Militares fueron judicializados por entramado de corrupción con soldados “fantasma”

Un nuevo escándalo por corrupción salpica al Ejército Nacional, debido a irregularidades que dejan millonarias pérdidas para el Estado colombiano. 22 militares fueron judicializados como parte de las investigaciones.

De acuerdo con información revelada por la Fiscalía General de la Nación, luego de rigurosas investigaciones, 22 miembros de la institución y dos civiles hacían parte de un entramado de corrupción relacionado con falsas incorporaciones de soldados al Ejército.

Se trata de un teniente coronel, dos mayores, un subteniente, varios sargentos y cabos que laboran en el Guaviare; además de una psicóloga y un odontólogo.

Los militares fueron judicializados por hacer parte de una red de corrupción que operaba al interior del Ejército Nacional relacionada con soldados “fantasma”.

La Fiscalía imputó a los investigados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, constreñimiento para delinquir agravado, abuso de funciones públicas, falsedad ideológica y material en documento público, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Pese al material probatorio aportado por el ente acusador, ninguno de los señalados aceptó los cargos; es decir que se declararon inocentes.

Los 24 investigados fueron capturados en diligencias que se ejecutaron en Bogotá; Caucasia, Bello y Medellín (Antioquia); Chiquinquirá (Boyacá), Tierra Alta y Montería (Córdoba); Cajicá y Tolemaida (Cundinamarca); La Plata (Huila); Villavicencio (Meta); Sandoná (Nariño); Armenia (Quindío); y Cimitarra y Bucaramanga, (Santander).

Según las investigaciones que adelantaron desde la Fiscalía General de la Nación, los señalados se encargaban de legalizar supuestas nuevas incorporaciones de soldados al Ejército Nacional; sin embargo, se trataba de procesos fraudulentos pues realmente ningún ciudadano se sumaba a la institución a través de esas gestiones.

Para pasar desapercibidos, los integrantes del Ejército, con ayuda de profesionales que laboraban fuera de la institución, falsificaban exámenes médicos de incorporación y procesos administrativos.

Con las falsas incorporaciones a la institución, los militares judicializados gestionaban asignaciones de material de guerra, alimentación, pagos de nómina, entrega de kits de aseo y pagos de bonificaciones en efectivo para los soldados que supuestamente se encontraban en zonas de combate.

“Los procesados al parecer, incurrieron en irregularidades relacionadas con la falsificación de exámenes médicos de incorporación, al igual que de procesos administrativos, asignación de material de guerra, alimentación y pagos de nómina”, manifestaron desde el ente acusador.

Los recursos justificados de esa manera quedaban en manos de los militares que se repartían las ganancias del negocio ilegal. De acuerdo con cifras de la Fiscalía, ese entramado de corrupción provocó pérdidas al Estado en más de 320 millones de pesos.

“Se cree que reclamaron el pago de bonificaciones en efectivo para soldados inexistentes”, señalaron desde la Fiscalía General de la Nación.

Labores de policía judicial evidenciaron que los procesados, al parecer, cargaron con información ilegítima distintas bases de datos de la institución para justificar los requerimientos que se hacían.

En los procesos fraudulentos que hacían para la incorporación de los soldados “fantasma”, los militares habrían usado, sin autorización, distintas huellas digitales en documentos oficiales para avalar pruebas psicotécnicas de incorporación.

Para dar una imagen de mayor seguridad con los procesos de integración de nuevos soldados, luego de un tiempo los militares denunciaban supuestas deserciones por parte de los soldados “fantasma”. Sin embargo, sí usaban datos de personas reales que nunca participaron en incorporación a la institución.

La Fiscalía estableció que debido a esas denuncias presentadas ante la Justicia Penal Militar se provocaron capturas de personas inocentes, quienes terminaron siendo procesadas por ese delito. Es decir, ciudadanos del común terminaron pagando por las incorporaciones fraudulentas que hacían los militares para hurtar recursos públicos.