que genera la idea. “Pensar un tren complementario al canal de Panamá no es una ingenuidad. El Gobierno ya ha recepcionado varias solicitudes que se tramitarán de acuerdo a la ley de app, que implica antes que nada los estudios y luego la concertación social”, indicó Petro en una ocasión.

Por ahora, lo más reciente que se sabe de la obra fueron las declaraciones de Francisco Lozano, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), quien dijo a una entrevista a Valora Analitik el 8 de julio que “el proyecto avanza en su parte técnica”.

La idea, según señaló el funcionario, es aprovechar los corredores férreos existentes y construir unos nuevos, para completar el tramo: “Los detalles, incluyendo trazado e inversiones necesarias, se conocerán una vez la Ani y la FDN concluyan la parte técnica del futuro tren de Buenaventura a Barranquilla”.

Sin embargo, son varias los analistas y políticos que no le ven futuro a este proyecto, incluyendo al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien desde el primer momento ha criticado el proyecto.

“En su campaña a la alcaldía Petro prometió varias veces 1.000 jardines infantiles y no hizo ni una centésima de eso. Recientemente ha prometido trenes de Villavicencio a Cartagena, de Buenaventura a Cartagena, prometió soterrar la autopista Sur en el tramo urbano de Soacha, prometió un aeropuerto internacional en la alta Guajira, etc., etc... los petristas felices”, expresó Pañalosa en su momento.

El exmandatario de la capital de la República también puso en tela de juicio la posibilidad de que existan estudios de la obra: “No existe ni un pre-estudio, pero para un gobierno de habladores de carreta eso no importa”.

En un video publicado en Twitter afirmó que “no hay ninguna posibilidad económica de hacer este proyecto y que esto equivaldría a hacer 57 veces el metro de Bogotá, pero mucho más difícil, porque hay que atravesar las tres cordilleras, pasar selvas, cañones y demás”.

Otro de los que le ve pocas posibilidades a que esta obra sea una realidad es el actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo.

“Los trenes de los que habla el Gobierno Petro no tienen ninguna posibilidad técnica ni financiera en Colombia. El costo de esa línea sería de unos 650 billones de pesos. Con los costos de este tipo de transporte no se puede competir con el canal de Panamá, como dice Petro”, comentó Robledo.

Gustavo Petro también ha insistido en la recuperación y construcción de vías terciarias en las zonas rurales del país. “Las vías terciarias, las del campesinado, en vez de ser contratadas con oscuras empresas, serán contratadas con el campesinado mismo de la región, así no se robarán la plata y se dará mucho empleo en el lugar”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mandatario ha insistido en que “las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina, serán contratadas con las juntas de Acción Comunal campesinas”.

Juan José Oyuela, director del Instituto Nacional de Vías (Invías), confirmó durante una sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que el presidente de la República suscribió los primeros 40 convenios con juntas de acción comunal para que se encarguen de las vías terciarias.

Según el director de Invías se trata de un programa de $8 billones para cuya implementación se han hecho 200 asambleas comunitarias en las cuales la población ha priorizado inversiones en las vías que de acuerdo a sus necesidades se deben intervenir en el programa.

Sin embargo desde distintos sectores han salido críticas y precisiones a las afirmaciones del primer mandatario. La Sociedad Santandereana de Ingenieros, por ejemplo, advirtió a través de una carta: “Resulta pertinente aclarar que las intervenciones en las vías terciarias no son atendidas por grandes contratistas, sino por profesionales independientes y micro y pymes de la ingeniería, que perfectamente cabrían en la clasificación de ‘economía popular’”.

Añadió el gremio: “Consideramos fundamental la vinculación de la comunidad y sus organizaciones en la identificación y apropiación de los proyectos y la participación en la ejecución de las obras de ingeniería que deben ejecutar ingenieros, previa convocatoria pública con utilización de pliegos tipo y en los trabajos que contribuyen a la transitabilidad y que no son trabajos de ingeniería, como la rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas o remoción de pequeños derrumbes”.

El presidente del Icetex, Mauricio Toro, anunció el 21 de junio de 2023 que 19.807 jóvenes estudiantes que presentaban dificultades en el pago de las cuotas de sus créditos lograrían ponerse al día y obtener beneficios, como la condonación de intereses moratorios hasta en un 100%.

Durante la jornada de soluciones, que duró un mes, los beneficiarios de crédito de Icetex que llegaron a acuerdos -que van desde la eliminación total de la deuda hasta la refinanciación del saldo- lograron beneficios especiales, como la condonación de intereses corrientes vencidos y moratorios que sumados alcanzan los 14.743 millones de pesos.

Bogotá D.C., Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Bolívar son las cinco regiones principales en número de acuerdos y representan el 50% de las negociaciones.

En lo corrido del Gobierno Petro, ya van tres jornadas de soluciones que se han llevado a cabo. Con un total de 48.597 beneficiarios han realizado acuerdos de pago para ponerse al día.

Sin embargo, la primera de la tres jornadas no fue ordenada por el actual mandatario, sino por el expresidente Iván Duque en los últimos días de su gobierno.

Un documento expedido por Miguel Alejandro Jurado, exviceministro de Educación el pasado 3 de agosto, indicó lo siguiente:

“De manera atenta autorizo al Icetex para que realice los trámites necesarios que le permitan disponer de los saldos del Convenio CO1.PCCNTR.743469 de 2022 en la suma de cuarenta y un mil ochocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento diecisiete pesos m/cte ($41.844.647.117), para ejecutarlos en la actividad de “Condonaciones del 25% por graduación” a los beneficiarios de créditos que cumplan con el marco normativo vigente”.

A pesar de las promesas de los funcionarios y de las jornadas que se han realizado, la Procuraduría aseguró que las tasas de interés de los préstamos del Instituto subirían fuertemente, debido especialmente a que el Gobierno nunca pudo contar con los $350.000 millones que saldrían de las cuentas que los colombianos tienen inactivas en los bancos y corporaciones de ahorro y los cuales servirían para subsidiar a más de 220.000 jóvenes.

El Ministerio de Hacienda reconoció que los recursos que se destinarían a subsidiar la reducción en las tasas de interés de los deudores del ICETEX ya se gastaron: “Los recursos trasladados por las entidades financieras con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Ley hicieron unidad de caja y fueron destinados a financiar cada una de las respectivas vigencias fiscales, en virtud de lo contenido en las leyes de presupuesto anteriores”, informó la Dirección General del Presupuesto Público.

La promesa presidencial de que los jóvenes detenidos por participar en las protestas durante el paro nacional quedarían libres y serían nombrados voceros de paz, solo se ha cumplido de manera parcial.

El 22 de diciembre de 2022, Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris quedaron en libertad para convertirse en voceros de paz, una figura con la que el Gobierno de Gustavo Petro pretende sacar de la cárcel a cerca de 200 jóvenes –procesados o condenados– que participaron en el paro nacional de 2021.

Luego, el 5 de enero de 2023 sucedió lo mismo con Briam Andrés Cabrales Jaramillo y David Esteban López Barrera, quienes se encontraban en detención domiciliaria en Bucaramanga.

A pesar de estas liberaciones, el mismo presidente Gustavo Petro reconoció en la sesión del Consejo Nacional de Juventud, en San Andrés, que su plan para sacar a los integrantes de la Primera Línea fracasó: “Nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar”, afirmó el Presidente.

El mandatario sostuvo que los jóvenes deben continuar con la movilización social para poder liberar más fácil a los integrantes de la primera línea que continúan en las cárceles del país.

Según anunció la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al 29 de mayo de 2023 el Gobierno había adquirido 12.100 hectáreas de tierras para destinarlas a la reforma agraria, muy lejos de las 1,5 millones a las que se comprometió el Gobierno.

Las familias que recibieron tierras en los municipios de Caloto y Corinto (norte del Cauca), pertenecen a comunidades negras de los consejos comunitarios y resguardos indígenas de esa región del país, donde la Agencia compró 24 predios por 490 hectáreas.

Otros seis predios (447 hectáreas) fueron adquiridos en Sincelejo (Sucre), Barrancas (La Guajira), La Plata (Huila), Riosucio (Caldas) y Silvia (Cauca) y beneficiarán a 3.542 familias pertenecientes a resguardos indígenas de esos departamentos.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, advirtió que era innecesario haberle introducido a la ponencia artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

“Yo espero que esto no desestimule ni el ofrecimiento de tierras, ni tampoco la capacidad de respuesta del sector productivo para seguir produciendo, en el caso nuestro más carne y más leche. Si hay un acuerdo, compramos”, afirmó Lafaurie en su momento a El Tiempo.

De esta manera, el presidente de la agremiación de ganaderos de Colombia señaló que ellos están preparados para cumplir con los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno de Gustavo Petro y espera que el Plan Nacional de Desarrollo no sea una amenaza de lo que se ha pactado.

Para el analista Jairo Libreros, el proceso de adjudicación va muy lento; el especialista asegura que fue un golpe de opinión muy importante que abrió un compás de espera que no se cristalizó en el primer año de Gobierno, pero que en el segundo muy seguramente va dejar mejores frutos.

Por su parte, Jorge Yarce, especialista en temas de liderazgo, explicó que “estos son programas que requieren de fuertes capitales, para poder intervenir en esa compra de tierras y los procesos subsecuentes para la adjudicación y legalización”.

El pasado 29 de abril, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), puso en marcha el programa ‘Tránsito a Renta Ciudadana’, con lo que se aumentará la población beneficiada de 1.900.000 hogares con Familias en Acción a 3.300.000 hogares, aproximadamente, lo que representa un incremento del 42,4%.

En términos de inversión anual, se pasa de 1,7 billones de pesos a casi 7 billones de pesos, un aumento presupuestal de más del 400%.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro indicó que gran parte de los beneficiarios del programa serán madres cabeza de familia.

“En mi Gobierno más de 3 millones de hogares, especialmente los de las madres cabeza de familia, recibirán un ingreso digno. Hoy celebramos la puesta en marcha del programa Renta Ciudadana” , afirmó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

El mandatario había trinado en el mismo sentido que “el bono a la madre por medio millón de pesos mensuales, busca sacar de la pobreza a dos millones de mamás cabeza de familia y de sacar a sus hijos de cualquier posibilidad de desnutrición. Es el comienzo de la renta ciudadana”, trinó el mandatario el pasado 8 de diciembre de 2022.

Otro de los principales compromisos de Gustavo Petro es que “el cambio es con las mujeres” y que ellas “ocuparán, al menos, el 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder, que permitan potenciar la toma de decisiones en favor del cambio”.

Sin embargo, la representante Catherine Juvinao, ponente en la Cámara de Representantes del proyecto de ley estatutaria que aumenta hasta 50% la representación mínima de mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio, no considera que esta promesa se este cumpliendo.

Así lo dijo a la Revista Cambio: “El presidente Petro en campaña siempre dijo que el cambio era con las mujeres; qué bonitos los discursos grandilocuentes, pero las queremos ver en los puestos de alta dirección”.

“Yo no creo que este Gobierno esté haciendo algo especial o distinto a los demás para darle más juego a las mujeres. Veo lo mismo, las mujeres peleando para que les den los cargos, más espacio dentro del Gobierno o en las listas para las elecciones que se vienen ahora”, señaló a propósito de los comicios que se acercan en octubre.

Una muestra de que la paridad de género está quedando a un lado es que el presidente Gustavo Petro, quien nombró como nuevo ministro de Minas y Energía a Andrés Camacho y de Cultura a Juan David Correa, tiene actualmente en su gabinete a 11 hombres y 8 mujeres.

En el Primer Encuentro Cocalero del Catatumbo, que reunió a más de 5.000 personas, el presidente Gustavo Petro anunció la construcción de una institución de educación superior en el Catatumbo: “Esta universidad, indudablemente, va a ser la alternativa de la paz, va a ser un pilar para la construcción de la Paz Total en la región”, aseguró el mandatario.

Según lo indicado, este centro educativo acogerá a 3.245 estudiantes de la región y beneficiará a jóvenes los municipios cercanos como Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

El Fondo Colombia en Paz (Fondopaz), la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) y la Alcaldía de El Tarra firmaron el 21 de abril de 2023 el Plan Parcial para la Universidad del Catatumbo.

Este proceso del Complejo Educativo del Catatumbo tiene una financiación por 39.000 millones de pesos y se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo.

Para Jorge Yarce, la Universidad de Catatumbo puede tener otras formas de financiación ligadas a los sistemas generales de regalías, tanto del orden regional como del orden local, particularmente los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, advirtió que los problemas de financiación pueden venir después “con elementos asociados como las plantas de profesores y la parte administrativa, que deben tener un equilibrio en el presupuesto nacional y en el departamental”.

Durante la ceremonia de ascenso de 96 oficiales en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, el presidente Gustavo Petro Urrego confirmó: “No solamente para sacar el Galeón San José aquí cerca. Este Gobierno quiere sacarlo y quiere, como en el pasado, la ayuda de la Armada en ese propósito, para que aquí en esta ciudad muy seguramente podamos mostrarle al mundo ya no el galeón, porque ya no existe, pero por lo menos sí su tesoro”.

Para el analista Yarce, en el proceso técnico del Galeón San José la ley establece que en ese tipo de hallazgo o recuperación de bienes culturales de la Nación, hay unos reconocimientos económicos para quien los hace, entonces eso se podría pagar con parte de los frutos de ese hallazgo.

“Solicitar una empresa que tenga los requisitos técnicos la capacidad logística para desplazarse y hacer las inmersiones y rescatar el patrimonio cultural de la nación en situación de garantía de su conservación es un tema muy costoso. Sin embargo no creo que sea uno de los propósitos fundamentales en lo que queda de estos tres años de Gobierno”, agregó.

Quizás la reanudación de las relaciones con el país vecino es una de las pocas promesas completamente cumplidas del actual gobierno. Para el analista Jairo Libreros, Venezuela es uno de los frentes que tiene para mostrar: “Este primer año de gobierno era para restablecer las relaciones políticas, diplomáticas y consulares para encontrar espacios que permitan el regreso de la democracia liberal a Venezuela y para activar económicamente al país con un frente que le puede producir un porcentaje importante del crecimiento del PIB al año”.

En ese sentido, las proyecciones del comercio bilateral siguen augurando un futuro mejor. “Se estima que para este año el comercio estará entre los 1.700 y 1.800 millones de dólares teniendo en cuenta la recuperación de los sectores productivos de Venezuela y Colombia”, según afirmó Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

De acuerdo con el funcionario, para el 2026, el último año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, se prevé que el comercio se ubique entre 5.000 y 5.500 millones.

Por su parte, Yarce puntualizó: “Venezuela, una promesa cumplida y en construcción de nuevos resultados, evidentemente eso fue lo que más rápido se consolidó y se logró”.

El presidente Gustavo Petro sancionó el 5 de noviembre de 2022 la ley que aprueba el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú.

Según señaló el presidente: “lo que garantiza esta Ley es el acceso a la información, en primer lugar, sobre proyectos, iniciativas del Estado o privadas, que tengan que ver con afectaciones al medio ambiente. Toda la información ambiental que es un derecho fundamental, aquí se garantiza a partir de esta Ley, para cualquier persona”.

Mientras que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció en contra de la medida durante un discurso en el Congreso. “La soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional (...) Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte”, agregó.

El analista Jorge Yarce afirmó que “avanza a buen ritmo desde el ministerio de Ambiente la consolidación de la etapa de implementación”.

Por su parte, Libreros sostuvo que “es una victoria temprana del Gobierno Petro, logró la aprobación, logró el consenso y la aprobación para volver realidad la vinculación de Colombia a Escazú”.

En diversas ocasiones, el presidente Gustavo Petro ha dicho “no” al fracking, lo ha repetido en discursos, debates, entrevistas o a través de su cuenta de Twitter: “Lamentable. La práctica del fracking destruye el agua y el territorio. Antes que nada, la salud de la población es prioritaria. Pasaremos cuanto antes a las energías limpias para que la energía no destruya la vida, sino que la fortalezca”.

El proyecto que lo prohíbe llegó al senado de la República y allí obtuvo 62 votos por el sí y 9 en contra, en segundo debate.

En su momento, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, afirmó que “la decisión que tomó el senado, conlleva a que no se abra paso a prácticas absolutamente depredadoras, poco eficientes en sacar energía pero que si generaría un conflicto con el agua profundo. Es también un trabajo de las comunidades del Magdalena Medio, de Puerto Wilches, donde iban a hacer estos pilotos”.

Entre los congresistas que votaron en contra están Paloma Valencia, quien apuntó que “el fracking va a hacer fundamental para extraer reservas, porque Colombia se va a quedar sin gas, “sin recursos no va a haber cómo proteger el medio ambiente”.

Mientras que Josué Alirio Barrera, de la misma colectividad, afirmó que dicha prohibición, “es el comienzo de la persecución de la minería en Colombia porque se está aprobando el proyecto a las carreras y a pupitrazo”.

Por último Libreros subrayó: “Está enredado no hay claridad sobre cuál va a ser la regulación precisa para prohibir el fracking”.