Reforma a los servicios públicos no se presentará si no es discutida y concertada con los gremios

El Gobierno nacional ya trabaja en el desarrollo de una nueva reforma dirigida a los servicios públicos domiciliarios del país.

Es así que el 31 de julio se conoció que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cabeza de Dagoberto Quiroga, y miembros de la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) se reunieron para tratar los elementos sustanciales que el Gobierno nacional estudia para presentar una reforma al régimen de los servicios públicos.

De acuerdo con el gremio, el principal compromiso es que no se radicará un proyecto de reforma cuyo articulado no haya sido previamente discutido y concertado con el sector.

Por medio de un comunicado, tras la reunión, Andesco dio a conocer algunos puntos para destacar.

El primero es que el Gobierno hace todos los análisis para llegar con una propuesta de articulado y de esa manera presentarla a todos los sectores con el objetivo de lograr el mayor consenso y sacar adelante una muy buena reforma #construyendo sobre lo construido#.

Otro es que Andesco ratificó que los temas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) deben ir en una ley completamente diferente, ya que en la actualidad la ley de servicios públicos no contempla ninguno de los temas relacionados al sector de las telecomunicaciones.

También apuntó que los mínimos vitales deben estar completamente financiados por el Estado en las condiciones que la ley los prevea.

Asimismo, seguirán siendo válidas y necesarias las mesas de trabajo para continuar con la construcción sobre el articulado que el Gobierno presentará.

Otro punto es que se ratificó que “el foco y el centro están en el usuario”.

Andesco finalizó al indicar que sobre la prestación de los diferentes servicios de las comunidades organizadas se ratificó que se deben evaluar algunos aspectos en los esquemas de gobernanza para que no ocurran dificultades al momento de generar la prestación del servicio y los proyectos sean sostenibles, ya que es importante tener en cuenta las tecnologías, la parte técnica y el manejo gerencial, entre otros puntos.

El 6 de julio se conoció que la Sección Primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado ratificó la decisión de la Sección Segunda del 2 de marzo, que suspendía el Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, con el que el presidente Gustavo Petro reasumía por tres meses algunas facultades para regular los precios de los servicios públicos en Colombia.

En la decisión, el alto tribunal advierte que si bien el presidente puede reasumir algunas de estas funciones, la regulación tarifaria solo le compete al Congreso de la República.

Hay que recordar que el Gobierno nacional había presentado un recurso para tumbar la suspensión del decreto, fue en respuesta a este que el Consejo de Estado ratificó la decisión el 2 de marzo de 2023.

Sobre este recurso la Sala advirtió que “la Sala considera que habida cuenta que el estudio precedente lleva a que se mantenga la decisión cuestionada, el estudio del recurso de súplica frente a la delegación de funciones, competencia, límites y reasunción de las mismas, en el régimen tarifario de los servicios públicos, se hace innecesario, lo cual la releva en este momento procesal de examinarlo, decisión que en todo caso, se estudiará de manera definitiva en la sentencia que ponga fin a la controversia”

También señala que varias disposiciones del decreto tendrían una intención de normativa de regulación, puesto que reasumir algunas de las funciones delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) requeriría la expedición de un nuevo marco normativo:

La decisión del Consejo de Estado repara, además, en que el Gobierno nacional, antes de expedir el decreto, debió haber cumplido un requisito previo: “Era obligatorio el procedimiento de previa publicación”.