Corte podría declarar el estado de cosas inconstitucional por asesinatos de líderes sociales en Colombia

Ante el incremento de asesinatos de líderes sociales en el país, la Corte Constitucional podría declarar el estado de cosas para reforzar la protección de esta población y el pleno cumplimiento de sus labores, especialmente en los territorios.

Al despacho del magistrado José Fernando Reyes llegó un total de nueve acciones de tutela presentadas por casi una veintena de personas defensoras de derechos humanos. En los recursos fueron expuestos los graves riesgos que corren en materia de seguridad a pesar de contar con esquemas de protección: no hay un enfoque diferencial, étnico, territorial ni de género para sus labores.

Con motivo de estos documentos el togado presentó una ponencia que pide proclamar una emergencia tras la vulneración masiva de los derechos de líderes y lideresas, así como un llamado perentorio a las entidades correspondientes del orden nacional para implementar medidas de atención a corto plazo.

Dicha ponencia es estudiada por la Sala Plena del alto tribunal y necesita cinco votos de nueve para su aprobación. En caso de que así sea, dicho estado de cosas se suma al declarado en 2022 sobre la situación de seguridad de los excombatientes de las Farc que se acogieron al Acuerdo Final de Paz y se encuentran en proceso de incorporación.

Todos los recursos condicen en varios: hay falencias en los esquemas otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluyendo demoras o personal insuficiente para la custodia de los líderes sociales. Además, estos no cuentan con enfoques diferenciales y ha generado, como primera consecuencia, afectaciones en la representación de las organizaciones a las que hacen parte.

Igualmente, no hay un plan estratégico definido para eliminar la estigmatización contra estas personas, por lo que pidieron la implementación de una política pública de garantías de seguridad para la defensa de los derechos humanos. Además, delegados como la representante del alto comisionado de Naciones Unidas en Colombia, Juliette de Rivero, pidió establecer una política de sometimiento de estructuras criminales de alto impacto.

Estas tutelas también solicitaron la protección de comunidades étnicas, integrantes de colectivos campesinos, líderes estudiantiles, docentes y personas que ejercen liderazgos sociales en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales; así como el diseño metodológico de las sesiones que realice la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que abarque una estrategia conjunta para reaccionar de manera oportuna a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Los documentos fueron analizados en audiencia pública procedida en abril de 2022 con la participación de diversos sectores sociales y civiles para su análisis. En ese encuentro, estos actores pidieron el estudio de medidas de fondo para atender esta crisis.

De acuerdo con el observatorio de derechos humanos de Indepaz, en el año han asesinado 98 líderes y lideresas sociales en el país. El último caso reportado ocurrió el miércoles 26 de julio, cuando sujetos armados asesinaron en Santander de Quilichao (Cauca) a Fredy Bomba Campo, defensor indígena en el departamento.

El estudio de la ponencia se hace días después del reporte emitido por la Defensoría el 21 de julio sobre crímenes contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del año. En ese periodo fueron cometidos 92 homicidios, cifra que fue señalada por el defensor Carlos Camargo como una muestra “de la continuidad de la violencia contra los liderazgos en las regiones”.

El documento también indicó que estos hechos ocurrieron en 26 de 32 departamentos del país. Cauca fue el más afectado con 17 asesinatos, seguido de Antioquia y Nariño con siete casos cada uno. Después aparecieron Córdoba y Valle del Cauca con seis casos en cada zona.