La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó para el lunes 18 y martes 19 de septiembre una audiencia de reconocimiento de verdad en la que 21 exintegrantes del Ejército Nacional, un funcionario del antiguo DAS y dos civiles imputados por esta jurisdicción aceptarán responsabilidad en la comisión de ‘falsos positivos’ en Casanare.
En la diligencia, que tendrá lugar en Yopal, estará presente el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, que de acuerdo con las investigaciones de este tribunal participó en el asesinato de 303 personas que fueron presentadas como bajas operacionales en conjunto con el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
De acuerdo con las pesquisas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, estos crímenes fueron perpetrados en 218 eventos ocurridos en Casanare, Meta, Arauca y Boyacá en medio de la “organización criminal” implementada en la Brigada XVI entre 2005 y 2008. En ese sentido, a todos los citados les fueron atribuidos el crimen de guerra de homicidio en persona protegida, así como los crímenes de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada.
La JEP también indicó que algunos de los sujetos llamados a comparecer fueron responsables de la utilización de menores de edad para cometer esos ‘falsos positivos’ y de persecución por razones de género, pues entre las víctimas fueron identificadas nueve mujeres, una persona LGBTIQ+, cinco jóvenes y tres adultos mayores.
Los otros llamados a la audiencia de reconocimiento fueron César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez; Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario; Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
“Entre otras cosas, los imputados deberán aportar verdad detallada sobre hechos individuales en los términos de su participación en el plan criminal y, además, nombrar y aceptar los daños causados”, inció la JEP en un pronunciamiento.
Previo a la audiencia presencial, los citados entregaron un escrito a la magistratura de la JEP sobre los crímenes cometidos y sus intenciones de reconocerlos públicamente y pedir perdón a familiares de las víctimas.
En octubre de 2022, Escalante y otros 17 exmilitares que participarán de la audiencia en Popayán reconocieron su responsabilidad en estos ‘falsos positivos’ investigados dentro del subcaso Casanare del macrocaso 03 —asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado— de la Jurisdicción Especial para la Paz.
En julio de ese año, el tribunal de justicia transicional llamó al general retirado para el reconocimiento de su responsabilidad en el asesinato de 296 personas en 212 hechos registrados en ese departamento.
En total, 26 sujetos fueron imputados por asesinatos cometidos allí. De estas, dos oficiales de la fuerza pública no aceptaron responsabilidad, por lo que sus expedientes pasaron a manos de la Unidad de Investigación y Acusación de la jurisdicción.
Debido a estos crímenes y las investigaciones adelantadas, la JEP preparó la audiencia pública desde inicios de 2023 con la participación de víctimas y comparecientes. “Este es un proceso que conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general”, sostuvo el tribunal en la citación.
Además, explicó que con corte a agosto de 2023 se realizaron tres encuentros preparatorios restaurativos con víctimas del conflicto armado en Yopal; seis reuniones de concertación con representantes de víctimas; dos virtuales con representantes de los comparecientes; cuatro más de carácter preparatorio y restaurativo con comparecientes y uno individual de nivelación con el último imputado.