Ocupados 29 inmuebles avaluados en más de 15.400 millones de pesos de organizaciones que explotan sexualmente a menores de edad

Desde la Fiscalía General de la Nación fue indicado que las mujeres extranjeras eran las principales víctimas de estas estructuras delincuenciales

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Imagen de referencia: El testimonio
Imagen de referencia: El testimonio de una ciudadana venezolana víctima de la organización fue indispensable para poner en evidencia el modus operandi de la banda, de acuerdo con lo señalado en la investigación una colombiana que visitaba los sectores marginales era la encargada de engañar a las mujeres de escasos recursos.

Las autoridades nacionales lograron asestar una serie de ofensivas contra las estructuras que explotan sexualmente menores de edad en el territorio nacional, los operativos realizados por la Fiscalía General, la Policía Nacional y Migración Colombia permitieron ocupar 29 inmuebles que harían parte del patrimonio ilícito de organizaciones ilegales dedicadas a captar a mujeres jóvenes y menores de edad para inducirlas a la prostitución. Las propiedades con medidas cautelares de extinción de dominio están ubicadas en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Guaviare y superarían el valor de 15.400 millones de pesos.

Desde el ente acusador fue indicado que las mujeres extranjeras eran las principales víctimas de estas estructuras delincuenciales:

Ciudadanas venezolanas, varias menores de edad, quienes eran sometidas a diferentes vejámenes como sostener relaciones sexuales con hombres y mujeres, soportar extensas jornadas de trabajo, y consumir sustancias alucinógenas. Además, se pudo constatar que les retenían el dinero que recibían”, emitieron en un comunicado desde el ente acusador.

El testimonio de una ciudadana venezolana víctima de la organización fue indispensable para poner en evidencia el modus operandi de la banda, de acuerdo con lo señalado en la investigación una colombiana que visitaba los sectores marginales era la encargada de engañar a las mujeres de escasos recursos.

La testigo, una madre de dos menores de edad, uno de 2 años y otro de 9 meses de nacido, señaló que a ella le ofrecieron trabajar como empleada doméstica en Sabanalarga (Atlántico), y allí llegó con sus pequeños. El sueldo pactado inicialmente fue de 300.000 pesos, pero una vez en Colombia le informaron que debía pagar a la organización 6 millones de pesos por los gastos de traslado al país. Por este caso, la Fiscalía afectó cuatro inmuebles donde al parecer se cumplían las actividades ilegales”.

En la capital, la investigación permitió establecer en dos localidades de Bogotá seis establecimientos y ocho inmuebles donde se permitía que los menores de edad fueran prostituidos en extensas jornadas laborales. Desde el ente acusador fue indiciado que dos estructuras delincuenciales eran las que tenían el control de estos establecimientos donde eran sometidas las niñas y adolescentes.

Tango y Las Vegas, cuyos integrantes supervisaban moteles, hostales, hoteles y bares ubicados en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe en la localidad de Los Mártires y en Las Américas de Teusaquillo”.

En otro de los operativos se pudo identificar que, en Antioquia, concretamente en Medellín y algunos lugares del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, eran alojadas las víctimas de una red que explotaba sexualmente a las menores indicándoles una supuesta oferta de trabajo en Santiago de Compostela y Talavera de la Reina (España), de acuerdo con la Fiscalía al llegar a Europa las víctimas eran informadas de una deuda a su nombre por más de 12.000 dólares por lo que eran obligadas a prostituirse. Desde el ente acusador se resaltó el caso de tres menores de edad que quedaron con daños psicológicos e inclusive una de las niñas contrajo una enfermedad de transmisión sexual.

Para finalizar, en San José del Guaviare, las autoridades ocuparon dos casas, un bar y un hotel en el que eran instrumentalizadas sexualmente menores de edad. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía todos los bienes afectados con suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

En el periodo comprendido entre 2020 – 2023 la Fiscalía General de la Nación ha capturado, por la comisión de este delito a 169 personas, y se han logrado 188 imputaciones. La contundencia del material de prueba aportado por el ente investigador ha permitió alcanzar 62 condenas”.
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