Es de vieja monta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitara investigaciones contra el mayor de sus hijos, el hoy imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro Burgos. En el 2014, durante su alcaldía en la capital de la República, el entonces burgomaestre también compulsó una solicitud verbal a la Fiscalía General de la Nación para que indagara a su primogénito.
Infobae ya había reportado este hecho en marzo de este año cuando el jefe de Estado pidió al ente acusador que investigara a su hijo y a su hermano Juan Fernando Petro por las irregularidades que hoy, de nuevo, los tienen en el ojo del huracán.
Tal y como pasó desde que el presidente llegó al poder en 2022, cuando Nicolás se reunió con los ministros de su papá, como los de Interior, Hacienda, Agricultura, Comercio, Minas, así como con funcionarios como el director del Sena, entre otros, el joven también se habría encontrado con altos funcionarios para abogar por contratos y ejercer presiones en el período de la llamada Bogotá Humana.
Por eso, en aquella ocasión y previendo que sus críticos se desbordarían en su contra por ese hecho, Gustavo Petro solicitó, en septiembre del 2014, al que para ese momento era el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, que investigara a su retoño.
“En los últimos días han llegado a conocimientos de algunos de mis colaboradores versiones en las cuales se relaciona a mi hijo con varias visitas a funcionarios de la administración distrital, presuntamente con el fin de ejercer presión sobre los mismos en procura de obtener beneficios para terceros interesados en contratar con las entidades que estos dirigen”, señaló el entonces alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego.
Ese hecho se sumó a otros de la muy polémica administración del hoy presidente en la capital colombiana. Para ese momento, los hermanos de la actual primera dama de la nación, Verónica Alcocer, habrían salido beneficiados en contrataciones para adelantar labores en el Humedal la Conejera en Suba.
En la carta que Gustavo Petro le envió a Montealegre aseguraba que habían informaciones de que su hijo Nicolás y su concuñado Carlos Gutiérrez, esposo de una hermana de Verónica Alcocer, se querían quedar con el contrato para construir un tranvía en la carrera Séptima.
“La posible realización de reuniones en las cuales Nicolás Petro y el señor Carlos Cifuentes se habrían reunido con contratistas con el fin de ofrecer sus servicios como intermediarios”, decía la misiva del alcalde Petro enviada a la Fiscalía.
En ese controversial hecho también estuvo involucrado Fernando Sanclemente, esposo de Diana Alcocer, prima de la primera dama de Colombia, que igualmente saldría beneficiado para construir troncales de TransMilenio en Bogotá. Las versiones aseguraban que Nicolás Petro estuvo ejerciendo influencias para incidir en los mencionados contratos de los hombres allegados a su familia.
La Fiscalía le hizo caso al entonces alcalde Petro y abrió una indagación contra el mayor de los hijos del hoy mandatario colombiano. Sin embargo, luego de más de dos años de investigaciones, en el 2016 el ente acusador informó que exoneraba al hoy diputado del Atlántico porque no habían “pruebas o fundamentos suficientes” para endilgarle una responsabilidad penal.
Pese a que la administración de Eduardo Montealegre sacó bien librado a Nicolás Petro, recientemente una fuente anónima le contó a la revista Cambio que Nicolás Petro y su pariente Carlos Cifuentes llegaron varias veces al Sistema Integrado de Movilidad, una dependencia de la Secretaría de Movilidad, para reunirse y abogar, presuntamente, por los mencionados contratos.
Dice el medio que los encuentros entre el hijo del presidente y Cifuentes, en aquella ocasión, tuvieron que ver con semaforización y transporte de carga pesada para esas obras en la capital. Sin embargo, aunque el mismo Gustavo Petro declaró, la Fiscalía no lo encontró culpable; esta vez fue diferente, su padre pidió que lo investigaran y la fiscalía de Francisco Barbosa sí le encontró motivos para imputarlo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.