Ómar Leonardo Beltrán, juez 74 Penal con Función de Control de Garantías de Bogotá, confirmó el viernes 4 de agosto de 2023 que Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro Urrego; y Daysuris Vásquez Castro, su expareja sentimental, serán investigados por la comisión de nuevos delitos, lo que agravaría su situación judicial.
Durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento en contra del joven político, el togado indicó que encontró méritos suficientes para compulsar copias para que se le indague si los sindicados son o no responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.
Lo anterior por la suscripción de contratos con la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO), que habría servido de fachada para presuntamente usufructuarse de Plan de atención del Adulto Mayor, que habría sido fuente para la desviación de recursos. Tal y como lo denunció el fiscal del caso, Mario Burgos.
“En las conversaciones en el aplicativo de mensajería instantánea Whatsapp entre la señora Daysuris del Carmen Vásquez y los señores Nicolás Petro y Pedro Name, en los cuales se halló que había temas relacionados con la adjudicación de un contrato por parte de la Gobernación del Atlántico a una fundación que respondería a nombre de Conciencia Social”, contó el fiscal Burgos el jueves 3 de agosto.
¿Cuáles son los contratos con la Gobernación del Atlántico?
Según las pruebas, Vásquez nombró a Gustavo De La Ossa Vélez, que según la Fiscalía fue clave para manipular la adjudicación del contrato por parte de la gobernación. Y llevar a cabo acciones aparentemente ilegales para obtener recursos asignados del mencionado programa. Y todo porque era el propietario de la fundación FUCOSO.
“La Fundación Conciencia Social (...) tiene como representante a una persona que responde al nombre de Gustavo de la Ossa, persona con la cual, al parecer, estas personas se habrían concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico y en su fase de ejecución, habrían realizado maniobras delictivas, para entre estas cuatro personas apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención de adultos mayores”, se mencionó en las diapositivas presentadas por Burgos.
Sobre De La Ossa Vélez, involucrado en lo que sería una red de corrupción con recursos públicos, el juez Beltrán también compulsó copias para ser investigado en este caso; pues se habría prestado para triangular estos recursos, en favor del asambleísta y quien era su compañera sentimental.
Los delitos por los que actualmente fueron imputados
Estos punibles se suman, en el caso de Petro Burgos, a los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y en el de que Vásquez Castro, al lavado de activos y violación de datos personales. En el caso del primero, por el incremento patrimonial de 1.053 millones de pesos, de los que no pudo demostrarse su origen legal; a lo que se suma el “blanqueo” de dichos recursos, en la adquisición de lujosos bienes, en especial inmuebles.
Y, en lo que respecta a la mujer, se le juzga por su complicidad en estas prácticas delictivas; pero también, por haber “hackeado” el teléfono móvil de Laura Ojeda: la actual pareja del diputado del Atlántico, para saber los movimientos de quien era su marido, luego de que se enterara de la clandestina relación entre ambos.
Asimismo, el juez pidió investigar a tío de Day Vásquez, César Emilio Vásquez Buendía, por la presunta comisión del delito de testaferrato, al prestar su nombre para la compra de la casa número 4 del condominio La Herradura, ubicado en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico); avaluado en más de 1.600 millones de pesos.