La discusión sobre el porte legal de armas de fuego volvió a estar sobre la mesa en Colombia. Ante la ola de criminalidad que azota a varios sectores del país, el congresista Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, radicó un nuevo proyecto en la Cámara de Representantes que le permitiría a los civiles portar armas, con una debida reglamentación.
El principal objetivo de esa iniciativa, de origen conservador, es que los ciudadanos tengan una mayor flexibilidad frente a la tenencia, porte y utilización de pistolas, revólveres, entre otros. El congresista busca, entre otras cosas, abolir el decreto de prohibición emitido en anteriores administraciones nacionales.
“Presentamos el proyecto de ley para reglamentar el porte y tenencia de armas en Colombia para que se levante ese decreto que hay, que lleva cerca de ocho años, donde imposibilitan a los colombianos portar armas en Colombia”, señaló el representante.
Durante la presentación de la iniciativa, el representante Wills aseguró que al Gobierno del presidente Gustavo Petro le quedó grande la seguridad de los ciudadanos y por eso les solicita a los congresistas que lo respalden en su deseo de regular las armas en la nación.
“Creo que hoy la situación que está viviendo el país de absoluta inseguridad y el Estado que no ha podido garantizar la seguridad de los colombianos”, aseguró el congresista.
El legislador asegura que, si el Congreso de la República decide suspender la prohibición, este será el “momento para que los mismos colombianos estén en la posibilidad y con una reglamentación clara que existe para la entrega de un arma en Colombia”, dijo.
Para Wills, el que los ciudadanos puedan usar esas armas es un “derecho” que, desde su concepto, “ya existe en el país”. Por ello, asegura que si su controversial iniciativa sale a flote, serán las mismas Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional las que lleven el control de su uso.
Dentro de los parámetros para regular el uso de armas se tendrán en cuenta, de acuerdo con el proyecto, aspectos como un perfil psicológico, la profesión a la que se dedican los ciudadanos, así como sus actividades económicas y comerciales, entre otros. Tras un exhaustivo análisis se entraría a mirar si el candidato es apto o no para tener un arma en el país.
Aunque esta iniciativa ha sido presentada en repetidas veces por diferentes partidos, esta es la primera vez que durante el cuatrienio presidencial del presidente Petro llega al Legislativo una iniciativa de esa índole. El mismo jefe de Estado, antes de llegar al poder, cuestionó a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, por presentar proyectos similares.
De hecho, Petro fue uno de los principales opositores en el Senado a esa propuesta, por lo que se espera que su ahora bancada oficialista del Pacto Histórico siga sus ideales del pasado y ahora, otra vez, no la secunden.
Incluso, el mismo Gobierno Petro oficializó el 2 de enero de este año el decreto 2633 que restringe el porte de armas en todo el territorio nacional y compete a las fuerzas del estado cómo únicas autorizadas para portar, expedir y generar los permisos respectivos.
“Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, que consagra como uno de sus fines esenciales, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos”, reza el edicto, emitido desde el Ministerio de Justicia.
Con esa decisión, desde el primer día del 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en Colombia se restringe el uso de armas para civiles. Sin embargo, los colombianos que deseen adquirir y portar un arma de fuego deberán someterse a un proceso de análisis y evaluación para verificar su competencia y capacidad para tenerla sin generar riesgo y confirmado su condición de seguridad.