Horas después del discurso presidencial de Gustavo Petro en el Puente de Boyacá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció un duro golpe al Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas Farc al mando de alias Iván Mordisco.
De acuerdo a lo indicado por el alto funcionario en su cuenta de Twitter, las Fuerzas Militares en un operativo conjunto con la Policía Nacional abatieron en el municipio Yondó (Antioquia) a Lenyn Quintero Moyano, alias Alfredo Jiménez o Pedro, jefe máximo del Frente 37 y coordinador de las estructuras 4, 24 y 36 del Bloque Magdalena Medio de esa estructura.
Este golpe se produjo en medio de los avisos de acercamiento entre el Gobierno y la disidencia de cara a la instalación de una mesa de diálogos y después de hechos violentos propiciados por ese grupo ilegal como el asesinato de una menor de cuatro años en el municipio La Plata (Huila).
Además, ocurrió solo unos días después del asesinato de la patrullera Paula Cristina Ortega el miércoles 2 de agosto en Neiva. El crimen fue repudiado por diversos sectores sociales y políticos, empezando por el mismo Gobierno y el jefe de la cartera de Defensa Nacional, que lanzó duras críticas al Estado Mayor Central por su “doble discurso” sobre la búsqueda de la paz con la actual administración.
“Por una parte, algunos dirigentes como ese señor Iván Mordisco, que cuando estaban en el cese afirmaba que lo respetaba, pero por otra, simultáneamente sus estructuras como la Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos atacaban a la fuerza pública y a las comunidades en Cauca”, expresó el jefe de la cartera castrense. En ese sentido, dijo que esta disidencia no ha tenido un compromiso real con sentar la paz con el Estado.
“Aquí hay una situación realmente compleja. Yo afirmo que el Estado Mayor Central ha tenido un interés, no solo de copar territorios, sino de tener bajo su control comunidades y organizaciones sociales, y en esta actividad de ellos por tener el control han asesinado a muchos líderes comunales”, manifestó Velásquez tras la muerte de la uniformada en la capital de Huila.
También se despachó contra el asesinato de excombatientes de las Farc que se encuentran en proceso de reincorporación a manos de esa disidencia. Para el ministro, esos crímenes también van en contravía de los acercamientos con el Gobierno de cara a la instalación de una mesa de diálogos.
“Aquí no hay ética de la guerra, si es que se pudiera hablar de ética, porque una cosa es la confrontación armada donde mueren de lado y lado en un enfrentamiento, y otra muy diferente asesinar en condiciones como esta en que se mató a la patrullera”, dijo Velásquez, que volvió a referirse al crimen de Paula Ortega.
Así las cosas, el funcionario enfatizó en que la fuerza pública no detendrá sus operaciones contra las disidencias en caso de que se concrete una mesa de conversaciones y un eventual cese al fuego bilateral.
Por otra parte, la Fiscalía anunció otro golpe contra materializado en la incautación de 17 bienes con fines de extinción de dominio que estaban avaluados en USD7,5 millones (30.645 millones de pesos colombianos).
Los operativos llevados a cabo por los fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio indicaron que los bienes incautados serían propiedad de “presuntos colaboradores de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc”. Las autoridades indicaron que las propiedades, que fueron afectadas con medidas cautelares, se entregaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encarga de gestionar los bienes incautados a los criminales en todo el territorio nacional.