Durante las labores investigativas que terminaron en la imputación contra Nicolás Petro, la Fiscalía decidió verificar los orígenes del dinero con el que compró dos casas: una en Tubará y otra en Puerto Colombia (Atlántico) por un valor que superó los tres mil millones de pesos.
La decisión de indagar en la adquisición de esos bienes se tomó en abril. También los peritos recibieron la orden de revisar las transacciones hechas con su tarjeta de crédito y los movimientos de dinero en efectivo hechos en maletines, como quedó registrado en uno de los chats entre el hijo del presidente y Daysuris Vásquez.
En ese momento, las pesquisas adelantadas por el ente de control pasaron a una nueva fase que incluyó seguimientos a su círculo más cercano.
Por ese motivo, los investigadores arrendaron un apartamento en la misma unidad residencial donde Petro Burgos se estaba quedando en medio del escándalo. Esto permitió que, por ejemplo, la captura se efectuara el sábado 29 de julio en un momento en que el investigado no contaba con su nutrido esquema de seguridad.
Durante abril y los meses posteriores (mayo y junio) la Fiscalía habría recolectado pruebas de la comisión de delitos por parte del imputado en el transcurso de las indagaciones en su contra. Por ese motivo —explicó Daniel Coronell— Petro Burgos anunció sorpresivamente su disposición a colaborar con la Fiscalía en el sentido de entregar evidencia de posibles casos de corrupción a nivel nacional.
Según la declaración entregada por un agente infiltrado en el esquema de seguridad del diputado de Atlántico, habría información de que Petro Burgos “estaba realizando acciones que le ayudarán a justificar esa plata que recibió de algunas personas cuestionadas en la Costa, pues él ha seguido trabajando en eso, tiene un número amplio de personas que le han venido ayudando, algunos de ellos son servidores públicos (...)” precisó en la declaración conocida por el periodista citado.
Previamente, Juan Trujillo, abogado que renunció a la defensa de Petro Burgos en la mañana del miércoles 2 de agosto, había denunciado la infiltración de agentes de la Fiscalía en su equipo de protección. Sin embargo, desde el ente de control lo desmintieron y afirmaron que se hicieron seguimientos sobre el indagado.
“No es cierto que se haya utilizado la técnica especializada de agente encubierto dentro del esquema de seguridad del señor Petro Burgos. Todas las actuaciones establecidas en este proceso se enmarcan en procedimientos legales y constitucionales vigentes”, precisó la Fiscalía ante las versiones de Coronell y Trujillo.
Pese a ello, en los registros de la Rama Judicial quedó expreso que fue radicada una solicitud de infiltración de agentes encubiertos, por lo que Mario Burgos, fiscal del caso, pediría al Centro de Servicios de Paloquemao la corrección de esa precisión por la de “seguimientos” a Petro Burgos.
Otra de las pruebas recogidas por los investigadores consistió en una serie de reuniones en las que el hijo del mandatario habría trazado un plan para evadir la justicia mediante un viaje hacia Venezuela o Cuba. También habría establecido contacto con agentes de la Policía, figuras políticas y funcionarios desde aplicaciones como Line y Signal instaladas en los teléfonos celulares de su pareja, Laura Ojeda.
Sobre esto, el declarante reseñó que en diferentes ocasiones tuvo que transportar gente que se reunió con Petro para hablar del escándalo que lo rodea; “incluso han dicho que le han sugerido que se vaya del país, que se vaya para Venezuela o Cuba, que allá le consiguen protección y trabajo”.
Dichos encuentros se hicieron, supuestamente, sin el conocimiento de Trujillo, motivo por el cual habría renunciado también a defender a Petro. Ahora, el equipo de abogados quedó en cabeza del penalista David Teleki.