Exgobernador de Arauca fue acusado formalmente por la Fiscalía por amañar un contrato para suministrar ayudas durante la pandemia del covid

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en grado de tentativa.

Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos tendientes a favorecer a una sola empresa con un contrato por 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del covid–19.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenció que el procesado habría incurrido en un desvío de poder al convocar un proceso de selección, desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad establecidos en la ley.

Entre las posibles irregularidades detectadas está el hecho de que el exgobernador en un decreto definió el pliego de condiciones con los requisitos el fin de semana del 4 y 5 de abril de 2020, y al día siguiente, el lunes 6 de abril de 2020, se celebró el contrato con la única empresa proponente.

Asimismo, habría ajustado las condiciones de salubridad y capacidad de almacenamiento con el fin de favorecer a la empresa ganadora del contrato.

En la actualidad, el exmandatario permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota, por otros hechos.

La Fiscalía General de la Nación había anunciado en noviembre de 2022 medidas cautelares de extinción de dominio a los bienes a Castillo Cisneros, por otras irregularidades con la contratación cuando fue mandatario departamental.

De acuerdo con lo informado por el ente investigador, las medidas cautelares afectan inmuebles rurales y urbanos, vehículos y una sociedad, que preliminarmente superan los siete mil millones de pesos.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía General de la Nación, impuso las medidas cautelares a once inmuebles urbanos y dos rurales de Castillo.

La Procuraduría explicó que como el exmandatario de Arauca es representante de los departamentos en el Ocad Paz, tenía voz y voto para elegir a la entidad encargada de ejecutar el proyecto de infraestructura vial y, sin tener en cuenta las alarmas que ya había prendido el ente de control sobre la falta de experiencia del Fondo Mixto, dio su voto de confianza a dicha entidad.

Los hechos se remontan a septiembre del 2021, con el proyecto denominado “Construcción de pavimento de concreto rígido de la vía que comunica del corregimiento de San Lorenzo al corregimiento de Santa Rosa, en el municipio de Nóvita (Chocó)”.

Otro agravante en contra del exgobernador Castillo Cisneros es que tampoco acató las recomendaciones que entregó el director del Ocad Paz sobre dicho ejecutor y de la poca confianza y falta de idoneidad para realizar obras de este tipo.

Advirtió el Ministerio Público que el Fondo Mixto no solo se rajó en porcentaje de desempeño, sino también en la planeación, aprobación y ejecución del proyecto.

Ante estos acontecimientos, el Procurador Delegado para el Seguimiento a los Recursos de Regalías, John Harvey Pinzón, consideró que la actitud del exfuncionario “es grave y se ejecutó con dolo por cuanto conocía los hechos constitutivos de falta disciplinaria”.

Recalcó el delegado que el exfuncionario “habiendo sido advertido de las falencias que tenía el Fondo Mixto para ejecutar contratos de obras civiles, pasó por alto la advertencia emitiendo y ratificando su voto positivo en favor de dicha entidad”.

Por último, el procurador John Harvey Pinzón Navarrete llamó la atención en su momento a gobernadores, alcaldes y miembros del Ocad Paz para que “ejerzan un control más estricto en cuanto a la selección de entidades que cumplan con los estándares para la ejecución de dichos proyectos y más cuando están en juego cuantiosos recursos de regalías”.