Plan pistola de las disidencias de las Farc recuerda al del cartel de Medellín: ofrecen $4 millones por policía muerto

En la tarde del 2 de agosto de 2023 se conoció que las disidencias de Iván Mordisco, al parecer, estarían planeando un plan pistola a nivel nacional con el que buscan debilitar la fuerza pública. Según los datos que se hicieron públicos, desde el Estado Mayor Central se pagaría una suma de cuatro millones de pesos por cada policía muerto.

La patrullera Cristina Ortega sería la primera víctima que habría dejado el supuesto plan pistola de las disidencias de las Farc. El crimen de la policía se registró sobre las 2:30 p. m. en el semáforo que conecta la calle 8 con la carrera 17 en el barrio Calixto en Neiva. Tras el crimen, la Policía Metropolitana de Neiva puso en marcha un plan candado en el municipio con el fin de no permitir la salida de los asesinos de Cristina Ortega, pero también se conoció que el jefe del Servicio Nacional de Policía, general Carlos Rojas, habría advertido para que los uniformados estuvieran atentos a cualquier movimiento raro.

Aunque la información sobre un plan pistola no ha sido confirmada por el Gobierno nacional, pues las recomendaciones enviadas por el general Rojas, según se conoció, son una alerta de rutina, sí recuerda a lo sucedido a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, cuando desde el Cartel de Medellín pusieron precio a la cabeza de los policías en respuesta a los esfuerzos del Gobierno colombiano para extraditar narcotraficantes a Estados Unidos.

El plan pistola orquestado por Pablo Escobar, como cabeza visible del cartel, ofrecía recompensa a los sicarios que mataran policías, jueces, fiscales y cualquier persona que estuviera involucrada en el proceso de extradición.

Con esta macabra estrategia, Escobar buscaba desestabilizar la capacidad del Gobierno para luchar contra el narcotráfico y disuadir cualquier plan para una extradición a futuro, y aunque solo fue una parte de la guerra que el Estado colombiano libró contra el cartel de Medellín, dejó cientos de muertos que, lastimosamente, terminaron como un lucrativo negocio para los sicarios a favor del crimen.

Como consecuencia del plan pistola del cartel de Medellín se confirmó una cantidad de bajas de policías considerable, entre los que se encontraban, por ejemplo, auxiliares de policía que terminaron atrapados en la guerra y que resultaron acribillados, como le sucedió a José Jiménez, un estudiante que en 1992 prestaba su servicio militar y fue asesinado por tres hombres y una mujer.

En la primera semana de noviembre de 1992, 18 agentes de Policía fueron asesinados en las calles de Medellín y otros 27 resultaron heridos por una campaña de exterminio como respuesta del sartel de Medellín a la muerte de Brances Muñoz Mosquera, conocido en el mundo de la delincuencia como Tyson.

La muerte de José Jiménez quedó inmortalizada en una nota publicada el 6 de noviembre de 1992 por el diario El País que, en ese momento, explicó que tras los crímenes de los policías se declaró estado de emergencia, pues circulaba el rumor que el cartel pagaba tres millones de pesos por cada baja confirmada.

Tyson llegó a ser un hombre de confianza para Pablo Escobar en 1988 gracias a varios enlaces que lo recomendaron, entre ellos, su hermano Dandeny Muñoz, conocido como La Quica. Desde ahí escaló en la organización hasta ser identificado como el responsable de varios atentados del Cartel de Medellín.

Según las autoridades, entre el récord criminal de Brances Muñoz se encontraba el ataque en 1989 contra el cuartel general del DAS y los carro bomba que explotaron en los barrios Quirigua y Niza en Bogotá, donde murieron más de cien personas, también, voló un avión de Avianca con 107 pasajeros.

En septiembre de 1990 fue el responsable la masacre en la hacienda Los Cocos en el corregimiento El Cabuyal de Candelaria, Valle del Cauca, donde murieron 19 personas y cuyo objetivo militar era dar de baja a Hélmer Pacho Herrera, integrante del Cartel de Cali.

El periódico El Tiempo reportó que, al menos 500 policías murieron entre 1989 y 1992, lo que minó la moral de los uniformados, pues muchos vivían con constante temor por sus vidas y las de sus familias, inclusive, agentes solicitaron la baja de la institución y en algunos casos cambiaron de bando al aceptar los sobornos que ofrecía el cartel.

Otra consecuencia del plan pistola del cartel de Medellín fue que el Estado se vio afectado para poner en marcha los planes de extradición, pues oficiales, jueces y fiscales se veían a menudo asustados por la posibilidad de perder su vida.