Tras el debate de control político sobre el ruido en las ciudades capitales, el representante por el Partido Alianza Verde, Daniel Carvalho, consiguió ponerse de acuerdo con otros 20 congresistas para radicar ante la Secretaría General de la Cámara el proyecto de “ley contra el ruido”.
En entrevista para Infobae Colombia, Carvalho explicó que el proyecto nace “a partir de un breve diagnóstico, en este momento la Ley colombiana tiene un reguero de referencias sobre este tema. No hay claridad en materia normativa y no hay, por tanto, claridad en materia de quiénes son los responsables de abordar este problema. Así que los ciudadanos nos encontramos a la deriva”.
De aprobarse –según el grupo de congresistas– los habitantes de Bogotá, Medellín y otras grandes ciudades dejarían de dirigirse hacia zonas rurales cada fin de semana o puente festivo para huir del ruido. Y, además, podrían mitigarse las alteraciones a la salud física y mental, los líos entre vecinos y el daño irreversible a los ecosistemas.
“Cuando tienes un problema ¿a quién llamas? No sabes si llamar a la Policía, la Policía está ocupada en cosas, al parecer mucho más graves. Si llamas a la Alcaldía te dicen que no les toca a ellos si no a la autoridad ambiental, entonces hay que llamar a la corporación (autónoma regional). En fin. No hay claridad normativa y de responsabilidad institucional al respecto” y, de acuerdo con el autor del proyecto, debería ponerse en discusión.
Lo que pretende la ley, entonces, es: en primer lugar, organizar la normativa existente. En segundo lugar, definir unas responsabilidades o entidades corresponsables y, tercero, definir una serie de lineamientos con los que el Gobierno Nacional se vería obligado a diseñar una política pública con la que se definirían los límites y sanciones.
“Este proyecto no determina en sí las sanciones, eso lo debe definir la política pública que elabore el Gobierno Nacional con todos los ministerios”, entre los que tendría una participación especial el MinAmbiente.
Desde las entidades tendrían que definirse los horarios, decibeles y amonestaciones contra quienes decidan no respetar los primeros. Sin embargo, desde ya, Carvalho insiste en que no es un proyecto para apagar la fiesta.
“No se trata de negar el carácter festivo de nuestra cultura, se trata de establecer cuáles son los límites; cuáles son las sanciones, en caso de que estos límites se incumplan; quién debe controlarlo; quien debe imponer las sanciones, y, sobre todo, a quién debe llamar el ciudadano cuando sienta que un vecino, sea este un particular o un establecimiento comercial, está irrumpiendo su tranquilidad”, explicó.
Y es que no solo hay confusión entre los colombianos. Las autoridades parecen pasarse la pelota entre sí, pero rara vez una llamada al sistema de emergencias por exceso de ruido es atendida de manera eficaz.
“La ley da unas claridades que se requieren como herramienta para poder, desarrollando la política, aplicando las normas, una definición de qué es ruido y qué no. Esa definición les permitirá a las autoridades colombianas actuar con toda contundencia”, señaló la exdirectora de Parques Nacionales y, ahora, representante a la Cámara Julia Miranda.
El ruido, cuando se produce en exceso, afecta tanto a humanos como a animales. Un debate que, hasta ahora, no se habría planteado en Colombia.
“Este es un proyecto de Ley que no está en contra ni de los eventos ni de ninguna actividad en particular. Esto lo que nos va a permitir es que haya conversaciones y discusiones en torno a cómo queremos vivir, donde queremos vivir y la calidad de vida que queremos tener”, señaló el también representante Juan Sebastián Gómez.
El proyecto, elaborado en acompañamiento del equipo técnico del MinAmbiente, y las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali se presentó a las 2:00 de la tarde del miércoles 2 de agosto y deberá aprobar varios debates antes de convertirse en ley.