Hasta altas horas de la noche del lunes 31 de julio se realizó el último consejo de ministros de ese mes en Casa de Nariño. Allí fueron expedidos los decretos faltantes con los que el Gobierno nacional busca mitigar la emergencia social y económica en La Guajira, declarada por el presidente Gustavo Petro el pasado 29 de junio.
En total fueron 11 los documentos preparados y firmados por el jefe de Estado y todo su gabinete —incluyendo Irene Vélez, saliente ministra de Minas y Energía—. En ellos se delegaron funciones específicas a los ministerios y otras dependencias del Ejecutivo para superar la crisis en el departamento en materia de vivienda, salud, agua potable para consumo humano, conectividad y crisis climática.
Todas estas normativas establecen “aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”, así como las operaciones presupuestales necesarias para ejecutarlas.
El decreto 1267 establece los mecanismos temporales necesarios para la reactivación del turismo en el departamento dentro del Estado de Emergencia social y económica. El Ministerio de Comercio, a cargo de Germán Umaña, liderará dichas medidas y obras en conjunto con entidades territoriales conformadas por autoridades indígenas y comunales.
El decreto 1268 determina las medidas necesarias para la recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure, una de las principales fuentes económicas de los habitantes en este municipio. En su semana de Gobierno, Petro y su gabinete advirtieron la grave situación en esta actividad, incluyendo la falta de inversión pública y otras problemáticas.
El Ministerio de Educación será el encargado de acatar lo establecido en el decreto 1269, mediante el cual se adoptaron disposiciones para superar la crisis de este rubro en La Guajira. Este guarda directa relación con el 1274, que dispone de la creación de una universidad pública e indígena wayú, tema que ya había sido mencionado por la titular de esta cartera, Aurora Vergara, en la semana de gobierno desde ese departamento.
Uno de los decretos más importantes firmados por el Ejecutivo fue el 1270, que establece un modelo de salud propio “e intercultural” en el departamento. En este nuevo sistema tendrán que incluirse a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.
Serán constituidos Centros de Atención Primaria (Caps) operados a través de Instituciones de Salud del Estado (ISE) y al Adres se encargará de definir el presupuesto para el manejo de este mecanismo. Los recursos serán dispuestos por el Ministerio de Hacienda. También será creado un comité de emergencia nutricional y materna “como un espacio de coordinación, articulación y toma de decisiones sectorial, intersectorial y comunitario”, según el documento.
El decreto 1271 determinó la creación de medidas “en materia de asignación o modificación de obligaciones de hacer contenidas en los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Lo contemplado en este documento estará a cargo del ministro TIC, Mauricio Lizcano.
La normativa 1272 no solo compete a la cartera de Salud y Protección Social, sino también al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), pues está centrada en la creación de “una transferencia no condicionada” para la atención de familias con niños en primera infancia o madres gestantes en situación de desnutrición o riesgo de presentar esta enfermedad en La Guajira.
El decreto 1273, por su parte, compete al Ministerio de Agricultura a cargo de Jhenifer Mojica y está relacionado con la adopción de medidas para preservar la tierra de campesinos y comunidades étnicas, así como sus cultivos a fin de cumplir con la seguridad alimentaria en el extremo norte del país. El 1275 determina las medidas necesarias para centrar los recursos del Sistema General de Regalías en beneficio del departamento y las obras más importantes para atender la emergencia.
El decreto 1276 y su cumplimiento le corresponde a la cartera de Minas y Energía; es decir, tanto a Irene Vélez (firmante del documento) como a Omar Andrés Camacho, su reemplazo. Este contiene las medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica “y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética”.
Dentro de los mecanismos, plantea un aporte obligatorio de mil pesos para las facturas de energía de los estratos 4, 5 y 6 a nivel nacional, y de cinco mil pesos para industriales y usuarios comerciales, con el objetivo de recaudar recursos para brindar este servicio en zonas rurales del departamento.
El 26 de julio el presidente y su equipo ministerial firmaron el decreto 1250 mediante el cual el Ministerio de Vivienda quedó a cargo de implementar las primeras medidas de urgencia con respecto al agua potable para consumo humano y saneamiento básico en el departamento