Suministro de dosis controladas a adictos y pagos por servicios ambientales para campesinos cocaleros: el ministro de Justicia Néstor Osuna explica la política de drogas del Gobierno Petro

El ministro de Justicia Néstor Osuna tiene entre sus tareas dos de las principales propuestas del Gobierno nacional: la ley de sometimiento para la paz total y la política de drogas que se dará a conocer en el inicio del segundo año de la administración de Gustavo Petro.

En entrevista con Infobae Colombia, el funcionario explicó los lineamientos de la propuesta; además, señaló que no es para complacer al fiscal general y que no se legalizará la cocaína.

Infobae Colombia: Durante el primer año de Gobierno, se invirtió tiempo en definir la política de drogas, pero aún no se conoce y no ha empezado a implementarse. ¿Por qué esta demora y cuándo estará lista?

Ministro de Justicia (M.J): Eso no es cierto. Desde el primer día, comenzamos a ejecutar un cambio en la política de drogas. Esto implica: enfocar el esfuerzo penal en la interdicción, la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios; y por otro lado, ofrecer alternativas a los campesinos. Sin embargo, diseñar una política de drogas que difiere de lo que se ha hecho en los últimos 50 años requiere consultas extensas y participación popular con todas las comunidades involucradas: cultivadores de hoja de coca, consumidores, padres de familia, productores lícitos, industriales. Recopilar toda esta información y demandas nos ha tomado tiempo, pero la esencia de nuestra política se ha estado implementando desde el primer día.

Infobae Colombia: ¿Han propuesto alternativas económicas para los cultivadores de coca?

M.J: Sí. Una opción es acceder a tierras de la Reforma Agraria. Además, contamos con el PNIS, que viene de gobiernos anteriores, ofreciendo sustitución voluntaria y un apoyo económico para integrarse en la economía legal. También estamos trabajando en propuestas aún no concretadas, como la sustitución de cultivos y pagos por servicios ambientales, permitiendo que la selva amazónica recupere su frontera natural.

Infobae Colombia: Han invertido un año en consultas con las comunidades y sectores interesados, pero aún no han logrado convencer al fiscal...

M.J: La política de drogas no se crea para convencer a un funcionario público. Buscamos solucionar un problema que lleva 50 años sin resolverse, en el que Colombia ha invertido enormemente y ha sufrido mucho, sin obtener resultados satisfactorios. Esta política no se diseñó para complacer a una persona, sino para abordar un problema real.

Infobae Colombia: ¿Cuándo se va a presentar al Consejo Nacional de Estupefacientes?

M.J: Ya se presentó al Consejo de Estupefacientes hace más de 15 días. Precisamente nos dimos un plazo hasta el 28 de julio para hacerle más observaciones, recomendaciones y en este momento se están recogiendo esas observaciones finales ya para publicarla.

Infobae Colombia: ¿Ya está aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes?

M.J: Es que el Consejo no la aprueba, esto es una política del Gobierno nacional que la sometimos a consultas, a deliberación por el Consejo Nacional de Estupefacientes, pero no la aprueba el Consejo Nacional, la aprueba el Gobierno.

Infobae Colombia: Entonces solo falta que la publiquen...

M.J: Sí

Infobae Colombia: ¿Qué diferencias hay entre esta política que ustedes están formulando y la que se ha trabajado por esos 50 años, que dicen que no ha funcionado?

M.J: Durante 50 años hemos desarrollado algo que internacionalmente se ha llamado la guerra contra las drogas, que consiste en considerar que es ilegal toda actividad relacionada con estas sustancias desde el cultivo, la fabricación, el tráfico y el consumo. Colombia ha dado algunos pasos para despenalizar el consumo.

En qué cambia lo nuestro, en que estamos interesados en concentrar el esfuerzo penal, el esfuerzo de persecución en el narcotráfico, en el lavado de activos, en la cocaína, en las mafias y en darle un tratamiento de salud pública sin estigmatización a los consumidores y un tratamiento de sustitución de economía a los cultivadores. Es decir, distinguir claramente los dos eslabones más débiles que hay en este proceso que son los cultivadores y los consumidores y a ellos ofrecerles una política que podríamos llamar de oxígeno. Es decir: salud pública para el consumo problemático y alternativas de tránsito a la legalidad para los cultivadores y concentrar el esfuerzo penal en lo que está en medio que es el tráfico, la venta, la producción de cocaína, el lavado de activos, el contrabando, todo eso. Ese es el giro.

Infobae Colombia: ¿La medidas de salud pública y alternativas para consumidores no existen ya en el país?

M.J: Durante la alcaldía de Petro en Bogotá se implementaron políticas de salud pública dirigidas a los consumidores. Sin embargo, a nivel nacional, estas políticas no existen. Una política de salud pública debería distinguir entre el consumo que no representa un problema —ante el cual el Estado puede optar por no intervenir— y el consumo problemático o adictivo. Para aquellos que enfrentan un consumo problemático, proponemos brindar atención médica. Esto podría incluir el suministro controlado de la sustancia a la cual son adictos. Junto con este suministro, se podría contar con el apoyo de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y expertos en trabajo social para tratar a estas personas. El objetivo sería que, a través de estas políticas de salud, abandonen su consumo problemático. Aunque el consumo ya no esté penalizado en el país, aún carecemos de este enfoque de salud.

En cuanto a los campesinos cultivadores, es cierto que existe el PNIS, conforme a lo acordado en el acuerdo de paz. También se ha pactado una política de sustitución de cultivos. Sin embargo, una política que esté vinculada con toda la oferta social del Estado (como la reforma agraria, educación e inclusión de jóvenes en ciclos económicos legales) es algo que en realidad nunca se ha ofrecido a los campesinos que cultivan hoja de coca.

Infobae Colombia: Darle la sustancia con la que el consumidor tiene un consumo problemático, ¿implica legalizar esa sustancia?

M.J: No. Implica, así como si una persona va a un hospital y se le administra un antibiótico que no se vende en una farmacia, pues una persona que tiene consumo problemático, el Estado le suministra controladamente esa sustancia. Su propia pregunta implica que hay una estigmatización, que hay una visión criminal sobre eso, eso es lo que queremos ahorrar.

Piense usted el consumo problemático de alcohol. Entonces, existe Alcohólicos Anónimos, nadie piensa que eso es delincuencial, que eso es criminal. Bueno, esa misma idea. No digo que la terapia sea la misma, pero sí una actuación del Estado a favor de unas personas que están teniendo un problema de salud para que puedan superar ese problema de salud.

Infobae Colombia: El Gobierno propone alternativas del uso de la coca para que los cultivadores puedan utilizar los cultivos que tienen de una forma ilícita. ¿Eso implica legalizar la hoja de coca?

M.J: Pensar que una planta es ilegal… la naturaleza da esa planta. Entonces, qué es ilegal: hacer cocaína. Eso es ilegal. Pero las plantas de coca se pueden utilizar para hacer fertilizantes, para hacer textiles, para hacer cosméticos, para hacer alimentos, para muchas cosas. De hecho, en varios países del mundo se utilizan de ese modo. Esos usos lícitos o no narcóticos de la hoja de coca se pueden impulsar para que haya más producción a partir de una planta que da muchos muchos frutos de sí. Esa visión criminalizante ha impedido ver que es una planta que crece naturalmente en estas tierras.

Infobae Colombia: Esos usos lícitos de la hoja de coca deben pasar por una regulación, como es el caso del cannabis medicinal. Y esa regulación es muy lenta, tendría que pasar por el Congreso.

M.J: Algunas cosas pasarían por el Congreso, otras se pueden pasar por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Infobae Colombia: También se dice que no es rentable.

M.J: En el Perú tienen una actividad industrial de producción de un comestible a partir de la hoja de coca que, incluso, lo exportan a los Estados Unidos y que enriquece a muchas personas. Entonces, lo de que no sea rentable habría que esperar a ver qué nos dice el mercado.

Infobae Colombia: ¿A dónde esperan llegar con esta política?

M.J: Disminuir las muertes y proteger la vida. Disminuir el consumo problemático de drogas, acabar o disminuir drásticamente las estructuras criminales y permitir una regulación razonable, una regulación inteligente de estas sustancias, de estas drogas.

Infobae Colombia: Esta política contempla la legalización del uso adulto del cannabis, ¿también se va a incluir la legalización de la coca?

M.J: Uno de los uno de los elementos de la política sí tiene que ver con la regulación responsable del consumo de cannabis y hasta ahí llegaremos. Lo de despenalización del comercio, de la venta de cocaína no está planteado en nuestra política.

Infobae Colombia: ¿Cómo van a materializar los ocho lineamientos que se han propuesto? ¿Cuál es el presupuesto?

M.J: Depende. No es un presupuesto separado del resto de los presupuestos del Estado, porque esto incluye toda la oferta social, es decir, llevar salud, llevar carreteras, llevar universidades. Entonces, todo el presupuesto de salud tiene una parte que va a beneficiar a personas que tienen, por ejemplo, consumo problemático de drogas.

La reforma agraria está hecha para muchas personas. Unos de sus beneficiarios serán antiguos o actuales cultivadores de hoja de coca. La reforma educativa beneficiará a personas que no han tenido la posibilidad de aprender un oficio diferente a cultivar hoja de coca y podrán aprenderlo. Entonces, todos esos presupuestos están en el presupuesto social del Estado y no son un presupuesto separado como si fuera un presupuesto para las drogas, sino que es la integralidad del Estado resolviendo eso.

Infobae Colombia: ¿Por qué se incluye la transformación de territorios en la política de drogas, si ya lo está haciendo el Plan Nacional de Desarrollo?

M.J: Porque antes no era así. Antes, la política de drogas era una política solamente criminal, policiva y de persecución. O sea, jamás en el Ministerio de Agricultura se planteaban que ellos tuvieran algo que ver con drogas. Jamás en el Ministerio de Educación se planteaba que ellos tuvieran algo que ver con drogas. En este giro de la política todos tenemos que ver con resolver ese problema.

Infobae Colombia: ¿Por qué se incluye un lineamiento ambiental si el principal actor de la deforestación es la ganadería?

M.J: Porque hemos detectado que una parte de la depredación de la selva amazónica es por cultivos de hoja de coca. Para proteger el pulmón del mundo, hay que permitir que la selva recupere su frontera natural, lo cual quiere decir: retirar esas plantas de coca. Entonces, por eso hay una relación ambiental especialmente en la selva amazónica, también en otros bosques tropicales, pero especialmente allí porque los cultivos de coca, cuando han ido invadiendo el terreno de la selva, son deforestadores también.

Infobae Colombia: ¿Cómo se están adelantando las estrategias diplomáticas para esta política?

M.J: Con los Estados Unidos tenemos un diálogo muy fluido, tenemos encuentros, coincidencias en la forma de abordar los problemas y en esto la verdad es que nos hemos colaborado mutuamente con razones, con argumentos, con consejos, que siempre son bienvenidos.

En otros ámbitos diplomáticos, el Presidente de la República ha llamado la atención y seguirá llamando la atención sobre la necesidad de un giro universal en esa materia. El prohibicionismo no ha funcionado y no es que no le haya funcionado a Colombia, no le ha funcionado a ningún país del mundo. Es hora de que un líder mundial como nuestro Presidente ponga la alerta de que es necesario un giro en esa materia.

Infobae Colombia: Pero el presidente no los va a convencer, los convencen los embajadores...

M.J: Los de la Ilustración liberal convencieron a los reyes franceses de cambiar el sistema de gobierno; las feministas convencieron a los hombres de tener el derecho al voto. Entonces, el discurso pesimista de esto no sirve para nada no es cierto, los cambios siempre comienzan por alguien que señala las deficiencias del método anterior.

Infobae Colombia: ¿La diplomacia de la política de drogas la va a dirigir el Presidente?

M.J: La dirige, no la va. Lleva un año haciéndolo, no es sino escuchar todos sus discursos internacionales.

Infobae Colombia: ¿Estados Unidos le sigue dando presupuesto para la política de drogas?

M.J: Estados Unidos es un aliado muy importante para Colombia. Estamos de acuerdo con esto, la colaboración económica, la colaboración policiva, la colaboración en la información, todo sigue.

Infobae Colombia: ¿Cómo se va a impedir que se aumenten los cultivos cuando se le da un tratamiento especial a los campesinos que ya no es la criminalización?

M.J: Precisamente eso tiene que ver con sustituir los cultivos por una actividad agropecuaria que esté dentro de la ley, puede ser otro producto agropecuario, puede ser ganadería, puede ser agricultura, pueden ser proyectos urbanos, proyectos industriales. El tránsito de la legalidad implica abandonar la actividad ilícita para pasarse a una actividad lícita.

Infobae Colombia: ¿Se va a pagar a los que dejen de cultivar?

M.J: Depende. El PNIS eso es lo que hace desde hace muchos años, o sea, eso no es novedoso ni escandaloso ni nada, eso ya se hace. Hay una posibilidad de la que ha hablado el presidente (ya no es novedoso porque lleva un año diciéndola) que es la de pago de servicios ambientales a precisamente aquellas personas que han cultivado hojas de coca en la selva amazónica, si retiran esas plantas, es decir, si las arrancan y permiten que la selva se recupere, mientras se establecen en otra actividad dentro de la ley, se ha pensado la posibilidad de pagar alguna remuneración por esos servicios ambientales.

Infobae Colombia: ¿Cómo impedir que ante esa política haya más gente que depreda la selva para recibir ese beneficio?

M.J: Poniendo una fecha. Esto no se hace a ciegas, tenemos un monitoreo kilómetro a kilómetro con fotos satelitales que son de una exactitud impresionante y sabemos dónde hay hoja de coca. Entonces sabemos: a tal día es el punto de partida, de aquí en adelante ya no se no se ven beneficiados por la política cultivos nuevos, sino solo los cultivos que había a tal fecha.

Infobae Colombia: ¿Hay algún lineamiento para control de la oferta en términos de drogas ilícitas?

M.J: Hemos sido bastante exitosos en la incautación de cocaína, en la destrucción de laboratorios de producción de cocaína, en la interdicción, en la captura de narcotraficantes. Eso, por supuesto, disminuye la oferta. También es cierto que hay otros factores que no necesariamente son del Estado colombiano, hay un cambio en los hábitos de consumo en otros países del mundo. Hay unas sustancias que no tienen que ver nada con la hoja de coca que están teniendo cierta preferencia por los consumidores en otro lugar del mundo y eso también hace que haya menos estímulos para la oferta.

Infobae Colombia: Ministro, pero las cifras de incautación se han reducido...

M.J: Si usted las analiza, se han aumentado en toneladas de cocaína.