Defensoría del Pueblo presentó balance de la crítica situación de derechos humanos en Colombia

El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo hizo un balance de las vulneraciones a los derechos humanos en el primer semestre de 2023.

El secuestro; las masacres; el reclutamiento; uso y utilización de menores de edad; la conflictividad social y las violencias basadas en género, aumentaron en los primeros seis meses del año, siendo las organizaciones al margen de la ley las principales responsables de estos delitos.

“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De acuerdo con el balance de la Defensoría del Pueblo, el número de secuestros registrados entre enero y junio de este año fue de 32, mientras que en el mismo periodo del 2022 solo se tienen registro de 23, lo que representa un incremento del 39%. Los departamentos que concentran el mayor número de secuestros fueron Arauca, Antioquia y Norte de Santander. Los meses en los que más casos se reportaron fueron mayo (11) y junio (8).

El defensor Camargo dijo que le preocupa, además del aumento “considerable en las cifras de secuestros”, que esta “conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado, dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”.

En el caso de las masacres, desde la Defensoría advierten que aumentaron, pasando de 48 homicidios colectivos en el primer semestre de 2022, a 52 entre enero y junio de 2023. También aclaran que, si bien las masacres no han tenido “relación directa con los homicidios de excombatientes y firmantes de paz”, en lo que va del año se han reportado 19 asesinatos, dos menos que los registrados en 2022.

Sobre los reclutamientos forzados de menores de edad, el balance que hizo el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría da cuenta de que en el departamento de Cauca se concentró el 70% de casos. También señalan que en el primer semestre de 2023 se registraron 147 casos, de los que el 66% fueron niños y adolescentes y el 34%, a niñas y adolescentes.

El mayor número de registros se reportó en Cauca, con 104 casos. Le siguen Nariño, con diez casos; Putumayo, con ocho; Caquetá, con seis; y Chocó, Arauca y Amazonas con cuatro casos cada uno. En la mayoría de las situaciones, las disidencias de las Farc fueron señaladas como responsables de estos reclutamientos, representando el 64% de los casos.

El defensor Camargo dijo que es motivo de alerta que “el 67% de los casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales correspondió a la población indígena, y en la mayoría de los casos los presuntos grupos armados responsables fueron las disidencias de las Farc, que concentra el 64% de los casos denunciados”.

El reporte también señala que en entre enero y junio de 2023 se registraron 756 eventos de conflictos sociales manifiestos en el país, que representa un incremento del 48% frente al primer semestre del 2022, cuando se registraron 512.

Los meses de mayo y junio concentraron el mayor número de conflictos sociales, y los departamentos de Arauca, Meta, Nariño, Putumayo, Córdoba y Antioquia, con alta presencia de grupos armados ilegales, fueron lugares con incidencia de conflictividad social.

Según la Defensoría del Pueblo los detonantes de estos conflictos son: “las demandas de atención y cumplimiento estatal a los compromisos acordados para resolver necesidades estructurales y urgentes de los distintos sectores poblacionales; las exigencias de mayor inversión social en los territorios en materia de salud, alimentación, seguridad, educación y empleo; los reclamos para el acceso a tierras, exigir eficiencia en la prestación de servicios públicos y de transporte, así como el respeto y garantía de los derechos humanos, entre otras problemáticas”.

En los primeros seis meses del año, según el balance del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, la entidad atendió 3557 casos de violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, en su mayoría en los departamentos de Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca.

Esto representa un incremento del 203% frente a los registros del primer semestre del 2022, cuando fueron atendidos 1763 casos.

También llaman la atención sobre el aumento de casos y denuncias de violencias basadas en género contra lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, pues solo en el primer semestre de 2023, con 133 casos reportados, se acerca al total de casos de 2022 (144).

“Hemos advertido escenarios de riesgo para lideresas sociales relacionados con la intensificación del conflicto armado, la discriminación, el sexismo y la violencia por prejuicio, así como las violencias institucionales. Estos riesgos las afectan porque las agresiones de los actores armados ilegales en su contra se extienden a sus hijos e hijas y familiares, y se reflejan en hostigamientos, amenazas, homicidios, violencia sexual y reclutamiento forzado”, advirtió el defensor Camargo.

Durante el primer semestre de 2023, se registraron 68 eventos de desplazamiento forzado masivo en el país afectando a 9280 familias y 24.771 personas. El departamento de Nariño concentra 26 desplazamientos masivos. El 81% ocurrió, además de Nariño, en Chocó, Cauca y Valle del Cauca. En lo que respecta a confinamientos forzados entre enero y junio de 2023 se reportaron 92 eventos en todo el país, de estos, 70 tuvieron lugar en Chocó. Los restantes sucedieron en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Bolívar.

Desde la Defensoría advierten que en los territorios “en donde se concentra la mayoría de eventos persiste la presencia de diversos actores armados” como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo —las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y facciones disidentes de las antiguas Farc, en su disputan por el control territorial.

“Aunque los eventos de desplazamiento masivo forzado para el primer semestre del 2023 disminuyeron en comparación con los mismos meses del 2022, cuando se reportaron 94 eventos, el conflicto no cesa, lo que obliga al confinamiento de las comunidades”, dijo el defensor del Pueblo.