La guerra contra las drogas fracasó en el mundo: la tesis de Gustavo Petro para justificar su política contra los cultivos ilícitos y el tráfico ilegal de estupefacientes

Una de las principales apuestas del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, es cambiar la política de drogas que recibió como herencia de sus antecesores. Sin embargo, a un año de comenzar su administración apenas está empezando a implementarse la que sería su hoja de ruta para solucionar uno de los problemas que más ha azotado a Colombia durante más de medio siglo: el narcotráfico. ¿Cómo le ha ido y de qué manera lo ven desde diferentes sectores? Infobae Colombia le puso la lupa al tema.

En su primer discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), el mandatario colombiano anunció a la comunidad internacional que implementaría un nuevo enfoque en la lucha contra los estupefacientes, lo que implica cambiar el foco de los esfuerzos y promover su política de Estado llamada ‘De la guerra contra las drogas al cuidado de la vida’.

Desde su posesión como jefe del Estado colombiano, Gustavo Petro y su gabinete han repetido una y otra vez que esta administración está empeñada en concentrar los esfuerzo en frustrar los envíos de cocaína al extranjero y no en perseguir a los cultivadores, contrario a la visión tradicional, impulsada por los Estados Unidos, que medía el éxito o no de la lucha contra las drogas en las cifras de reducción de hectáreas de cultivos de uso ilícito.

A pesar de la insistencia del presidente y sus ministros en que es necesario un nuevo enfoque en los esfuerzos por combatir el comercio de sustancias ilícitas, para Estefanía Ciro, investigadora en narcotráfico y directora del portal Orilla del Río, estos esfuerzos no han significado un cambio significativo, como se propuso inicialmente.

“Es la misma política que está plasmada en los Acuerdos de Paz (con las Farc). Todavía no presentan el documento oficial. Todavía están en discusiones. El primer balance es que llevan un año haciendo las nuevas políticas de drogas”, aseguró a Infobae Colombia la también economista y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La experta reconoce que, pese a que no hay mayores resultados, debido a que esa iniciativa sigue construyéndose, sí ve con buenos ojos que el Gobierno nacional deje de perseguir a los cultivadores de coca. Destaca, además, que es una visión diferente a la que tenían gobiernos anteriores, como el del expresidente Iván Duque, quien, a pesar de que enfocó sus esfuerzos en erradicar cultivos de uso ilícito, en 2021 y 2022 no logró las metas previstas.

Según Ciro, durante el Gobierno Duque, Colombia “retrocedió 10 años” en materia de lucha contra el narcotráfico y echó por la borda lo que se había alcanzado durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018); además, asegura que, en lo poco que se ha visto de la apuesta de Petro, hay “una reflexión más amplia sobre las regulaciones y el desarrollo alternativo”.

El coronel en retiro de la Policía Nacional Miguel Tunjano le dijo a Infobae Colombia que la propuesta antidrogas de Petro no es novedosa, pero combina las apuestas de los gobiernos anteriores y se enmarca en un “plan muy filosófico” que, desde su perspectiva, “es lo mismo, sino que hay un concepto diferente de cómo lo perciben”.

Tunjano fue parte de la Dirección Antinarcóticos, asesoró la política de drogas en el 2018 y luego fue asesor de la ONU en los mismos temas. Por eso, desde su experiencia, considera que “guerra contra las drogas no ha habido” y destaca que siempre han existido lineamientos sociales y policivos, lo que pasa es que dependiendo del gobierno de turno se priorizan unos y otros.

“La política no es que no haya sido eficaz por la erradicación. La política ha sido ineficaz, porque las otras entidades encargadas del desarrollo territorial no han hecho nada”, afirmó Tunjano. Incluso, el Plan Colombia (que inició en el Gobierno de Andrés Pastrana), asegura, tenía un componente de desarrollo social y una política criminal, pero no solucionó el problema, sino que lo modificó.

La actual política de drogas se basa en la “paz total” con la que se busca el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. “Eso mismo pasó en el 2006 con Justicia y Paz, paramilitares y bandas criminales. ¿Qué tenemos ahora? Mutación de organizaciones”, señaló Tunjano.

Pese a los reparos de los expertos citados, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostuvo a esta casa periodística que lo único que falta para arrancar de lleno con la nueva política es hacerla pública, para lo que no hay una fecha definida. Por lo pronto, solo se han presentado los ocho lineamientos, pero falta conocer las estrategias, recursos, metas y objetivos.

La conclusión sería que “el diablo está en los detalles”, pero por el momento reposan en los documentos que tiene el Gobierno nacional. Estos involucrarán a todo el componente del Estado, según dijo el jefe de cartera.

“Antes no era así, antes la política de drogas era una política solamente criminal, policiva y de persecución. O sea, jamás en los ministerios de Agricultura o de Educación se planteaba que estos tuvieran algo que ver con drogas. En este giro de la política todos tenemos que ver con resolver ese problema”, explicó Osuna.

La política de drogas requiere un componente internacional, pues, entre otros aspectos, debe cumplir con la Convención de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la que Colombia es firmante y que dicta el control de la cocaína, entre otras sustancias.

Además, depende de un abultado flujo de recursos de Estados Unidos, basado en el control del narcotráfico para evitar afectaciones sociales con la entrada de drogas, y económicas, con la salida de dólares.

Anualmente, EE.UU. entrega alrededor de 450 millones de dólares a Colombia para la política de drogas, que se distribuyen en erradicación, lucha contra el crimen, fortalecimiento de la justicia y la Fiscalía y desarrollo sostenible, entre otros programas.

El Gobierno de Joe Biden ya aceptó dejar de emitir su reporte de hectáreas cultivadas, pero los demás componentes son claves para que siga certificando a Colombia en la lucha contra las drogas y el Congreso mantenga el flujo de los recursos.

“Estados Unidos es un aliado muy importante para Colombia. Estamos de acuerdo con esto, la colaboración económica, la colaboración policiva y la colaboración en la información, todo sigue”, indicó el ministro de Justicia.

Aunque la regularización del cannabis de uso adulto en el país se hundió en el Congreso de la República, Néstor Osuna aseguró que el Gobierno pretende incluirla dentro de la política antidrogas, lo que no ha pasado desapercibido para la oposición, que considera que la legalización de ese tipo de sustancia no es viable ni nacional, ni internacionalmente.

Así lo aseguró a Infobae Colombia la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, una de las mayores opositoras a la legalización de cualquier tipo de droga. La congresista uribista aseguró que el Ejecutivo “está pensando en que legalizar sea una salida”.

Además, como el mismo Ministerio de Defensa lo reconoció en el pasado, al publicar cifras de erradicación, Valencia aseguró que “se ha visto que en el país cayeron los índices de incautación y de interdicción aérea y marítima”.

El ministro Osuna desmintió esa versión y sostuvo que en lo que va del Gobierno Petro han sido exitosos en la confiscación de cocaína: más de 317 toneladas en lo que va del 2023, y en 2022, 671.000 toneladas, logro que también se le debe adjudicar al Gobierno Duque, que acabó en agosto del año pasado.

El funcionario, además, reiteró que contrario a lo que asegura la senadora Paloma Valencia, penalizar estupefacientes como el cannabis solo ha acrecentado el problema.

“El prohibicionismo no ha funcionado y no es que no le haya funcionado a Colombia, no le ha funcionado a ningún país del mundo. Es hora de que un líder mundial, como nuestro Presidente, ponga la alerta de que es necesario un giro en esa materia”, aseveró.

Pese a que el Gobierno no pretende regularizar la cocaína, sí busca cambiar el estigma sobre otros productos a base de hoja de coca, lo que ayudaría al campesinado que vive de esos cultivos en diferentes regiones para tener una alternativa en el marco de la legalidad.

Entre las apuestas del Gobierno en esta materia está subsidiar los emprendimientos de productos con base en la planta de la coca. Paloma Valencia cuestiona esa iniciativa al considerar que “el Gobierno tendría que entrar a competir en precios con los mafiosos”. A juicio de la senadora este tipo de iniciativas crearían una competencia entre legales e ilegales.

“Los mafiosos dirían: ‘la pagó a 110′; si el Gobierno dice: ‘la pagó a 110′, ellos dirían: ‘la pago a 120′. Entonces, eso es un sin salida. Creo que el Presidente tiene que reflexionar mejor sobre cómo se enfrentan los mercados ilegales”, exhortó Valencia.

La experta Estefanía Ciro (de Orilla del Río) cree que la apuesta de subsidiar el mercado de hoja de coca es viable, pero advierte que el Estado no debe olvidar “que la arroba de hoja de coca tiene un valor y su transformación en pasta base tiene otro mucho más alto”, señaló Ciro, quien consideró que, pese a que sí es viable que los campesinos pasen de la ilegalidad a emprender con esos productos, por ahora no hay un mercado establecido para esos fines.

El expolicía Miguel Tunjano, por su parte, coincidió con esa visión e invitó a basar esa propuesta en un estudio de mercado para determinar si esos emprendimientos legales pueden competirle a la cocaína.

“El primer uso alternativo, básicamente, fue el abono, pero ¿cuánto vale producir un kilogramo de abono de hoja de coca si acá en el mercado yo consigo muchos abonos más económicos?”, cuestionó el pasado asesor de la ONU.

Como ha pasado con la mayoría de iniciativas del Gobierno Petro, como las reformas a la salud, laboral y pensional, la política antidrogas sigue siendo debatida con especulaciones y supuestos, dado que al término del primer año de mandato no hay un texto oficial.

Por ello, habrá que ver cómo se implementa ese ambicioso proyecto que liderará el presidente Gustavo Petro en el extranjero, tal y como se lo confirmó a Infobae el ministro Néstor Osuna, y con el que buscará defender ante el mundo su tesis de que la guerra contra las drogas fracasó. Amanecerá y veremos.