Tras conocerse que Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, aceptó que dineros ilegales entraron a la campaña presidencial de su papá, Infobae Colombia consultó con algunos analistas sobre lo que significa esto para la legitimidad del actual mandatario.
El coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, recordó que contra el presidente Petro hoy hay dos solicitudes de investigación en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde la mayoría de sus integrantes, prácticamente, garantizarían no tener mayor escándalo con respecto al proceso mismo de cualquier aforado en Colombia.
Según él, esto significa que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara se tiene que surtir un proceso durante el cual la investigación puede llevar a que soliciten pruebas a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia por solicitud de apoyo a estas instituciones para saber qué responsabilidades tuvo el presidente dentro de lo que dijo Nicolás Petro.
“Esto depende de fundamentalmente de las pruebas que haya para determinar la responsabilidad del presidente y si estaba enterado o no del ingreso de esos dineros”, anotó.
Ante esto, dijo que puede haber dos escenarios, uno, que de manera fraudulenta Nicolás Petro haya ingresado ese dinero, que no le haya dicho a nadie, y que él de manera unilateral sea el responsable del hecho, o dos, que él haya ingresado ese dinero, que no se haya reportado, y que el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, que fue gerente de la campaña esté involucrado en el hecho y que el presidente Petro haya sabido.
Solo en ese escenario, apuntó, en donde la Comisión de Acusaciones logre encontrar pruebas contra Gustavo Petro, pueden elevar un juicio en el Senado de la República y este podrá determinar como culpable o no de estos hechos, pues tiene el poder de juzgamiento y debe evaluar dentro de lo que está escrito en la Constitución Política si el presidente es indigno, teniendo en cuenta que la indignidad hoy no está tipificada como un delito en el Código Penal, pero esa sanción podría llegar hasta la destitución del presidente.
Por otra parte, el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana Juan Nicolás Garzón aceptó que este podría ser uno de los golpes más serios y más duros que puede haber experimentado el Gobierno de Gustavo Petro y que afecta de manera evidente tanto su gobernabilidad, como su imagen.
Dijo que la naturaleza de las acusaciones genera de manera evidente un clima convulso para el Gobierno en un momento en el que escasamente alcanza un año en el poder. Al respecto, aseguró que hablar de la legitimidad de este como presidente puede ser un poco apresurado.
“Hablar de la legitimidad del presidente puede ser un poco apresurado en la medida en que hay un elemento fundamental de todos estos asuntos, ya que involucra investigación y un proceso judicial que es la presunción de inocencia y el debido proceso”, enfatizó.
En ese orden de ideas anotó que hay que esperar a que salgan los testimonios, las pruebas que dicen algunos de los involucrados tener y ahí evaluar la situación a esas circunstancias.
Sin embargo, insistió que eso no excluye que hay una situación de fondo y de crisis del Gobierno en el que su imagen se verá muy afectada y le dará razones de peso a la oposición para seguir con los cuestionamientos al Gobierno en lo que resta de este periodo presidencial.
“El Gobierno tiene un gran desafío y un gran reto, Ahora le toca atender esta complejísima situación que puede afectar la gobernabilidad en la medida en que tendrá que destinar mucho de su tiempo y muchos de sus esfuerzos a tratar de desvirtuar el hecho, por ejemplo, de que el presidente tuviera conocimiento de la entrada de dineros ilícitos a su campaña”, puntualizó.
Anotó que en este momento se depende de las pruebas que entregue Nicolás Petro y de la evaluación de lo que haga de estas la Fiscalía para determinar si hay motivos para investigar al presidente y será un juicio en el Senado de la República el que determine eso.
Resaltó que si se analiza la Comisión de Acusaciones, está en cabeza del representante a la Cámara Wadith Manzur, opositor a Petro, pero si se tienen en cuenta los votos para llevar a cabo esa investigación, pues el presidente está blindado, porque tiene mayoría.
Incluso, en caso de que le den vuelta a las votaciones para ver si la investigación lo puede llevar a un juzgamiento en el Senado, el riesgo que tiene el presidente es, fundamentalmente, que hoy en la corporación no cuenta con las mayorías.
Por otra parte, Luis Fernando Marín Ardila, magister en estudios políticos y profesor de la Universidad Externado de Colombia, hizo un llamado a la calma y manifestó que se deben esperar que los procesos de investigación arrojen la verdad de lo que sucedió realmente.
Para el educador, la información que dio a conocer Nicolás Petro hace parte de una serie de especulaciones que se han generado con el objetivo de bajar la reputación del Gobierno nacional en medio de lo que él considera, es un “escándalo político”.
El docente insistió en que los adversarios políticos del mandatario han hecho la situación de Nicolás Petro mucho más mediática, señalando puntualmente al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, cuyo papel “deja mucho que desear”. Marín Ardila recordó el caso de Laura Sarabia como otro de los ataques por parte de la política tradicional hacia el Gobierno nacional en su afán por desprestigiar al mandatario.
“Tenemos el caso de Laura Sarabia que en últimas terminó en simple y llanamente un deseo del poder político y mediático tradicional por desprestigiar al gobierno. El asunto no trascendió jurídicamente ni en términos legales, fue más el alboroto que se orquestó en su momento”, indicó.
De igual forma, en un hipotético caso de que se confirme la entrada de los dineros ilegales a la campaña del presidente Petro, el educador manifestó que la situación afectaría al Gobierno nacional, pero no cree que esto conlleve a que este sea derribado.
El docente indicó que quienes buscarían derrocar al mandatario serían los miembros de la oposición, una “oposición probadamente delincuencial”, que busca los errores de sus adversarios para triunfar en las próximas elecciones regionales de octubre del 2023.
Para Marín Ardila, de comprobarse la situación que ha desatado un escándalo en todo el territorio nacional, el mandatario afrontaría problemas de gobernabilidad, algo para él es muy común en todos los gobiernos del mundo.